En lo fiscal… Fábrega ya hizo lo suyo

Por Gabriela Origlia

banco central argentinaEn el área financiera el Gobierno logró calmar los ánimos comprando tiempo. No hay soluciones de fondo, sino que hizo que los bancos se desprendieran de US$ 4 mil millones y con eso irá tirando hasta que empiece la liquidación de la soja a fines de marzo, comienzos de abril. Un trimestre, en Argentina, se asimila al mediano plazo. Con todo, el desafío sigue estando intacto: arreglar el frente fiscal. Es claro que la solución a la inflación (madre de todas las batallas) no vendrá por el lado financiero. El Central colabora a la compra de meses, pero son todas medidas por una vez. El arreglo hay que buscarlo en otro lado; la pelota está en el área del ministro Axel Kiciloff.
Ya hay trascendidos en el sentido de que al ajuste seguirá y que la presidenta Cristina Fernández dio vía libre para que empiece el recorte de subsidios. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, continúa dando pistas cuando dice que quienes compran dólares para ahorrar no tienen que recibir ayuda del Estado para pagar la luz y el gas. Parece que necesitó del “mal verde” para darse cuenta de que había subsidios que caían en bolsillos de los que podían pagar (ocho de cada diez en Capital Federal, según algunas consultoras privadas). De todos modos, el oxígeno a las cuentas fiscales no llegará eliminando 100 mil de esas cuentas.
En 2013 los subsidios alcanzaron el récord de $ 200 mil millones. Es decir, cinco puntos del PBI. El monto equivale a la mitad del gasto en empleo público ($455 mil millones al año). En la última década el peso del Estado sobre la economía creció muy fuerte sin que lo hiciera en la misma proporción su eficacia, ni como prestador de servicios ni como regulador de privados. En 2004 el gasto público (incluyendo Nación, provincias y municipios) era del 25% sobre el PBI. Hoy es del 44%. De esos 16 puntos porcentuales más, las provincias son responsables de dos puntos, el resto es Nación, según datos del economista Diego Giacomini, uno de los autores del libro “Política económica contra reloj”.
En uno de sus trabajos plantea que entre 2005 y 2013, los subsidios económicos –destinados básicamente a energía y transporte- aumentaron 928% sobre la inflación acumulada en ese lapso. En el mismo período todo el resto de las ayudas del Estado (incluyendo la Asignación Universal por Hijo) cayeron 17% en comparación con la inflación; si se elimina del cálculo la AUH la baja es más pronunciada, alcanza el 45%.
Según Giacomini, para que el ajuste kirchnerista resulte debe alcanzar siete puntos del PBI (seis los debe “poner” la Nación y el uno restante, las provincias). La cifra –que a todas luces parece imposible por el costo político y el impacto social que tendría- terminaría dejando al gasto público a los niveles de 2009. “Si no se hace lo que se debe en tres o cuatro meses, los niveles de inflación se terminarán limando la devaluación”, afirma.
El sinceramiento de la inflación oficial es un paso adelante. Pero eso sólo no es una solución. Al día siguiente de anunciar el 3,7% (poniendo la cara y sentado al lado de la misma funcionaria que durante meses y meses dibujó números), Kiciloff dijo “algo pasó con los precios” y Agusto Costa, secretario de Comercio, repartió multas a las cadenas de súper. Hay que esperar si en las próximas semanas hay otras medidas para domar a los precios. No sería de extrañar más ortodoxia en paralelo a un discurso cada vez más duro.
En los últimos días, más que nunca, crece la distancia entre las palabras y los hechos, por lo que no debería sorprender que terminen bajando impuestos a los autos (al menos a los que se fabrican en Argentina y ya superaron la barrera impuesta por Gobierno para la carga que creó a fines del año pasado) o que recorte los mismos subsidios que siempre defendió. Si una vez hicieron lo que habían jurado nunca harían, ¿por qué no habría una segunda vuelta?