Planes sociales: 4 millones de votantes los reciben

p13-1Los más críticos del kirchnerismo suelen afirmar que el Gobierno cuenta con una “enorme masa de votos cautivos” -algunos arriesgan que son 11 millones- que se corresponden con los beneficiarios de planes de asistencia social. La consultora Muñoz & Asociados analizó el mapa de los que reciben ayuda del Estado y concluyó que cerca de medio millón de votantes perciben planes sociales con contraprestación laboral mientras que otros tres millones son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, un plan “ponderado por propios y extraños y menos expuesto al clientelismo”.
El trabajo incluye también –aunque admite que “exagerando”- unos 300 mil empleados públicos fuertemente “identificados con el kirchnerismo”. En ese marco, apunta que la porción del electorado que “cobra cheques” del Estado nacional es mucho menor que la que el “mito popular sostiene, teniendo en cuenta además que la capitalización política de la AUH se diluye en su carácter universal”. Los autores del reporte subrayan que asimilar recepción de planes sociales con voto cautivo supone –a su juicio- una concepción “bastante reaccionaria, además de errónea, del comportamiento político de los estratos sociales más bajos”.
A lo largo de la investigación, la consultora señala que es “innegable” que el kirchnerismo ha desarrollado una compleja red de planes de asistencia social. Un primer grupo de estos programas son aquellos en los que el Estado reclama como contraprestación algún tipo de práctica laboral. En 2012, estos planes beneficiaron -en promedio- a 504 mil personas, lo que requirió de un presupuesto anual de a $5.700 millones.
Tanto la cantidad de beneficiarios de estos planes como el gasto (a precios de 2012) son más bajos si se los compara con sus niveles de 2010. La merma se explica, en buena medida por el paradójico hecho de que, a pesar de haber convivido con una inflación real superior a 50%, desde 2010 los valores de las prestaciones mensuales no fueron actualizados.
El texto consigna que la asignación, “eminentemente arbitraria”, de estos planes ha propiciado denuncias contra el gobierno nacional por prácticas clientelares. En particular, el plan Ingreso Social con Trabajo ha sido el vehículo a través del que el Gobierno “montó una vasta red de cooperativas de empleo en las que el financiamiento oficial parece estar fuertemente condicionado a la adhesión a la causa kirchnerista”.
De todos modos, sin negar la vigencia de estas prácticas repudiables, el reporte consigna que quizás deba relativizarse su verdadero impacto electoral. Los 150 mil cooperativistas no alcanzan a representar el 0,5% del padrón electoral, y -en un sentido más amplio- el medio millón de beneficiarios de planes de empleo financiados por el Gobierno nacional apenas representa un dos por ciento del universo total de votantes.
La gestión Kirchner también sostiene otro grupo de planes sociales en los que no se demanda contraprestación laboral. En este grupo se destaca la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cubre a unos 3,5 millones de niños. Se estima que habría 1,8 millones de familias receptoras de AUH y que cada una percibía unos $511 mensuales a fines de 2012.
El presupuesto de la AUH ($11.200 millones en 2012) prácticamente duplica al que insume el conjunto de los planes con contraprestación laboral y el alcance poblacional también es mucho mayor: cerca del diez por cienti del padrón electoral es -de alguna manera- beneficiario de la AUH (sea como padre o como joven facultado a votar). De todos modos, la universalidad del programa (aún cuando no se cumpla a rajatabla) “diluye su eficacia como herramienta clientelar”.
Los autores enfatizan que tampoco se puede soslayar el comportamiento del empleo público en la etapa kirchnerista: desde 2003, se han creado 742 mil puestos de trabajo en el Estado. “Evidencia anecdótica sugiere que –especialmente en los últimos años- el fuerte crecimiento del empleo público ha sido un vehículo para remunerar a la militancia más comprometida. En este frente, el financiamiento estatal de la política partidaria es -acaso- más evidente y cuestionable que en el de los planes sociales”, agrega.