Mensajes cifrados

Por Pablo Esteban Dávila

11841961023_b3e50cb2dc_o[dc]J[/dc]osé Manuel de la Sota está locuaz. Habla mucho. Sabe que la oratoria es uno de sus puntos fuertes y, cuando puede, hace gala de este don en las tribunas o ante los micrófonos. Y, en los últimos tiempos, lo que dice casi siempre es noticia.
Ayer volvió sobre el tema del agua. Dijo que “hice ninguna propuesta, fue un comentario en una entrevista, nada más”, refiriéndose al eventual traspaso del servicio de aguas corrientes al municipio capitalino, una posición que parece contrastar con sus dichos anteriores, fuertemente asertivos. Insistió, asimismo, con que el tema de la distribución del agua en Córdoba es responsabilidad de los municipios, presentando al de Córdoba como una anomalía dentro de esta regla.
¿Qué es lo que quiere finalmente el gobernador sobre este tema? ¿Traspasar la jurisdicción sobre Aguas Cordobesas a Ramón Mestre o simplemente comentar ex – cathedra su visión del mundo regulatorio ideal? Es complejo afirmar tanto una como otra cosa, porque el propio De la Sota ha dejado el asunto dentro de una especie de tembladeral conceptual.
Ya hemos expresado en otra columna que, desde un punto de vista técnico, el control de las redes de aguas corrientes debería estar en manos municipales. El hecho que en la ciudad de Córdoba esto no ocurra de tal modo se explica no tanto por razones jurídicas sino por cuestiones que se hunden en la historia política provincial. Si el gobernador hubiera planteado el tema, por ejemplo, al comienzo de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, nada podría decirse al respecto: se trataría de otra decisión política sujeta a discusión parlamentaria. Que la provincia sea la responsable del control de la concesionaria del servicio no es una obligación que se encuentre grabada en piedra.
Pero esto no ocurrió de aquella hipotética manera. Conviene recordar las circunstancias en que De la Sota lanzó su idea. Durante la ola de calor que sofocó a la provincia a finales del mes pasado y que generó fuertes críticas contra la EPEC, el gobernador declaró que “mucho más graves que los cortes de luz me pareció la falta de agua. Se les quemaron los libros”. No hace falta tener gran sagacidad para comprender que, más que un mensaje a Ramón Mestre o al único miembro radical del ERSEP, la destinataria del recado es la mismísima Aguas Cordobesas.
Debe convenirse que el gobierno de Córdoba fue mucho más coherente respecto a este contrato de lo que fue la Nación y otras provincias en situaciones similares. Ni Juan Schiaretti ni De la Sota se montaron a la ola de demagogia que significó congelar los precios de servicios públicos para cortejar al electorado de las ciudades más importantes. Aguas Cordobesas requirió y obtuvo tarifas que respetaron la ecuación económica – financiera del negocio, lo que le permitió continuar brindando un servicio que es muy bien valorado por sus usuarios.
Esto bien podría haber ocurrido de otro modo. Siete años atrás estaba muy de moda re estatizar empresas que requerían tarifas más o tono con la inflación del país. Néstor Kirchner fue el pionero de una serie de medidas insensatas, quitándole a la francesa Suez la concesión de Aguas Argentinas precisamente por no querer adecuar sus tarifas, ancladas desde las épocas de la convertibilidad. Otros gobernadores e intendentes en todo el país siguieron su ejemplo. No obstante, Córdoba optó por mantener el esquema clásico de prestación privada con control estatal que tan bien había funcionado. Fue una política de estado que se mantuvo consecuentemente, a pesar de ciertas voces que reclamaban se hiciera lo contrario.
Esta historia no fue bien calibrada por Aguas Cordobesas. Es raro que, comunicando tan bien cuestiones sociales y de consumo responsable como lo hace, la empresa se haya equivocado tanto en explicar que sucedió cuando, en el pico del calor, la presión bajó ostensiblemente y el agua comenzó a fluir con inusual turbiedad. “Durante la tarde de ayer lunes” – explica un comunicado publicado el martes 24 de diciembre y que aún puede leerse en su página web – “se produjo una nueva restricción en el suministro de agua cruda para potabilizar a la planta Suquía, lo que produjo nuevamente una menor producción y por lo tanto afectación en el servicio de agua”, agregando además que esta restricción vino acompañada por la “introducción de turbiedad excesiva en el agua cruda que obliga a aumentar tiempos de potabilización y limitaciones en el ingreso de agua cruda a la planta potabilizadora (…)”. En otras palabras, los problemas derivaron de quién le provee el agua cruda para su procesamiento, que no es otro que el Estado provincial.
Es claro que, en forma similar a como se defienden Edenor o Edesur en la Capital Federal, Aguas Cordobesas culpó la provincia de las fallas en sus servicios. Pero, mientras que aquellas sí tienen un problema objetivo con la Nación (sus tarifas están congeladas desde el 2001), esta empresa no puede decir lo mismo. Además, los usuarios y la opinión pública tienen derecho a reclamar cuando no se les provee un servicio de calidad, especialmente cuando pagan facturas sensiblemente más altas que en Buenos Aires. La concesionaria, por supuesto, siempre puede argumentar que existen cuestiones extraordinarias (lo que también es cierto) que conspiran contra la normal provisión de agua pero, en este caso, no parece adecuado que se responsabilice al gobierno por este tipo de fallos.
De la Sota puede que razone dentro esta lógica. Habiendo regulado con prudencia y realismo este contrato, recibe críticas desde la ciudad capital (que políticamente no le fue afecta en las últimas elecciones) por culpa de un servicio que, en rigor, debería ser controlado por el municipio y por una evidente falla en la comunicación del concesionario ante un problema puntual y de ninguna manera estructural. Aunque aparentemente contradictorias, sus recientes posiciones deberían ser leídas en clave críptica, a modo de un mensaje cifrado. No debe jamás perderse de vista que a ningún político le gusta pagar los platos que otros se han ocupado de romper, especialmente cuando se han tomado todas las precauciones para evitar este tipo de desaguisados.