Judiciales: pronóstico de conflictividad latente

Por Juan Pablo Carranza
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_MG_4747Las dependencias del Poder Judicial amanecieron convulsionadas. La acordada emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que establecía el descuento a los empleados que mantuvieran el trabajo a código, detonó la efervescencia de los judiciales que, a media mañana, decidieron tomar el histórico edificio de calle Caseros por unas horas.
Tras una serie de negociaciones entre los vocales del máximo tribunal y las autoridades gremiales, la asamblea decidió levantar esta medida fuerza, luego de que se suspendieran las deducciones. No obstante, el plan de lucha diagramado por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) se mantendrá hasta fines de la semana próxima. En el pronóstico extendido, se avista una semana de discusiones.
Amén de que el TSJ dio marcha atrás con los descuentos, los judiciales lograron entablar una mesa de negociación con las autoridades, que comenzará hoy y permanecerá abierta hasta el viernes 23 cuando la AGEPJ evalué el ofrecimiento final. La porcentualidad es el tema central de sus reclamos. El primero de estos encuentros será de carácter técnico, los dirigentes sindicales se reunirán con funcionarios contables del Poder Judicial.
Mientras tanto, los judiciales mantendrán el plan de lucha: asambleas, trabajo a código, y paro el miércoles próximo, cuando realizarán una movilización a la Legislatura. Domingo Sesín y Mercede Blanc fueron los vocales encargados de llevar adelante las negociaciones con la secretaria general del gremio, Irina Santesteban, y otros miembros de la comisión directiva.

Porcentualidad
La porcentualidad es un reclamo histórico del gremio y será el eje central de la mesa de negociación. Así como los funcionarios provinciales cobran sus haberes en relación a los nacionales (establecida en un 90 por ciento), los empleados de tribunales pretenden que sus salarios estén en función de la remuneración de sus superiores. De todas formas, resolver este punto no es asunto del TSJ, pues no tiene autarquía financiera. Al igual que la equiparación (que es del 90 por ciento), su sanción requiere de una ley de la Legislatura. Una incursión de este tipo debe estar incluida en el presupuesto provincial.

Descuentos
El punto dos de la acordada 1.170 serie A fue tomada como una “provocación” por los empleados, que venían manteniendo su trabajo a código desde julio e incrementado su rigurosidad a partir de agosto. El texto del máximo tribunal le indicaba a la Oficina de Sueldos que “realice los descuentos del trabajo a código”, basándose en un acuerdo extraordinario del 2004 donde se estableció que este tipo de desempeño constituye una mediad de fuerza.
Los trabajadores ratificaron su labor de acuerdo a lo establecido por los códigos procesales, (de allí su nombre), que establece que no pueden realizar tareas que estén por fuera de sus responsabilidades y que deban estar a cargo del juez o los funcionarios. Tomar declaraciones, es uno de los ejemplos más recurrentes. Al finalizar la Asamblea en el Salón de los Pasos Perdidos Santesteban lo calificó de “engendro jurídico”.

Aumentos
Este año los magistrados y funcionarios recibieron dos aumentos acumulativos del 5 y el 10 por ciento. El primero a partir de enero y el segundo desde marzo. Actualmente aguardan que sus pares de la Justicia Federal recibían otro 10 por ciento retroactivo a mayo.
Los judiciales, por su parte, obtuvieron un 14 por ciento de incremento en febrero y un 6 por ciento en julio. Les resta otro 5 por ciento. Pero en todos los casos las subas son calculadas en base a los haberes de enero, como está establecido en la pauta salarial fijada por la Provincia.
Es aquí donde reside otro punto a tener en cuenta. Los judiciales reciben el mismo acuerdo salarial que el resto de los estatales, como los empleados públicos y los docentes. En caso de producirse este reacomodamiento (que supone una suerte de clausula gatillo para todo la planta judicial), una hipótesis sería que otros gremios más números, por caso SEP y Uepc, también reclamen por un alza en los haberes. Las arcas provinciales no atraviesan su momento más lozano, sólo basta recordar el ajuste jubilatorio para recordar esta situación.
“El básico de un vocal es de $ 58.000mientras que el de un trabajador ingresante es de 4.900”, apuntó Santesteban para referirse la brecha.
Los trabajadores argumentan que es posible una mejora salarial en función de transitar hacia la porcentualidad. Fuentes gremiales afirman que se puede hacer una redistribución con recursos propios. El presupuesto del Poder Judicial es de aproximadamente $ 145 millones, más del 80 % está destinado a cubrir sueldos (cerca de $ 120 millones). Habría un sobrante no utilizado por cargos no cubiertos, señalan algunos delegados. Pero esta sería una cifra pequeña.
Además, también bregan por paritarias. Actualmente reciben el mismo incremento que el resto de los estatales sin participar de la discusión paritaria, ni con el Ejecutivo, ni con el TSJ.