[dc]L[/dc]a oposición radical y juecista aceleró ayer en dirección al delasotismo por la causa en que se investigan posibles vínculos entre la policía provincial y los narcos.
El presidente del Comité Central de la UCR, Alberto Giménez, dio a conocer un documento en el que sostiene que “el gobierno y la policía no deben hacer una defensa corporativa de los policías investigados”.
“El gobierno de la Provincia y la conducción de la Policia provincial deben poner a disposición de la Justicia, en forma inmediata, al personal investigado y no realizar ninguna defensa corporativa ante un hecho de inusitada gravedad, que empaña la credibilidad de la Policia de la Provincia”, señaló Giménez.
“La Justicia -agregó- debe poder ejercer sin ningún aditamento su función esencial para garantía de los ciudadanos”.
Luego, anticipó que “la UCR impulsará a través de su bloque de legisladores el tratamiento en sesión especial en la Legislatura de estos hechos gravísimos, que ponen en riesgo la credibilidad democrática de los ciudadanos sobre las instituciones que deben cuidar su seguridad y combatir el delito más atroz que está asolando barrios y ciudades de la provincia de Córdoba”.
Justamente ayer el legislador Rodrigo de Loredo declaró que “lo acontecido en el marco de la investigación por connivencias de policías en causas por drogas, constituye un hecho de gravedad que no registra antecedentes en la historia institucional de nuestra provincia y en especial en la historia de la fuerza policial”. “Nunca antes se decidió la detención de funcionarios policiales de tanta jerarquía”, enfatizó.
Por ello, el radical le pidió al gobernador José Manuel de la Sota “ que instruya a sus dependientes para que la Justicia pueda actuar con independencia y celeridad”.
“Los dichos del Jefe de la fuerza en el velorio del oficial Alós buscaron amedrentar la prensa y en especial a la investigación que puso al descubierto esta gravísima situación. Anticipó hipótesis al decir que se trató de un suicidio y realizó una velada amenaza al decir que lo habían matado las injurias. Hasta lo que se conoce, al oficial Alos lo mató una bala y es un hecho que requiere una investigación”, continuó.
“El gobernador de Córdoba es la máxima autoridad de la Administración Pública y, por ende, se constituye en la principal autoridad de la fuerza policial. No puede mantenerse al margen de esta problemática, comentándola como si se tratara de un corresponsal periodístico. Es el principal responsable de garantizar seguridad a los ciudadanos y evitar que a quienes les pagamos para que nos resguarden sean cómplices o socios de quiénes se apoderan de nuestras pertenencias, de la salud y de la vida de nuestro jóvenes”, remarcó.
Y concluyó: “es necesario el urgente apartamiento del comisario en Jefe Frías y del ministro de Seguridad, Alejo Paredes”.
Frente Cívico
Mientras tanto, el bloque del Frente Cívico, que preside Liliana Montero, en un comunicado que firman también Santiago Clavijo y Ricardo Fonseca, exigió ayer “la renuncia del ministro Paredes, el relevo de la cúpula policial y respaldar con recursos, seriedad y planes la lucha contra el narcotráfico”. Como no esperan que eso suceda, los juecistas anunciaron que el bloque “iniciará el proceso de juicio político al ministro de Seguridad, Alejo Paredes, a fin de que sea la Legislatura quien lo separe de su cargo”.
Los juecistas reflexionan que “habiendo dado muestras públicas de nuestra decisión de actuar responsablemente solicitando la semana pasada una audiencia al Gobernador junto a todos los partidos políticos de oposición con representación parlamentaria, habiendo pedido en el día de ayer (por el miércoles) la presencia del ministro Paredes en la Legislatura, y finalmente solicitado, ante la gravedad de los acontecimientos que se producían, (pedimos) al Gobernador que separe de su cargo al ministro Paredes y a la cúpula policial, (pero) recibimos por toda respuesta declaraciones de funcionarios que sólo aumentan la tensión social e institucional y un Gobierno que claramente no articula respuestas”.
