Unánime repudio a ataques contra agrónomos que apoyan planta Monsanto

DPP_0002[dc]E[/dc]l Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC se pronunció por unanimidad en contra de ataques verbales y denuncias de ambientalistas, que cuestionaron el respaldo de sus profesionales a la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. El pronunciamiento del cuerpo llegará al Consejo Superior, porque lo dispone el dictamen y porque es imposible que quede al margen de tamaña descalificación el máximo organismo de gobierno de la casa de estudios.
El cuerpo que preside el decano Daniel Peiretti debió pronunciarse sobre dichos de la abogada ambientalista Graciela Gómez, que entre sus afirmaciones incluye frases como “que cierren todas las Universidades de Agrarias” (sic) porque “el pueblo no puede seguir pagando estudios gratuitos a futuros genocidas. Destinen ese dinero a la salud y a las escuelas que realmente forman al soberano, para la vida no para la muerte. Estamos hartos de solventar parásitos del CONICET y de Universidades casadas con los extractivistas”.
Insultos y descalificaciones tan genéricas y generalizadas no pudieron más que recibir una respuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Agropecuarias más importante del interior del país, de carácter unánime. Es decir, con el voto afirmativo de las agrupaciones de izquierda y pro ambientalistas que lo integran, como los tres docentes de Compromiso por una Nueva Universidad (alineado al Rectorado), tres estudiantes del MBA (ex Bisagra alineados en la Regional Sudestada) y un egresado de la Bisagra.
“Defendemos la formación que se imparte en la carrera de Ingeniería Agronómica de esta casa de estudio desde hace casi medio siglo, dado que la misma tiene como uno de sus objetivos formar profesionales capaces de producir alimentos en cantidad y calidad, en equilibrio con el ambiente”, señala el artículo 1 de la declaración, para agregar a renglón seguido que “repudiamos enérgicamente las opiniones vertidas por la abogada Graciela Gómez, como así también todas las acciones que ésta preanuncia en sus exposiciones públicas, así como cualquier otro intento de descalificar a las casas de altos estudios e investigación y consecuentemente a la profesión de Ingenieros Agrónomos, con el objeto de promover el respeto por las ideas de las personas y profesionales e instando a actuar con honestidad y apertura de pensamiento democrático”.
El Directivo de Agro solicita a la UNC, a todas las Facultades de Agronomía del país, a través de AUDEAS y al CONICET, realizar un pronunciamiento y/o declaración al respecto de los dichos de la referida abogada, así como “realizar la difusión por los medios masivos de comunicación local y nacional, con el objeto de invitar a todas las entidades, organizaciones, instituciones, empresas, etcétera, vinculadas al sector agropecuario y agroindustrial, a adherir a la presente declaración”.
El pronunciamiento remata diciendo que se elevará, “para su consideración”, al Consejo Superior de la UNC. El dictamen ingresará al cuerpo que preside Tamarit en la sesión de mañana, aunque es poco probable que se trate sobre tablas. El calibre de los insultos y las descalificaciones que la dirigente ambientalista ha pronunciado merecen una respuesta rápida y condigna, pero necesita de mayoría agravada (dos tercios), y éste es un tema incómodo para el oficialismo rectoral. Lo más probable es que ni siquiera se trate en la última sesión del año del Superior, prevista para el martes 3 de diciembre, y ya convenientemente enfriado, el tema pase para la agenda 2014.
Eso sí, la UNC se podría convertir, por omisión, en cómplice con los dichos de la referida ambientalista y de consignas tales “cierren todas las Universidades de Agrarias”, o “el pueblo no puede seguir pagando estudios gratuitos a futuros genocidas”.