Caso Petrone: un juicio cinematográfico

Por Gabriel Osman
gosman@diarioalfil.com.ar

Petrone2[dc]E[/dc]l juicio que cuenta como principal imputado Jorge Petrone tiene singularidades propias que, al margen de su importancia y epílogo, puede brindar magnífica materia prima para una eventual transcripción cinematográfica, una palabra muy ajustada a las crónicas judiciales pero que en este caso se apoya estrictamente en sus posibilidades materiales: las audiencias se filman a pedido del defensor del empresario, Marcelo Brito, un hombre ya de cualidades escénicas y oratorias impares en el fuero penal de Córdoba.
Este recurso de la grabación de las audiencias es relativamente novedoso, y entrega un back up documental que puede ser eventualmente decisivo ante la necesidad de tener que recurrirse a él, pero también tiene fuerza virtual al margen de aquella hipotética recurrencia: todos saben que los están filmando.
Hace casi un año, en septiembre, la misma Cámara Décima del Crimen que hoy juzga a Petrone y otros cinco imputados, debió suspender el juicio porque uno de los acusados estaba sin la debida asistencia de un abogado, algo que obviamente vulnera el derecho de defensa en juicio.
Y ayer volvieron a presentarse circunstancias similares, y aunque es de esperar que no con las mismas consecuencias de 2012, la tercera audiencia que había comenzado a realizarse, debió suspenderse cuando se advirtió que uno de los imputados… no tenía asistencia legal. El aludido, en este caso, es Alfredo Enz.
Enz es escribano de Zárate, nada menos que titular del Registro 1 de la ciudad bonaerense, por lo que resulta difícil tenerlo por menesteroso y necesitado de que la Justicia le designe un abogado de oficio. Fue detenido el domingo por una comisión policial que viajó en compañía de peritos para determinar, previo al arresto, sobre su aparente cuadro de insanía mental, según había alegado su abogado cordobés Miguel Palacios, dejando la puerta abierta, quizás, a una posterior declaración de imputabilidad.
Los peritos, contrariamente a los dichos de Palacios, lo encontraron lúcido y cuerdo para responder por sus actos, por lo que lo alojaron en Bouwer y ayer los trasladaron a Tribunales. La escena mostraba ayer el cuadro al revés de la segunda audiencia (miércoles 25): el imputado sentado en el banquillo y su abogado ausente sin aviso.
Hay que recordar que fue Enz quien dio fe pública al título de propiedad -finalmente considerado apócrifo- de un predio de 63 hectáreas a la vera de la autopista a Carlos Paz, que fue vendido a Petrone por una suma multimillonaria, según argumentos del empresario, y que dio origen luego a un largo proceso de instrucción y al juicio oral y público que actualmente se sustancia.
La Cámara Décima había dado inicio al debate pese a la indefensión del notario -también estaba ausente otro imputado, Nicolás Ordoñez-, cuando advirtió el problema y se suspendió (todo está filmado, como decíamos).
No hay mayores precisiones sobre el cronograma que seguirán las audiencias, pero los involucrados en el debate esperan con mucha expectativa el testimonio de la propietaria Susana Munist de Ruiz Orrico, ante quien deberá despejarse la contradicción existente entre el auto de elevación a juicio y los dichos de la dueña: en el primero se afirma que Petrone intentó varias veces comprarle el terreno y la señora declaró en la instrucción que no conocía al empresario.
La situación de Petrone y, en particular, de su empresa, GAMA, es complicada por la imagen de una firma que maneja más del 50 por ciento de la oferta inmobiliaria en departamentos en la ciudad, que ha invertido millones en publicidad y tapizado Córdoba con avisos que tienen como ícono a la diva del teléfono blanco, Susana Giménez.
Petrone tiene cierto regusto en presentarse públicamente como un empresario “políticamente incorrecto”. Le sobra combustible -hoy está en el pináculo de su prosperidad pero es de origen humilde- y no orina agua bendita, pero su consigna es la de cualquier emprendedor que llegó a la cima: maximizar los beneficios y minimizar los costos, las reglas del capitalismo.
Es un outsider institucional, sin cobertura política y sin contratos de obra pública con ninguna de las jurisdicciones del Estado. De él se han escrito varias leyendas urbanas, algunas de una creatividad notable e igualmente falsa, como aquella que decía que su empresa -creada en 1987- era, en realidad, propiedad del otrora famoso Luis Medina Allende, quien en honor a su hija Gabriela, había puesto sus iniciales en la empresa: Gabriela Andrea Medina Allende.