[dc]“C[/dc]órdoba fue tierra de nadie”. La expresión que buscaba sintetizar los desmanes provocados por la ola de saqueos que se sucedieron desde la tarde del martes hasta poco más del mediodía de ayer podía escucharse entre los principales formadores de opinión y en las redes sociales. Peor aún, por casi 24 horas la provincia, en especial la Capital, “perteneció” a delincuentes y oportunistas que, aprovechando la (cuestionable) ausencia policial se apropiaron del espacio público y de los bienes materiales de los comerciantes.
Vecinos armados defendiendo sus fuentes de trabajo de las hordas de asaltantes, barricadas, linchamientos, hospitales colapsados con más de 200 heridos y dos muertos, la interrupción total de los servicios públicos y las lágrimas de impotencia de aquellos a quienes les quitaron todo (1.100 comercios), fueron las postales de una noche que sobrevivirá en la memoria de los cordobeses, independientemente del surgimiento de nuevos acontecimientos que capten la atención y, con el paso de los días, pasen a un segundo plano.
Sobraron explicaciones del poder político para referir a la tensión social que puso en vilo a los ciudadanos, mientras la Policía ensayaba la primera experiencia sindical de envergadura con toda la inexperiencia del caso para exigir sustanciales mejoras salariales. Lo cierto es que la opinión pública no recibió con beneplácito la estrategia montada mientras se cocinaba el acuerdo económico: la gestión provincial expiaba culpas sin reconocer su falta de reflejos en la resolución del conflicto. El gobierno nacional se permitió furcios, a través de su jefe de ministros; insalvables cuando de seguridad social se trata.
La sociedad cordobesa sintió en carne propia la ausencia del Estado en todos sus niveles. Al pequeño comerciante de barrio, al supermercadista resignado y a los vecinos que temieron por su integridad en la madrugada y mañana del miércoles no les interesa el contrapunto Provincia-Nación cotidiano. Exige la determinación y acción que se les habilitó con el voto popular.
El resto del arco político entendió que no convenía “echar más leña al fuego” porque en definitiva sus protagonistas cometieron una serie de desaciertos sin colaboración externa. El intendente Ramón Mestre, el responsable de la ciudad azotada casi con exclusividad de todas las de la provincia, eligió el camino de la moderación y evitó la polémica en sus declaraciones públicas.
“La seguridad es un servicio básico. Hay servicios esenciales y básicos que sí o sí se tienen que prestar. No se puede tener de rehén a la gente. Los legisladores deberían plantearlo. Que reclamen lo que tengan que reclamar pero que no nos dejen regalados “, expresó el responsable del Palacio 6 de Julio en una declaración que, sacada de contexto, podría haber sido expresada por un paro de la UTA.
Mestre logró una salida elegante de las obligadas declaraciones sobre los lamentables hechos de la jornada de ayer. Sin referir siquiera en un solo párrafo al gobernador y su actuación en la resolución del conflicto policial, pese a una evidente ciudad sitiada, hizo extensiva una de sus propuestas de campaña, aplicadas al servicio de transporte, que no pudo concretar. Pidió a los legisladores nacionales que regulen las guardias mínimas en servicios sensibles.
Una posición políticamente correcta que, a la luz de los daños en la ciudad y el colapso de los servicios, no habría sorprendido si Mestre elegía la ocasión para despacharse contra el gobernador De la Sota. Al fin y al cabo, se convirtieron en una constante en un año electoral los cruces entre dos referentes de gobierno que habían mantenido cordiales relaciones desde sus asunciones.
Los fuegos cruzados sobrevivieron incluso, el domingo 27 de octubre cuando el municipio reclamó a la Provincia fondos adeudados. Cabe recordar que el intendente no se guardó sus opiniones sobre temas urticantes como el narcoescándalo que involucró al poder político y a la cúpula policial.
Le siguieron señales de solidaridad. Mestre aseguró que estuvo en permanente contacto con De la Sota y aseguró que tiene prevista una reunión.
Agenda de servicios
El secretario de Gobierno municipal, Facundo Cortés Olmedo, aseguró ayer que el servicio de transporte y recolección de residuos comenzaría a normalizarse desde las cero horas de hoy. Al mismo tiempo, aseguró que analizan la exención impositiva a comerciantes damnificados aunque no trascendió el alcance de la disposición.
