Por Pablo Esteban Dávila
[dc]E[/dc]l gobierno que encabeza José Manuel de la Sota parece dormido. Una serie de eventos desafortunados, sucedidos en apenas tres semanas, han afectado su legendaria capacidad política. ¿Existen razones estructurales que expliquen esta situación? ¿Deberemos acostumbrarnos, en adelante, a un gobernador con reflejos disminuidos?
Algunos sostienen que sí. La explicación a la que recurren es simple y resultado de una aparente certeza empírica: los terceros mandatos nunca terminaron bien. Otros, en cambio, razonan que lo sucedido es producto de un gobierno que viene “haciendo la plancha” y que, por lo tanto, no se encuentra lo suficientemente alerta frente a los problemas que, inevitablemente, surgen en cualquier sociedad compleja.
Ambas definiciones tienen el encanto del determinismo –y el consecuente relevo del pensamiento crítico– pero no son necesariamente ciertas. Por el contrario, existen evidencias disponibles para cualquier analista que indican exactamente lo opuesto.
Comencemos por la primera afirmación, relativa a la decadencia de los terceros mandatos. Independientemente que algunos sucesos avalen la presunción (en Córdoba, el ejemplo recurrente es el período angelocista de 1991 a 1995), lo cierto es que hasta la “semana trágica” de los incendios y el escándalo policial, el gobernador mantenía intacta la iniciativa. Contra todo pronóstico, su pelea con la Nación no había generado ningún caos económico ni financiero (de hecho, la recaudación propia bate récords y ya nadie se acuerda de la Tasa Vial) y hasta pudo darse el gusto de mantener el linaje victorioso de Unión por Córdoba en las PASO, pese al desgaste tantas veces profetizado. A diferencia de sus dos primeras gestiones, en donde existieron sospechas de corrupción, su gobierno discurre ahora con llamativa comodidad y ningún problema serio había afectado al gabinete. A tal punto su situación política resultaba holgada que tuvo tiempo de mostrarse por todo el país –aún hoy lo hace– como uno de los opositores más consecuentes y decididos a Cristina Fernández. Va de suyo que nadie que estuviera en la decadencia de un tercer mandato podría haberse metido en una campaña presidencial con los favorables comentarios que, hasta el momento, ha cosechado De la Sota.
Allende su sentido peyorativo, de ser cierta la segunda sentencia no tendría, en nuestra opinión, nada de malo. “Hacer la plancha” alude, en política, a un gobierno desinteresado de los problemas o que deliberadamente los oculta pretextando que todo está bien. Pero, en rigor, no cualquiera hace la plancha. Los buenos nadadores saben perfectamente que, para que la técnica funcione, se requieren aguas calmas o con suaves ondas rítmicas. Nadie puede intentarla en torbellinos o con oleajes embravecidos. Esto supone que quién opte por “la plancha” debe contar, como condición previa, con aguas apropiadas para poder flotar sin mayores preocupaciones. En la analogía política, esto supone una sociedad en relativa calma y con un funcionamiento acompasado, tal como ocurre en las naciones desarrolladas. Por tal razón, y si Córdoba ha permanecido en este estado durante todo este tiempo, tal hecho debe de reputarse como una buena noticia, especialmente en un país en donde resulta imposible la serenidad de ánimo o gozar de certidumbres mínimas.
En la Argentina tanto se espera del Estado que, cuando este parece no generar novedades, muchos piensan que es la inacción que presagia la vejez de sus gobernantes. En realidad es todo lo contrario. Nuestra sociedad debería desear (y hacerlo a modo de plegaria) que el gobierno dejase de inventar medidas a cada rato y que permitiese que las fuerzas del sector privado pudiesen desarrollarse libremente en búsqueda de sus equilibrios naturales. Es tanta la dependencia del argentino promedio respecto de la discrecionalidad de los funcionarios que, cuando estos no actúan, muchos sienten que la vida no tiene sentido o que han sido abandonados. Por lo tanto, si hacer la plancha es dejar de lado la presunción –tan nacional– sobre que nada puede funcionar sin que el Estado se entrometa, pues bienvenidos sean los políticos que, a pesar de esta convicción logren hacerla, De la Sota incluido.
Así pues, no puede aceptarse racionalmente que las explicaciones analizadas sean ni ciertas ni válidas para el caso del gobierno de Córdoba. No obstante, esto no significa que, por estos días, existan el tipo de problemas que, para los agoreros, presagien calamidades. Puede que no sea justo que el combo de dificultades señaladas haya ocultado el llamativo sosiego del año y medio de gestión transcurrida, pero la realidad es que hay complicaciones y que, de momento, no se observan actitudes que disipen las dudas existentes
Quizá el real problema que tenga el gobernador –y que subyace a estos hechos que, es una posibilidad, tal vez pronto sean olvidados– es que de realizar tantos esfuerzos por “luchar por los cordobeses” terminó por olvidarse de “luchar contra algunos cordobeses” o, más apropiadamente, contra algunas concepciones políticas arraigadas en buena parte de la sociedad que gobierna. Tómese, por ejemplo, el caso de la Terminal de Ómnibus. Luego de una licitación para renovar su concesión, y ante la mera sospecha que uno de los oferentes montaría un show judicial, decidió estatizarla, aún en contra de los principios que dice sostener. Hoy la Terminal languidece. Por temor a cualquier tipo de comparación con los ’90, optó por dejar a Caminos de las Sierras dentro del Estado, lo cual ya le ha traído dificultades. Ayer presenció en silencio una marcha de la izquierda en su contra, y ninguno de sus laderos pareció reaccionar en contra sus consignas (“De la Sota nunca más” era una de ellas; todo un despropósito). La central Pilar, manejada por la siempre ineficiente EPEC, parece afectada por graves problemas técnicos, pero nadie en el gobierno ofrece explicaciones, parte de las cuales deberían consistir en la necesidad de repensar como esta empresa brinda sus servicios. La Policía de Córdoba, una de las más razonables fuerzas de seguridad del país, se encuentra enlodada por una situación mal manejada desde el Ministerio de Seguridad y de la cual, por ahora, no existen más que sospechas.
En definitiva, el aparato conceptual del gobierno se ha preparado para plantear batallas estratégicas contra la Nación, pero al precio de descuidar su retaguardia. El retiro del proyecto de aprobación parlamentaria de la Jefatura Anti Drogas es una muestra del desconcierto que produce el tener que abocarse a los temas estrictamente locales. ¿Tiene remedio esta situación? Muy probablemente sí, pero requiere concentrar las fuerzas fronteras adentro y dar los debates que se necesiten. El “cordobesismo”, con las pruebas a la vista, no significa unanimidad social automática tras el Gobernador; algunas veces, es necesario precisar el alcance del término en el cuadrilátero de las ideas provinciales.
