Conductas paranoides de los “Capitán Spock” de la política

Por Pablo Esteban Dávila

p10-2[dc]T[/dc]odo indica que, en el medio de una campaña electoral, no existen las casualidades. Cualquier evento, por alejado que se encuentre del hecho electoral en sí, se politiza irremediablemente.
Para un político estándar (y también para muchos analistas) cualquier hecho que suceda dentro de una campaña tiene alguna intencionalidad. No hay escapatoria a esta regla. Es la vieja y conocida teoría de la conspiración, multiplicada exponencialmente en estas épocas de sociedades intercomunicadas. Ni siquiera los hechos de la naturaleza escapan a esta presunción.
Hay varios ejemplos de esto. El último accidente del tren Sarmiento, en la estación de Once, fue interpretado por algunos dirigentes – tales como el híper oficialista Luis D’Elía – como un “sabotaje electoral”. La oposición, por su lado, interpretó que el accidente es una nueva manifestación de la falta de políticas adecuadas en materia de transportes. Pero pocos mencionan al maquinista, esto es, al factor humano, a pesar que todo indicaría que el siniestro se produjo por una negligencia del motorman. Si este fuera, finalmente, el responsable… ¿habría que suponer, entonces, que el hombre se propuso inmolar por una causa política, casi como si fuera un integrista de La Fraternidad?
No parece razonable pensar de esta manera. Pero, sin embargo, aceptar que los accidentes ocurren por errores humanos es quitarle el aroma conspirativo a las tragedias. El mundo, y especialmente la Argentina, se han acostumbrado a los relatos complejos, en donde nada es lo que parece. Un tren que choca, un avión que cae, siempre es responsabilidad de demiurgos ocultos, las consecuencias de inconfesables intereses. Y ni que hablar cuando este tipo de acontecimientos tienen la fatalidad de ocurrir antes de las elecciones.
En Córdoba, son muchos los ejemplos de esta pasión por encontrar una teleología política detrás de los acontecimientos más dispares. Tómese, por ejemplo, el caso de los incendios en la sierras. Aunque todos los años sucede lo mismo, el culpable es siempre el gobernador, como si el régimen de lluvias dependiera de un decreto. No importa que, según los bomberos de la provincia de Córdoba, la cantidad de hectáreas consumidas por el fuego hayan caído sensiblemente desde 1994; siempre tiene que existir un culpable político tras las llamas que, transmitidas en tiempo real, parecen meterse dentro de los hogares de los televidentes.
Pero la verdad es que, salvo los que inician fuego por ignorancia o temeridad, ningún gobernante podría ser reputado como el responsable de su inicio. Si, por supuesto, de la eventual falta de medios para combatirlo pero nunca del hecho que se produzcan. Los que gustan de sostener este tipo de sospechas se encuentran irremediablemente prisioneros de la ciencia ficción, son los “capitán Spock” de las interpretaciones políticas.
Algo parecido sucede con el caso de los supuestos “narco policías” que, en forma tremendamente inoportuna, se coló en el medio de la campaña. Aún si terminaran siendo culpables – constitucionalmente todavía no lo son – el hecho podría estar enmarcado dentro de la responsabilidad personal. En este caso, serían almas descarriadas dentro de una institución en contacto permanente con el bajo mundo y con las tentaciones del delito. Muchas de las pruebas que existen hasta el presente indicarían que, aún de haber existido los delitos que se les imputan, estos estarían dentro del marco de las acciones individuales y no como consecuencia de una decisión política de alentar semejantes conductas para lograr fines inconfesables.
Sin embargo, esta interpretación es imposible de sostener por estos tiempos. Antes de las PASO, en Córdoba prácticamente no se hablaba de vinculaciones entre la Policía y el narcotráfico, pero ahora es como si, de repente, cada uniformado tuviera un compañero de alma dentro del mundo de la droga. Tampoco ayuda a ver el problema en su real dimensión los cálculos políticos que, de uno a otro lado del problema, se realizan con el frenesí del estratega. El kirchnerismo, muy probablemente ayudado de buena gana por el Fiscal Enrique Senestrari, ha visto en el tema la punta del ovillo para erosionar el capital político de uno de sus más consecuentes enemigos, en tanto que el gobierno provincial no ha dudado en señalar que el asunto es otro capítulo en la interminable saga de discriminaciones y ataques sufridos a manos de la Nación.
El video de Juan Cabandié es otro ejemplo válido. Es casi seguro que quién decidió colgarlo en Internet quería dañarlo; de esto no hay dudas. Pero la conducta del legislador porteño fue una decisión personal, fruto de su personalidad y formación política. No puede deducirse que la oposición, o quién fuera, inventó de la nada un hecho a todas luces censurable. Fue el propio Cabandié el que decidió actuar de la forma que lo hizo como si fuera un anónimo compadrito nacional, de esos que abundan en las calles argentinas. Como se dice en derecho: “nadie puede alegar su propia torpeza”, ni derivar intenciones políticas de eventos nacidos de la ineptitud personal.
Otro caso sucede con los suicidios que se han conocido en Córdoba en semanas recientes. Mario Pereyra, desde su programa “Juntos”, lo sugirió días pasados: “parece que ahora nadie puede suicidarse”. Esto es lo que sucede con los casos de los policías Juan Alós y de Damaris Roldán, en donde la decisión personalísima, terrible, de quitarse la vida se encuentra sospechada de insuficiente y, por lo tanto, sujeta a escrutinio político. ¿Por qué estos hechos podrían haber sucedido de una manera diferente de la que señalan los elementos disponibles? Más allá que ambas muertes se encuentran bajo investigación judicial, la hipótesis del suicidio sería, a priori, más fuerte que la del asesinato. Sin embargo, esto no satisface a los que creen que, incluso detrás de los extremos más evidentes, se esconden manos siniestras.
Existe una paranoia que explica este tipo de sobreactuación sobre cualquier tipo de acontecimientos, politizándolos aún en contra del más elemental sentido común. Es un delirio autorreferente, que lleva a quienes lo padecen a considerarse como perseguidos por fuerzas incontrolables o elegidos para una alta misión y, por consiguiente, a redefinir la realidad conforme a este tipo de parámetros de entendimiento. Esto lleva a concluir que lo que ocurre sucede porque existe un plan que debe ser descubierto, dejando de lado los imponderables de la acción humana, las impredecibles decisiones personales o las meras fatalidades de la naturaleza o el destino. Gran parte de la clase política y mediática padece de esta patología.
Por supuesto, las conductas paranoides se exacerban en medio de las campañas electorales, transformado cuestiones eventuales en reglas físicas inmutables. Podría hacerse un juicio crítico sobre las mismas, destacando que no es conveniente, a los fines de la comprensión de la realidad, que se le otorgue preeminencia a lo accesorio por sobre lo principal, pero así son las cosas. Puede usted quejarse sobre que muchas conclusiones que se desprenden de los análisis paranoicos no son exactos, cuando no decididamente falaces, pero esto no hará que desaparezcan; por el contrario, se encuentran muy bien retribuidos – en término de fama y reconocimiento social – como para que su influencia se desvanezca en el futuro.
Por ahora, el asesinato del Intendente de Lobería, Hugo Rodríguez, el accidente del Gobernador José Luis Gioja y el atentado contra la casa del mandatario santafesino, Antonio Bonfatti, se salvan de reinterpretaciones conspirativas, pero nadie podría aventurar si esto será por mucho tiempo. Por lo pronto, el trágico desenlace sufrido por Rodríguez a manos de un ex empleado municipal no ha tenido más consecuencias políticas que el acompañamiento de Amado Boudou y Gabriel Mariotto a sus deudos, un hecho más humano que electoral. Al menos así lo vemos nosotros que, por supuesto, no creemos que la política sea lo que determine automáticamente cualquier avatar, al menos en una sistema como el democrático en el que, se supone, el espacio reservado a la libertad de los seres humanos y la capacidad de la sociedad para entender con mayor exactitud los fenómenos físicos y sociales no se encuentra constreñido a los límites que fijan los poderes del Estado.
No es superfluo recordar, una vez más, que sólo en los totalitarismos cualquier asunto termina siendo político, incluso los pertenecientes a la vida privada. La teoría de la conspiración permanente desnuda, en consecuencia, la incapacidad de sus cultores por aceptar que la libertad individual puede determinar acciones que se encuentren más allá de lo que a ellos le parecería aceptable, una convicción muy poco democrática y que desvela toda una concepción de la sociedad.