Por Gabriel Osman
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[dc]E[/dc]l diagnóstico que elaboró Ramón Mestre ni bien llegó a la Municipalidad de Córdoba fue irreprochable: por sobre todo, había que ordenar la administración y reconstruir el poder político (dinamitado durante tres administraciones sucesivas, de Kammerath, Juez y Giacomino) e incluso extender, dentro de lo posible, la acción reparadora hacia la federación de reparticiones en que se ha ido fragmentando el Suoem en esos doce años, con efecto multiplicador del caos municipal.
Mestre es un dirigente de la nueva camada, que tiene para gobernar la ciudad una ventaja inestimable sobre el resto de su generación política: el “manual de procedimientos” que le dejó su padre, Ramón Bautista Mestre. Es una receta tan sencilla que ni siquiera requiere ser editada: el orden se impone con autoridad, una moneda devaluada cuando en 1983 llegó al municipio, por los tiempos que lo precedieron, pero que hoy cotiza muy bien con tanta anarquía. El triunfo de su hijo en 2011 es, en buena medida, una puesta en valor de aquellas históricas gestiones que en su tiempo no fueron tan políticamente correctas.
El orden presume autoridad, que nunca es mejor ejercida cuando no se delega y la ejerce su titular. Y no hablamos de las administraciones de Mestre (p) ni de Rubén Martí, con una constelación de cuadros radicales en esos gabinetes, muy distantes en cualidades y aptitudes de los hombres que hoy rodean al jefe municipal.
Después de algunos visteos, el intendente salió ayer a cruzarse, sin intermediarios, con el gobierno provincial y a reclamar la participación activa del ministerio de Trabajo en el conflicto, que horas después se concretó con la declaración de ilegalidad del paro de los choferes.
Dentro del daño que produjo el paro, su resolución deja algún margen para creer en la reconstrucción del sistema de decisiones a dos años de la consigna “ordenar es el camino”. Esto tendrá que ser con un protagonismo directo en el poder, en un servicio vinculado directamente al municipio, como lo es el transporte. Que, encima, tiene un gremio históricamente caótico y ahora con una conducción sólo virtual. Está desbordada por una democracia plebiscitaria, en donde asambleas de choferes no sólo impugnan a la UTA sino hasta el mismo cuerpo de delegados.
Por lo demás, el servicio y sus servidores siempre fueron sospechables de ser funcionales a tal o cual, más aún en tiempos electorales. En marzo de 2001 –última licitación realizada- ni siquiera hizo falta, y ahí están intactas las sospechas de un proceso feedback entre el gremio y la Fetap, cuando empresarios de otras jurisdicciones intentaron involucrarse en el negocio que los transportistas locales querían que se le reconozca como territorio propio.
Hoy, la Tamse enfrenta una licitación que incluye a empresas de las provincias de Santa Fe y Corrientes.
