Por Gabriel Osman
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[dc]L[/dc]uego de un largo proceso de instrucción, hoy debe realizarse la primera audiencia pública de un juicio contra el empresario Jorge Petrone por el intento de compra, presuntamente irregular, de un amplio predio camino a Carlos Paz. El caso adquiere relevancia pública y extrajudicial por tratarse del propietario de la empresa Gama, la mayor inversora inmobiliaria de la ciudad, aunque también tenga algunas incursiones puntuales en el Gran Córdoba, una de ellas en Mendiolaza, en el Departamento Colón.
Si el conflicto gremial que involucra por estos días a los empleados del Poder Judicial lo permite, la audiencia de hoy, en la Cámara 10ª del Crimen, significará el comienzo de la escenificación del juicio por falsedad ideológica y usurpación. En esta primera jornada sólo se leerá la acusación que escuchará con atención el abogado defensor del empresario, el penalista Marcelo Brito.
Los hechos que analizará la Cámara 10ª del Crimen se remontan a los años 2004 y 2005, cuando Petrone se mostró interesado en comprar un predio de 63 hectáreas, conocido como “Santa Leocadia”, de propiedad de la señora Susana Munist de Ruiz Orrico, terreno de buen valor inmobiliario por su ubicación (a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz).
La propietaria, que no vive en Córdoba, a través de un sobrino que tiene un campo en el mismo sector, habría tomado conocimiento del interés por comprar el campo, pero se negó a venderlo por razones afectivas (lo recibió en herencia).
Según la investigación fiscal, tras la negativa de su propietaria , se habría realizado una operación irregular de venta, con escrituras falsas, por la cual el acusado habría entregado una importante cantidad de dinero y varios departamentos, pese a que la persona que aparecía como vendedora no tenía finalmente la documentación que acreditara la propiedad del inmueble.
Petrone ha argumentado en sus descargos que él fue víctima de maniobras dolosas, que le han reportado pérdidas multimillonarias.
Hay dos argumentos encontrados en torno a la inocencia o culpabilidad del empresario. El primero sostiene que dada su experiencia como empresario de la actividad inmobiliaria, no es creíble que haya sido engañado por el vendedor, una persona que se presentaba como “usurero”. El segundo tiene un sustento probabilístico: según se desprende de informes de Ceduc (Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba), Gama concentra más del 50% de la venta de departamentos en esta ciudad, por lo que es estadísticamente posible cometer errores en la compra de bienes raíces.
La adulteración fraudulenta de títulos de propiedad tuvo mucha repercusión en la primera década del siglo, con verdaderos escándalos que involucraron al Registro de la Propiedad, donde quedaron como víctimas compradores de buena fe y victimarios, vendedores maliciosos.
Más allá de la suerte que Petrone corra en el juicio que hoy se inicia, la denuncia en su contra ya puede darse por parcialmente saldada, porque el predio en cuestión de 63 hectáreas nunca fue a parar a manos de Gama, pese al desembolso, porque en la actualidad es propiedad de la empresa Regam, que parceló el predio y puso en venta los lotes.
