Restringir compras online, otra tomada de pelo del Gobierno

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Para evitar la fuga de dólares, la AFIP, cuyo titular es Ricardo Echegaray, pone «palos en la rueda» a las compras en el exterior que se realizan vía Internet.

Por Pablo Esteban Dávila

[dc]E[/dc]l gobierno nacional sigue avanzando en sus planes de fascismo económico. Ahora le toca el turno a las compras por Internet, último reducto libertario de todos aquellos que intentan huir de un peso que cada día vale menos.
La AFIP acaba de publicar un nuevo formulario (¡otro más!) para este tipo de compras, sumando una nueva declaración jurada a los juramentos que, prácticamente por cualquier cosa, los argentinos deben realizar ante el Estado con llamativa periodicidad. Los requisitos son bastante sorprendentes: clave fiscal y nivel de seguridad 2. Es evidente que detrás de este nuevo “portillo sistémico” existen claras intenciones de desalentar las compras por Internet en el exterior, como si se tratara de algo equiparable a un potencial delito.
Resulta increíble advertir que, mientras el mundo se dirige a liberalizar cada día más su comercio exterior y en donde los gobiernos alientan a sus ciudadanos y empresas a profundizar el comercio electrónico, la Argentina insista a retornar a una economía más cercana a la Edad Media que al capitalismo global. Sería ocioso fatigar al lector con datos sobre el crecimiento del comercio electrónico en los últimos quince años; las cifras son abrumadoras y no dejan dudas sobre hacia dónde van las transacciones económicas del futuro. (Sigue en pagina 3)
Esta realidad, tan fácilmente perceptible por cualquier ciudadano que disponga de una tableta o un teléfono inteligente es, sin embargo, ignorada -cuando no decididamente combatida- por los funcionarios antediluvianos que dirigen la economía nacional.
Las restricciones sobre compras online no son nuevas. Comenzaron ya en el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando se limitaron las compras en el extranjero que podían ser ingresadas a través de courriers internacionales a sólo mil dólares, cuando durante la convertibilidad era posible adquirir bienes por hasta tres mil. Posteriormente, las trabas que impuso Guillermo Moreno hicieron que muchos adquirentes desistieran de comprar por este medio ante el temor a que su mercadería quedase atrapada en la aduana o se les impusiese la necesidad de recurrir a un despachante para nacionalizarla, desvirtuando totalmente la adquisición. Ahora, con este novedoso formulario de la AFIP se profundizan las restricciones a un extremo de pasión sovietizante, bien a tono con el talante setentista que, orgullosamente, exhiben tantos kirchneristas.
Por supuesto, todas estas restricciones no son sólo imputables a la patológica desconfianza que este gobierno tiene hacia cualquier manifestación de libertad económica, sino que también obedecen a una razón un tanto más pueril: la fuga de dólares. Sólo ayer el Banco Central perdió 200 millones de sus reservas. El fenómeno, por cierto, se ha explicado hasta el hartazgo. Debido a la inflación, los argentinos no quieren más pesos. Si por ellos fuera, la compra de dólares sería explosiva, instantánea, pero el gobierno ha cerrado cualquier posibilidad legal de acceder a ellos para atesorarlos. Como no se puede conseguir dólares al tipo de cambio oficial, las personas optan por consumirlos mediante el turismo o las compras en el exterior. Cualquier cosa resulta válida antes de quedarse con pesos que ya nadie acepta fuera de las fronteras nacionales.
A estas reacciones naturales, casi de supervivencia, la Casa Rosada ha opuesto diferentes medidas. El recargo a las tarjetas de crédito por compras en el exterior (primero el 20%, ahora el 35%) y los humillantes requisitos que debe llenar un turista ante la AFIP para conseguir alguna que otra divisa son algunas de ellas. Pero nada parece alcanzar. Desde un punto de vista cambiario, la imagen es de un dique impuesto por la Nación cuyas aguas parecen rebasarlo todo el tiempo. Sólo Venezuela tiene problemas similares y aún peores. En el resto de la región, la preocupación es la opuesta: hay abundancia de dólares y, a resultas de ello, las monedas nacionales se aprecian. Se advierte que ellos no han disfrutado de las delicias de la “década ganada”.
Al respecto, y como si fuera una broma de mal gusto, casi en el mismo momento que la AFIP daba a conocer sus nuevos obstáculos para compras en el extranjero, el Correo Oficial anunciaba sus sellos postales alusivos a la “década ganada”. Paradójicamente, es precisamente el Correo una de las víctimas de estas restricciones. Es de suponer que, a resultas de ellas, serán muchos los argentinos que desistirán este tipo de transacciones, por lo que el Correo transportará y distribuirá menos paquetes que antes. Como cualquier otro operador postal, el Correo cobra en dólares el hecho de entregar un envío generado en otro lugar del mundo, generando ingresos en divisas que favorecen sus balances. Si fuera una empresa privada, sus directivos no hubieran dudado en pedir una reunión de alto nivel para que estas cortapisas quedaran sin efecto.
Pero esto no es así. Según el propio Correo, su reestatización en 2003 fue uno de los hitos de esta década maravillosa. Esto equivale a decir que, al igual que Aysa, Aerolíneas Argentinas o ARSAT, la compañía fue transformada en otra de las empresas bobas que subsidian todos los argentinos -las usen o no- con sus impuestos y que, como si fuera poco, ni siquiera saben defender los intereses de sus clientes. Los ilusos que suponen que las empresas como el Correo sirven mejor al país por su condición de estatales deben ser corregidos: sirven muy bien al Gobierno, no al país. Dudamos que las restricciones a las compras por Internet y el silencio del Correo al respecto sean de mucha utilidad para todos aquellos que sólo intentan defender el valor de su trabajo, escapando del peso y de su impuesto inflacionario.
En definitiva, todo es un círculo perverso. Como el kirchnerismo es una expresión populista, que confunde Estado con Nación, ha regulado actividades antes libres, estatizado empresas por capricho y confiscado activos privados sin resarcimiento. Estas políticas han hundido a la economía en la ineficiencia, llenándola de subsidios y conculcado las libertades constitucionales más elementales. A pesar que la presión tributaria alcanza récords históricos y que es una de las más altas del mundo, el tesoro público no puede financiar esta explosión de gasto improductivo. Para calzar el bache entre ingresos y egresos el Banco Central debe imprimir billetes, generando inflación. La inflación, como se sabe, destruye el valor del peso y hace que la gente intente refugiarse en monedas de mayor calidad (como el dólar) o, si no se les deja hacerlo, en bienes o servicios valuados en ellas. Como nadie es tonto y todo el mundo intenta hacer precisamente esto, entonces aparece el mismo gobierno que generó el desaguisado imponiendo límites intolerables a los derechos económicos de las personas. El populismo, se advierte, genera autoritarismo porque, en el fondo, es un sistema que adora las decisiones estatistas del líder providencial en la misma proporción que detesta la libertad y sus efectos.
Sin temor a equívoco, puede decirse que las restricciones a las compras por Internet y la emisión de estampillas postales en conmemoración de la “década ganada” constituyen una tomada de pelo al sentido común y un agravio a la lógica. Son, también, los símbolos de un gobierno extraviado, narcotizado por el fetiche del “Estrado activo” que, a estas alturas, sólo parece tener actividad para joderle la vida a la gente.