Treinta años de logros y frustraciones

Por Pablo Esteban Dávila1 slide

A lo largo de tres décadas de vigencia del “peor de todos los sistemas ideados por el hombre, con excepción de todos los demás” (Winston Churchill dixit), muchas han sido las valoraciones sobre los logros y las frustraciones que la democracia ha significado para la Argentina. En general, desde el mundo político se han destacado sus méritos y promesas en tanto que, desde el periodismo, se ha puesto mayor énfasis en todas aquellas cosas que el sistema aún debe a los argentinos. De cualquier manera, existe un amplio consenso con respecto a que, aunque es mucho lo que se ha avanzado en ciertos aspectos, el “tipo ideal” democrático aún no se ha alcanzado en el país.

Dejando de lado el debate tan apasionante respecto a si existe algo así como una democracia “ideal” (recomendamos a quien desee profundizar al respecto la monumental obra de Giovanni Sartori “Teoría de la Democracia”), es necesario reconocer que, gracias a su particular manejo del conflicto político y de las demandas sociales, la democracia es un sistema que se encuentra en permanente mutación dentro de los márgenes que fija la Constitución. Justo es decir que entre el sistema político que inauguró Raúl Alfonsín en 1983 y el actual existen notorias diferencias que, sin embargo, no habilitan a concluir que se está en presencia de algo que es más o menos democrático de lo que fue en aquél inicio. Se tratan de lícitas variaciones dentro de un esquema competitivo de lucha por el poder y de las ideas fundamentales sobre la vida social y económica de la Nación.
Existen, sin embargo, algunas certezas que, al menos de parte de quien esto escribe, merecen ser repasadas para dimensionar en su justo término los diferentes desafíos por los que hubo de atravesar la democracia argentina durante estos años, así como poner en debido contexto sus logros y fracasos.
Como punto de partida, debería desmitificarse su origen. La recuperación democrática no fue el producto de ninguna lucha social o de la pasión institucionalista de una clase política enfrentada a muerte con los generales del Proceso, sino una fatal consecuencia de la traumática derrota en Malvinas. Con el desenlace de aquella guerra insensata, los militares perdieron su legitimidad técnica, es decir, su habilidad para combatir eficazmente. Esta legitimidad era la última que les quedaba, puesto que la política hacía rato que se encontraba en tela de juicio, jaqueada por la crisis económica, el tema de los desaparecidos y el aislamiento internacional. Puede decirse que los conscriptos que perdieron la vida en las islas hicieron más por la democracia argentina que los miles que hoy se auto proclaman como adalides de las luchas populares de los ’70.
Fue la derrota de Malvinas y el absoluto descrédito que este hecho trajo aparejado para los militares lo que permitió que, a diferencia de lo sucedido en Chile, el gobierno de Raúl Alfonsín comenzara sin ningún tipo de tutelaje castrense aquel 10 de diciembre de 1983. Además, su histórico triunfo por sobre el peronista Italo Luder hizo del líder radical una suerte de caudillo institucionalista, capaz de seducir a las masas recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, toda una novedad en la cultura política nacional.
Fueron aquellos factores los que permitieron que el alfonsinismo pudiera exhibir el primer gran logro genuino de la entonces joven democracia: el juicio a las Juntas Militares. Aquel hecho histórico, una especie de mini – Núremberg con pocos parangones en el mundo, demostró que el poder popular podía someter a un proceso con todas las garantías de la ley a quienes durante siete años habían sido los amos y señores del país. A pesar de los posteriores intentos del kirchnerismo por banalizarlas, todavía hoy produce orgullo y admiración recordar aquellas sentencias ejemplares, dictadas bajo el imperio de la Constitución.
El segundo gran logro político del sistema fue el haber superado exitosamente el alzamiento carapintada de semana santa de 1987. El propio Alfonsín fue quien logró que los sediciosos depusieran las armas, no sin antes asegurarse que millones de personas se manifestaran en las calles contra la algarada encabezada por el teniente coronel Aldo Rico. El episodio mostró a una sociedad diferente de aquella que, durante décadas, había contemplado pasivamente cómo las Fuerzas Armadas desbarataban con relativa facilidad a los gobiernos constitucionales. Fue el pueblo el actor colectivo que, identificándose con el gobierno al que había votado apenas tres años atrás, hizo que eventuales románticos de la dictadura tuviesen que archivar, definitivamente, cualquier intento de regresar al pasado.
Pero, y a pesar de su popularidad, Alfonsín no supo qué hacer con la economía. Para 1989 era claro que el gobierno hacía agua por todas partes. Con una inflación que superaba el 3.000% y casi sin apoyos por fuera de su núcleo duro, el líder radical tuvo que “resignar” (aquella fue la palabra utilizada como metáfora de su renuncia) el cargo de presidente para que un sorprendente Carlos Menem asumiera en su lugar seis meses antes de lo previsto. El riojano había sido electo como candidato en impecables elecciones internas contra Antonio Cafiero, y había derrotado con amplitud a Eduardo Angeloz, un radical conservador que gustaba mostrar dotes de buen administrador en su gestión al frente de la provincia de Córdoba.
Menem supo conferirle a la democracia una eficiencia económica que, salvo el breve interregno de Arturo Frondizi, nunca había tenido en los cincuenta años precedentes. Durante su primer mandato los logros económicos fueron notables y contaron con un amplio apoyo popular, incluyendo privatizaciones, desregulación y apertura al mundo. A su modo, y aunque en forma opinable, Menem creyó aportar a la pacificación nacional indultando a militares y guerrilleros condenados durante el anterior gobierno. Como él mismo había sido un preso político en Las Lomitas, supuso que contaba con la necesaria autoridad moral como para hacer uso de una facultad que la Constitución le confería en exclusividad. No obstante que muchos consideraron aquellos indultos como una traición, lo cierto es que a partir de su dictado sus beneficiarios se transformaron en muertos civiles sin posibilidad de redención, gozando tanto de libertad y como de público desprecio por parte de sus compatriotas.
Fue Menem el último de los presidentes democráticos que tuvo que enfrentar a militares alzados en armas. En 3 de diciembre de 1990, un grupo del ejército encabezado por el Coronel Mohamed Alí Seineldín se levantó en contra del gobierno. La reacción del presidente fue fulminante: o se rendían o los acribillaban. Y, a diferencia de lo que había ocurrido con Alfonsín, esta vez los uniformados leales actuaron con celeridad, logrando que los insurrectos depusieran las armas en cuestión de horas. Fue la primera vez que un gobernante constitucional desarticuló una rebelión en ciernes ejerciendo activamente su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Este fue un logro notable, del que aún no se ha hecho estricta justicia.
A pesar de su popularidad (o tal vez debido a ella), el riojano no pudo institucionalizar debidamente sus indudables progresos económicos. Enamorado de la convertibilidad –una herramienta convertida en un fin en sí misma– no supo ver a tiempo las acechanzas que se cernían sobre un tipo de cambio fijo, legando a su sucesor una bomba de tiempo de compleja desactivación. Además, las denuncias de corrupción tiñeron negativamente sus dos períodos, inaugurando la cuestionable práctica política de la judicialización “por las dudas” que, con matices, llega a nuestros días y que constituye una de las características más especiales del sistema democrático argentino.
Por ironías de la política, el radical Fernando de la Rúa resultó ser el sucesor de Carlos Menem enarbolando las banderas de la convertibilidad, por sobre un Eduardo Duhalde empeñado en denunciarla como un flagelo productivo. Era claro que los argentinos pensaban que la paridad cambiaria era lo más importante, independientemente del color político de quien la defendiera. Sin embargo, y como es bien conocido, todo aquello terminó en la catástrofe económica y política de finales de 2001, con muertos y saqueos a lo largo y ancho del país. Aquellos sucesos reconfiguraron el sistema, aboliendo el histórico bipartidismo argentino y transformando al omnipresente peronismo en una cáscara vacía, capaz de gobernar tanto desde la derecha como desde la izquierda sin ningún tipo de complejo de culpa.
A diferencia de lo sucedido con Alfonsín en 1989, De la Rúa tuvo que dimitir sin un presidente electo de reemplazo. Para peor, su vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez había renunciado irresponsablemente un año antes, privando al país de la línea sucesoria natural. La crisis de 2001 fue la gran prueba de fuego de la democracia, amenazando con disolverse por errores de su propia clase dirigente y sin que ningún factor externo explicase el colapso que vivía el país. Pero, y a pesar del desquicio político, el caos económico y de los pronósticos más sombríos (que, en justicia, parecían bastante realistas) el sistema demostró que, aún en situaciones límites y con cinco presidentes en el lapso de apenas diez días, era capaz de encontrar salidas institucionales sin necesidad del recurso a un cesarismo providencial. Aquellos fueron días obscuros, aciagos, pero que mostraron que ni la crisis más profunda podía conmover las reglas de juego adoptadas en 1983.
Los últimos diez años de democracia tuvieron la innegable impronta del kirchnerismo. Desde lo estrictamente sistémico, resultó innegable que la política tuvo un resurgimiento notable y borrascoso. Como nunca en los veinte años anteriores, el país se dividió fuertemente. El peronismo oficial retornó a sus instintos populistas y la calidad institucional del país se hizo añicos. La economía gozó de la prosperidad que le dieron las commodities y Néstor Kirchner pudo ufanarse de sus superávits gemelos (el fiscal y el financiero) durante algún tiempo. Sin embargo, el derroche de subsidios sin sentido y el retorno a un estatismo insensato y demodé terminaron despilfarrando las oportunidades que ofrecía un mundo ávido de los alimentos que la Argentina produce. Las consecuencias de tal imprevisión están ahora a la vista: el país ha regresado –otra vez– a los fantasmas del déficit público, los saqueos, la marginalidad social y el problema del abastecimiento energético.
Con los años, la democracia nacional se ha transformado en un sistema de supervivencia, bien a tono con el talante general del país. Desde lo político, es un mérito que haya podido demostrar que puede arreglárselas bien sin el tutelaje de sistemas autoritarios alternativos, pese a que son pocos los argentinos que se confesarían genuinamente satisfechos con sus instituciones y la calidad de sus representantes. Desde lo económico, sus sucesivas marchas y contramarchas impiden hablar de una coherencia o un modelo mínimo de consensos a lo largo del tiempo, algo que la coloca en una posición de minusvalía respecto de países como Brasil, Perú o Colombia, que sí han sabido mantener acuerdos básicos sobre el rumbo de sus economías.
Sería aconsejable que, tras los fastos y recuerdos que la fecha impone, la democracia argentina se proponga como norte una mayor calidad institucional (o, si se quiere, más república) y una indispensable racionalidad económica de largo plazo, aspectos previos para la inclusión social que tanto se reclama. Sólo de esta forma podrá acortar la brecha que todavía la separa de las promesas contenidas en la muletilla alfonsinista sobre que con ella “se come, se cura y se educa”, una simplificación que, no obstante, resume bastante bien lo que un sistema democrático debería devolverle al pueblo al que sirve.