Privatizaciones y estatizaciones en la Argentina y el Brasil de hoy

Por Santiago Pérez
desde Rio de Janeiro(*)

Sin título-1[dc]E[/dc]n la Argentina, “privatización” es mala palabra. No importa de qué tipo de empresa se esté hablando o de la conveniencia o no del ingreso del capital privado a un área particular de la economía. No hay lugar al análisis, al debate o a la reflexión. Para casi todos los referentes políticos privatizar es simplemente negativo. Se trata de un principio tan enquistado en la dirigencia que escapa a cualquier tipo de racionalidad. En la década de 1990 el Partido Justicialista defendía con la misma vehemencia una idea exactamente contraria. Por entonces el discurso gubernamental era el de privatizarlo todo. El estado empresario había fracasado, y el sector público debía desprenderse de la totalidad de las empresas que administraba. ¿Había entonces lugar para analizar que debía ser privatizado y que debía permanecer en manos estatales? ¿Valía preguntarse si era lo mismo vender YPF que vender Entel? La respuesta es no. Debía privatizase todo y punto, fin de la discusión. Ese era el mensaje que llegaba desde la Casa Rosada. Si hay un principio al que el Peronismo ha sido fiel desde la reinstauración de la democracia, es al principio de no tener principios. El Justicialismo levantó la bandera del fundamentalismo privatizador durante una década (1989-1998). El mismo Justicialismo fue el impulsor del talibanismo estatizador en el decenio 2003-2013. ¿Cuál es entonces la posición del Peronismo en relación a esta delicada temática? Gran misterio.
En Brasil la situación es diferente por muchos motivos. En primer lugar porque el discurso político no es ni tan absoluto ni tan dogmático. Siempre hay lugar para el debate. La decisión de privatizar o no privatizar aéreas hasta ahora controladas por el gobierno se enmarca dentro de esta lógica. A diferencia de lo que sucede en la Argentina, en Brasil las autoridades no consideran que una privatización sea buena o mala “per se”, cada caso merece ser estudiado.
Sabido es que la economía brasileña atraviesa un momento delicado. Las espectaculares tasas de crecimiento de las que gozó en la última década, y que le permitieron ascender al status de “potencia emergente”, no son hoy más que un recuerdo de tiempos mejores. El aparto productivo nacional se encuentra restringido por una serie de limitaciones estructurales. La deficiente infraestructura acaba, de una forma u otra, por colocar un techo a la capacidad productiva nacional. Las carreteras se encuentran constantemente saturadas y las vías férreas para el transporte de mercaderías son terriblemente escasas. Los aeropuertos y las terminales portuarias funcionan por encima del límite de su capacidad, quitando dinamismo al comercio exterior. Toda esta problemática se potencia aún más en un país de las dimensiones de Brasil. 8,5 millones de kilómetros cuadrados, 7300 kilómetros de costas y 15000 kilómetros de fronteras. Números que explican por sí solos la ineludible necesidad de contar con una infraestructura que permita conectar en forma eficiente el país. La necesidad de integrar económicamente las distintas regiones demanda vías de comunicación acordes a las exigencias de la economía moderna.
La problemática está planteada. Políticos oficialistas, opositores y sectores empresarios concuerdan en el diagnóstico, en la gravedad de la situación y en la necesidad de actuar. Existe también un consenso en torno a cual es el camino para palear este déficit. Las astronómicas inversiones que demandarán las obras y la complejidad en la ejecución transforman al Estado en un actor incapaz de llevar adelante esta ambiciosa empresa.
Es aquí en donde el pragmatismo y la racionalidad priman por sobre los principios dogmáticos. Si Brasil ambiciona retomar la senda del crecimiento deberá atacar estas trabas, no hay alternativas. Tanto Dilma Rousseff como distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores lo saben. Es dentro de este contexto que el gobierno dio inicio a un mega plan de privatizaciones, concesiones y licitaciones. El ejecutivo busca utilizar al capital privado para llevar adelante las obras. No se ha ingresado en debates filosóficos, cargados de preconceptos y apoyados en antagonismos del pasado. El Palacio do Planalto y el Congreso Federal se han puesto a trabajar en un diseño legal que consiga aportar un equilibrio superador entre los intereses públicos y privados. El marco regulatorio debe ser lo suficientemente atractivo como para atraer al inversor privado. Al mismo tiempo debe ser exigente para garantizar una mejora en la infraestructura nacional y el consecuente aumento de la competitividad de la economía en general.
Los primeros resultados del proyecto ya están a la vista. La flamante “Ley de Puertos” permite al capital privado construir nuevas terminales previa autorización gubernamental. En los primeros meses de vigencia de la normativa han sido aprobados más de 50 proyectos que permitirán ampliar la capacidad importadora y exportadora brasileña. Los efectos del proceso de privatización de Aeropuertos son también visibles. Basta viajar por el país para observar como estaciones aéreas que durante años no habían recibido inversión alguna experimentan ambiciosos planes de modernización. Obras que serán calve para el éxito del Mundial y los Juegos Olímpicos que se avecinan. En lo que respecta a las carreteras y autopistas, las licitaciones se encuentran en pleno proceso de negociación. Costos de peajes, montos a invertir y trazados a licitar ocupan el centro de la escena por estos días en Brasil.
Como se mencionó anteriormente, la política brasileña no se deja llevar por dogmas en esta materia. Es así que si bien el gobierno está en este preciso momento impulsando ambiciosos procesos privatizadores, nunca consideró desprenderse de empresas estatales estratégicas. Petróleo, energía eléctrica y bancos son los algunos de los casos más representativos. El estado conservará en su órbita las piezas vitales, aquellas que no se negocian. Una vez más. ¿Privatizar es bueno o malo? Depende. No hay respuestas absolutas.
Desafortunadamente en la Argentina se consideran solo los colores blanco y negro. Las virtudes de los tonos grises no suelen ser valoradas. El Menemismo se ocupó de venderlo todo, de liquidar las “joyas de la abuela”. El Kirchnerismo dio marcha atrás y estatizó cuanta empresa estuvo a su alcance. El camino que tomará el gobierno que asuma en 2015 es una gran interrogante. Luego de tantos abruptos cambios de rumbo sería sano para el futuro de la Argentina que el próximo Presidente no se deje llevar por principios dogmáticos del pasado.

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