Presupuesto militante para las universidades

Por Juan Ibarguren*

Martín Gill, secretario Político Universitario y candidato a diputado del FPV.
Martín Gill, secretario Político Universitario y candidato a diputado del FPV.

[dc]E[/dc]l miércoles 9 de octubre se aprobó con mayoría oficialista el Presupuesto General de la Nación 2014, cuestionado desde diferentes sectores por la falta de transparencia en las estadísticas oficiales y fundamentalmente el no reconocimiento de la inflación.
Las universidades públicas recibirían un 35% más de recursos que este año, pauta levemente superior a la inflación real, estimada por fuentes no oficiales en un 27%.
Hay dos factores que caracterizan la redistribución presupuestaria para las universidades. El primero es que las más beneficiadas son las ubicadas en el conourbano bonaerense, y el segundo, obvio, son de adscripción kirchnerista. En ambos casos, hay un factor común : hay fuertes cuestionamientos por la falta de controles en la ejecución de esos presupuestos.
La Universidad de José C. Paz, por ejemplo, recibirá un aumento de 177% con respecto a este año. En tanto, la Universidad Arturo Jauretche, apadrinada por el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel, tendrá un aumento de 70%. La de San Martín, del 46%, y la de Quilmes, el 44%. La Universidad de Buenos Aires tendrá un incremento de 32%; la de Córdoba, un 33%, y la de La Plata, un 34%, incrementos que no se comparan con los de algunas de las universidades creadas durante la gestión de este gobierno.
En este sentido existe continuidad de las políticas de asignación presupuestaria implementadas durante el menemato en los 90 en el marco de la Ley de Educación Superior, vigente desde 1995. La continuidad se materializa en el hecho de promover y apoyar presupuestariamente a las universidades que el gobierno nacional considera “estratégicas” para sus fines políticos partidarios y especialmente proselitistas.
Se profundiza esta situación de inequidad y discrecionalidad presupuestaria, con la falta de trasparencia justamente en estas unidades académicas privilegias por su alineamiento con el gobierno nacional. Esta falta de transparencia fue advertida en mayo en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el cual señaló que en nombre de la autonomía y la autarquía institucional y financiera que tienen las casas de altos estudios, se cometieron varias irregularidades: gasto de dinero sin la firma de la autoridad competente; compras sin precios de referencia; y también sueldos del personal docente y no docente que no coinciden con lo establecido por ley. Estas irregularidades se han verificado, sobre todo, en las universidades del conourbano bonaerense, “el coto electoral del kirchnerismo”.
Otro punto llamativo que surge del análisis del Presupuesto es que la nueva Universidad de Tierra del Fuego, que tiene solamente 530 alumnos, tendrá destinados más de 130 mil pesos por cada uno de ellos. Son unas ocho veces lo que destina la UBA si se divide su presupuesto por la cantidad de inscriptos, que llega a más de 300 mil.
La de Buenos Aires es, junto con la de Córdoba y de Corrientes, integran el grupo de universidades que menos pesos reciben por cada alumno que cursa. Y es que tanto la que tiene asiento en Capital Federal así como en las otras dos provincias mencionadas, son gobernadas por opositores. A ellos les tocan entre 16 y 18 mil pesos por estudiante.
En ese sentido, la Universidad de San Juan, que encabeza el kirchnerista José Luis Gioja, podrá gastar casi 45 mil pesos en el año por cada uno de sus 20 mil estudiantes. Por su parte, la de Cuyo, en Mendoza (tierras del oficialista “Paco” Pérez), contará con 30 mil pesos per capita, al igual que la de Entre Ríos, de donde el gobierno quiere sacar a su candidato a presidente para el 2015.
En otro nivel estará la poco exitosa Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ubicada en Río Gallegos. Allí cada estudiante tendrá un presupuesto de $57 mil. Mejor aún le irá a la Universidad de Río Negro, que a pesar de tener solamente 2.300 inscriptos. Esta recibirá en el 2014 $181 millones, es decir, $78.000 por cada alumno.
Otros cambios que figuran en el Presupuesto 2014 respecto a las universidades son los “programas de incentivos a docentes investigadores”, que pasan de $99 a $130 millones, un incremento del 31%. También los “Gastos para ciencia y técnica” aumentan un 100%, de $5 millones a $10 millones. “Los Gastos de Funcionamiento CIU” serán de $26 millones, y la partida destinada a “Medios de Comunicación Audiovisual Universitarios y Educativos”, $20 millones.
La utilización de las universidades como trampolín político en algunos casos, como botín de guerra en otros y como vehículo para desarrollar contratos con otras áreas de la administración pública sin el debido control, ponen un manto de sospecha y vulnerabilidad sobre algo que no debería ser puesto en dudas en un país que pretende desarrollarse. El financiamiento universitario debería ser un ejemplo de eficacia en la asignación de los recursos, buscado mejorar la calidad educativa y no pretendiendo privilegiar objetivos políticos y/o electorales. Pero esta realidad no escapa a la generales de la ley que han caracterizado a este gobierno y al FPV. La falta de explicaciones parecen una práctica habitual ya aceptada por imposición. El pedido de rendición de cuentas de la utilización de los fondos públicos es tenido como una afrenta a la democracia: se invoca la autonomía y la autarquía para no cumplir con la obligación de lo básico, que es rendir cuentas. La pregunta es: ¿estamos frente a un presupuesto militante?
El pasado 19 de junio del corriente año la presidente de la Nación encabezó un acto en la Ciudad Universitaria en virtud de la conmemoración de los 400 años de la UNC. En dicho acto, de carácter proselitista, se hicieron diferentes anuncios de inversiones y programas para la universidad. En virtud de la magnitud e infraestructura de dicho acto se presentó en el seno del Consejo Superior un pedido de informes, sobre el financiamiento de esta actividad. Hasta la fecha no se ha recibido información oficial alguna al respecto. Esta circunstancia no es casual, ya que hasta después de las elecciones del 27 de octubre es muy posible que el tema no tome estado parlamentario en el cuerpo. De todos modos, cuatro meses para elaborar un informe de esta naturaleza denotan falta de voluntad o, por lo menos, ineptitud para rendir cuentas de una simple actividad donde sólo hay que informar ingresos y egresos con sus correspondientes orígenes y destinos.
La educación es una inversión estratégica fundamental y su financiamiento debe ser creciente, pero también transparente. De lo contrario, no se cumple con las condiciones básicas para dar sustentabilidad en tiempo a políticas que promuevan verdaderamente la educación y no sólo sean una excusa para recrear un vehículo que sirva para repartir dinero entre simpatizantes, candidatos, familiares y amigos.
El interrogante que se plantea es si estos criterios de asignación presupuestaria son el preludio de lo que se aplicará en la discusión y asignación posterior del presupuesto en la UNC. El origen y la aplicación de esos fondos son determinantes para afianzar una declamada política redistributiva y progresista. Pero muy difícil será si el origen de los fondos deviene del sistema tributario más regresivo de Latinoamérica, podríamos decir del mundo, sumado a la poca transparencia y discrecionalidad que caracterizan la aplicación y asignación de esos fondos como se describe en los ejemplos anteriormente mencionados.
Las próximas elecciones legislativas serán esenciales para poder elegir a diputados que no deban obedecer ciegamente al poder central. Debemos optar por candidatos que propongan modificar la Ley de Educación Superior y garanticen vocación de controlar la discrecionalidad con que se está trabajando desde hace una década, en éste y muchos otros temas cruciales para nuestro país.
(*) Consiliario de la UNC por el claustro de Graduados