Por Pablo Esteban Dávila
[dc]S[/dc]orprendió la rapidez con que la Gendarmería Nacional llegó a Córdoba. Esta vez, no fue necesario ningún acuartelamiento ni la aparición de nuevos saqueos para que fuera enviada. Bastó la mera presunción de potenciales disturbios a raíz de la detención 16 policías imputados de “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito” para que Jorge Capitanich dispusiera la movilización de los hombres de verde. Todo un ejemplo de anticipación.
Debe reconocerse que, esta vez, la Nación actuó bien y se mostró empática ante un problema de seguridad muy concreto que podría volver a tener la ciudad. Las duras lecciones de diciembre parecen haber sido aprendidas, más allá del abismo político que separa a José Manuel de la Sota de la administración de Cristina Fernández. En los próximos días, la presencia de gendarmería en las calles obrará, muy probablemente, como un poderoso disuasivo para policías disconformes con la medida del fiscal Raúl Garzón y para los delincuentes que se propongan realizar un revival de los saqueos pasados.
No obstante, y más allá de este acertado despliegue, debe reflexionarse sobre las implicancias de las capturas dispuestas. Para los policías en la base de la pirámide jerárquica – los apodados “juanes” – la decisión puede ser tomada como una represalia por el autoacuartelamiento que protagonizaron el 3 y 4 de diciembre pasado. En el momento de anunciar el incremento salarial, el gobernador dio a entender que no habría castigos para los insurrectos, pese a que todas las concesiones que hubo de hacer le fueron arrancadas por la fuerza. Justo es decir que, en lo que respecta estrictamente a la órbita de sus facultades, De la Sota cumplió. Nadie fue sancionado administrativamente por aquellos sucesos.
Pero Garzón no tiene porqué razonar en la misma sintonía. Forma parte del Poder Judicial, una instancia en la que está vedada (aunque no siempre así lo sea – recuérdese el caso de los activistas de Monsanto) la ponderación de los factores políticos. Técnicamente independiente de los compromisos del gobernador, el fiscal cree que los policías detenidos desoyeron las órdenes de retomar a sus funciones y que, no conformes con ello, instigaron a los demás uniformados a que se sumaran a la desobediencia. Para sustentar estas graves acusaciones cuenta con un aliado inestimable: el jefe de policía, quién ayer no podía disimular su satisfacción para con las medidas adoptadas.
Para Julio César Suárez, el amotinamiento es un delito de lesa obediencia en una fuerza militarizada. Como la mayoría de los integrantes del comisariato, reprueba desde las tripas lo ocurrido en diciembre. No porque se encuentren convencidos de la sacralidad de las leyes y de los reglamentos que rigen la actividad policial, sino porque la insubordinación sistémica puede echar por tierra sus carreras y el manejo de la organización. Compárese, a modo de observación sociológica, las reacciones de la cúpula policial ante las detenciones dictadas meses atrás por Enrique Senestrari bajo acusaciones de narcotráfico, y como son ahora. Para alguien cuya función es mandar, no hay peor cosa en la vida que no ser obedecido.
Los policías de a pie probablemente no entiendan la sutileza jurídica que supone la división de poderes, ni que el fiscal no sea un empleado del gobernador, como sí lo son el jefe de la policía y su plana mayor. Esta incomprensión podría derivar en tensiones fuertes, tal vez inatajables por la superioridad. Muchos “juanes” podrían afirmar – y hacerlo con vehemencia – que han sido traicionados, mientras que el gobernador argumentaría, en tal caso, que él no puede darle instrucciones a la justicia porque es un poder independiente. Presumiblemente, esta lección de civismo no apaciguaría los ánimos, aunque la opinión pública pudiese hacerla suya para respaldar, en forma táctica, las decisiones que está tomando el fiscal. No debe olvidarse que muchos cordobeses de bien tienen una cuenta pendiente con la policía.
La independencia judicial es un siempre un buen latiguillo pero, de alguna manera, el poder ejecutivo ha dejado pistas sobre que sabía de antemano el talante que adoptaría Garzón. Hay una muy evidente: pocas horas después del apresamiento de los 16 policías, la Gendarmería hacía su triunfal entrada a Córdoba. A menos que un millar de sus efectivos se encontraran de casualidad paseando por la avenida de circunvalación o que se esté en presencia de una “Turbo Gendarmería”, la celeridad del despliegue no puede ser explicada por otra razón que no sea un conocimiento previo de lo que ocurriría en la fiscalía del Distrito III.
Fuentes bien informadas señalan que, por lo menos, De la Sota sabía desde el pasado martes que las órdenes de detención serían libradas ayer. En forma reservada, se habría reunido con Capitanich en Buenos Aires e impuesto de la situación, acordando la presentación de una solicitud formal – sin tuits ni llamados nocturnos – para el envío de la fuerza nacional. Además, ambos habrían concertado actuar en sintonía y con prudencia antes que la fiscalía hiciese su trabajo, evitando que se filtrase una sospechosa movilización de semejante cantidad de hombres “por las dudas”. Por lo visto, la jugada salió perfecta. Si, anoche, alguien hubiera intentado generar una nueva algarada pretextando una “traición” del gobernador, la sola presencia de los gendarmes habría obrado como un eficaz factor de disuasión.
Esto, por supuesto, no significa que De la Sota se encuentre particularmente entusiasmado por el giro que van tomando los acontecimientos. Sabe que un fiscal dispuesto a llegar a fondo encierra peligros difíciles de calibrar, especialmente cuando se trata de uniformados que portan armas. Pero no ve con malos ojos que sea otro, en un Poder diferente, quién vaya adoptando las medidas que a él, en lo peor de la crisis, le hubiera gustado tomar. Tampoco deja de valorar – y siempre con miras a su reposicionamiento nacional tras el daño infringido – que en Córdoba existan mecanismos institucionales que, al menos por ahora, pretendan evitar que los saqueadores y quienes los ayudaron queden impunes. No es poca cosa que haya 50 detenidos por los hechos de terror que vivió la ciudad, y que la inteligencia policial haya funcionado lo suficientemente bien como para aprehenderlos. Si esto fuera la punta del ovillo de otro mega proceso, similar al que se ventila en tribunales por los delitos cometidos en el Registro de la Propiedad, no dejaría de ser una buena noticia para todos los que creen que no debe existir crimen sin castigo.
