Alarde opositor del K Salvi

10 hulk salvi 09-10[dc]E[/dc]l legislador kirchnerista Fernando Salvi, divorciado recientemente del bloque Unión por Córdoba, acusó ayer en el recinto que los intendentes que adscriben al Frente para la Victoria “se sienten discriminados” por el gobierno delasotista.
Después de un año y medio en un casi completo silencio, Salvi parece sentir la necesidad de exhibir su nuevo rol de opositor. En la sesión de ayer dijo que los municipios de Villa Ascasubi, General Fotheringham, Dalmacio Vélez y Pampayasta Sud no recibieron las maquinarias y las herramientas que el gobierno provincial promociona haber entregado en localidades del departamento Tercero Arriba.
Antes, en un comunicado de prensa señaló que “la verdadera discriminación con los municipios es a los adherentes del Frente para la Victoria, que se ven claramente perjudicados por no adherir a los postulados del gobernador De la Sota”.
Salvi busca con ello colocar en situación contradictoria al gobierno provincial, que protesta por sentirse discriminado, a su vez, por la Casa Rosada.
El legislador kirchnerista, que ayer anunció oficialmente además que al bloque del Frente para la Victoria se incorporó José Luis De Lucca, presentó también un pedido de informes para conocer por qué no llegaron al Hospital de Río Tercero los recursos humanos y materiales solicitados.
En su mini-embate, Salvi dio la nota en la reunión de Labor Parlamentaria, cuando anunció que proponía que el senador nacional Luis Juez (Frente Cívico) concurra a la Legislatura para explicar lo padecido por su hermana. La semana pasada, Marcela Juez fue asaltada, ocasión en la que, según se denunció, los delincuentes le habrían lanzado amenazas para que su hermano deje de hablar del narcotráfico en la provincia de Córdoba.
Hasta entonces en la Legislatura había un pedido de repudio del bloque del Frente Cívico, por ese incidente y por la denuncia que hizo el periodista Tomás Méndez, por una supuesta amenaza de muerte.
La negociación en Labor Parlamentaria concluyó con un proyecto de declaración que fue aprobado tranquilamente en el recinto. El texto elude mencionar a los protagonistas.
La Legislatura, entonces, declara “su repudio a todo acto delictivo o intimidatorio que pretenda coartar la libertad de expresión y de prensa, que pueda afectar a dirigentes políticos, sociales, sindicales o periodistas, máxime cuando estos conllevan un mensaje mafioso o ponen en riesgo la vida de las personas o sus familias”.