Colegio de Abogados será querellante en causa por saqueos

Alejandro TejerinaAlgo se había barajado sobre querellas varias cuando bajó la espuma en aquellos fatídicos días en que proliferaron los saqueos por ausencia policial, pero solo se había concretado la del abogado Alejandro Pérez Moreno, quien acudió a la Justicia de manera particular indicando que hubo zonas liberadas adrede por los efectivos.
Pero ayer, el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Tejerina, dijo por radio que la institución que comanda hará lo propio.
“Los primeros días de enero, Pérez Moreno conversó con nosotros para la presentación y para que nos constituyamos en querellantes. Pero como en enero no funcionamos y el Colegio necesita para la constitución una resolución de parte de su directorio. Esperamos que el primer martes y miércoles nos presentamos en la Fiscalía para constituirnos como querellantes”, explicó.
El argumento, tanto del primer letrado querellante como del Colegio de Abogados tiene que ver con la sospecha de que durante el 3 de diciembre había conocimiento por parte de los delincuentes que ciertas zonas estarían sin control policial y aptas para la comisión de saqueos “libremente”, es decir, sin el riesgo del control.
“Sentimos la sensación que hubo una liberación de ciertas zonas”, dijo Tejerina y explicó que constituirse como querellante significa “tener participación en el proceso penal para aportar elementos al proceso de investigación”.
El letrado indicó además que a la institución que lidera se acercaron personas a aportar datos para instruir en la causa y que una vez pasada la feria, cuando se lo aportaran a la fiscalía.
Cabe observar en término políticos que si se comprueba que hubo premeditación y connivencia entre los “insurrectos” y algunos policías, el gobierno provincial tendrá para mostrar algún atenuante político en la situación que tanto impactó sobre la percepción pública de la gestión delasotista.

Ribete gremial
La llegada rápida de 1200 gendarme a Córdoba tras el embrión de protesta protagonizado por unos pocos policías y algunas esposas fue una reacción gubernamental conjunta entre Nación y Provincia, por comprender no solamente el impacto social de una nueva ola de saqueos, sino también el costo político mutuo de algo semejante.
Esto modo de operar, diametralmente opuesto a la desidia del 3 y 4 de diciembre de 2013, marcó un freno muy difícil de saltear por los agentes de policía que siente que sostienen que se incumplieron los puntos del acuerdo forjado con el gobierno cordobés.
Sin embargo, trascendió de fuentes policiales que la semana pasada muchos móviles, que ya no tiene posibilidad de exponerse, apagaron las radios, es decir, no acataban las órdenes de movilizarse a sectores donde se producían delitos. De ser así, es estaría frente a una nueva modalidad de protesta, más sigilosa, sí, pero también compleja para el aparato gubernamental.
Hay preocupación en las bases policiales sobre la llegada de los aumentos en febrero. Es muy poco probable, por el contexto político y social, que autoacuartelamientos y saqueos semejantes. Los policías no tienen margen con la jugada de la Gendarmería y la decisión judicial de avanzar. Sin embargo, todavía existiría espuma entre los uniformados.