Municipio auditará a Ersa en nueva liquidación

DPP_0066[dc]E[/dc]l tercer paro de UTA por “desajustes en la liquidación salarial” a los choferes de ex-Tamse, que dejó a pie al 40 por ciento de los pasajeros del transporte urbano desde la mañana del pasado miércoles hasta la siguiente del jueves, estuvo condimentado por los fuertes cuestionamientos que recibió la administración municipal, en calidad de poder concedente del servicio.
Lógicamente, la oposición aprovechó la oportunidad para sacar a relucir los vacios informativos que siguieron al desembarco de Ersa y Autobuses Santa Fe bajo una UTE con contrato precario. Más previsible aún, desde el Concejo Deliberante llovieron las impugnaciones al concepto de “orden” que enarbola la gestión del intendente Ramón Mestre.
Con la seguidilla de paros del gremio de los choferes a la recién llegada prestadora, quedó en jaque la razón de ser del apresurado desembarco: mejorar visiblemente la calidad del servicio antes de que se pusiera en marcha el renovado sistema en marzo. Al fin y al cabo, todo hace recordar a la Tamse, dejando afuera los 200 flamantes colectivos 0 kilómetro.
Mestre aceptó los palos y prometió públicamente no bajar los brazos ante medidas “injustificadas” de la UTA y errores inadmisibles de la empresa correntina. Ahora bien, urge la necesidad del equipo de gobierno del Palacio 6 de Julio de recuperar la iniciativa y reforzar con acciones concretas las tareas que persiguen el empoderamiento del Estado municipal.
La medida más evidente se resume en la consigna “repartija de sanciones para todos”. El responsable del Palacio 6 de Julio aseguró que multará a Ersa, al tiempo que la firma en la mira prometió tomar cartas en el asunto con sanciones que no especificadas para los empleados a su cargo.
El proceso de sanciones tiene un curso administrativo determinado (lento) y no garantiza que una mañana cualquiera los empleados de la exempresa estatal, patrocinados por la UTA por convicción o necesidad, resientan el servicio en punta de línea. Se sabe que el convenio sindical obliga a la patronal a realizar un adelanto salarial a mitad de mes que, en los hechos, representa el 45 por ciento del salario bruto del agente. Alerta amarilla.
En dos semanas, un nuevo depósito deberá realizarse correspondiente al adelanto del mes en curso. Si se repiten las objeciones de los choferes, como ya ocurrió en tres oportunidades, un nuevo paro jaqueará la actividad de los vecinos y golpeará con dureza en bolsillo de los pasajeros más humildes.
Es por esto que la gestión mestrista prevé una intervención directa en el asunto, más allá de las sanciones que, se sabe, no amedrentan a los liderados por Alfredo “Cuchillo” Peñaloza. El municipio realizará una auditoria a la empresa Ersa en todo lo referente al proceso de liquidación salarial y utilización de los 8 millones de pesos mensuales que la firma recibe en conceptos de subsidios del municipio. Esta instancia de control fue bien recibida por la dirigencia de la UTA que ve positivo una mayor injerencia del poder concedente en la resolución de un conflicto ya recurrente.
Desde la gestión aseguran que “harán todo lo necesario” para recomponer el principio de autoridad ya sea con el gremio de los choferes y el sector empresario. En este sentido, anticiparon que en poco tiempo se llevará adelante la presentación de los controladores del sistema de transporte que permitirá a la comuna inspeccionar de forma directa las frecuencias y cumplimiento de los corredores.

Negativa gremial
En la jornada de hoy, Peñaloza mantendrá una reunión con los asesores legales de la UTA. Entiende que no corresponden los descuentos a los trabajadores porque luego de que se declarara la ilegalidad de la medida fue dada la orden de que volvieran a circular los colectivos. Aseguran que no tomarán medidas de fuerza, pero que esperan una resolución favorable del problema en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia.