[dc]E[/dc]l radicalismo y el peronismo oficial, juntos, aprobaron un proyecto de ordenanza por el cual la Municipalidad podrá rematar y también utilizar los vehículos depositados en los corralones.
La iniciativa, promovida por el edil de la UCR Lucas Cavallo, tiene como objetivo vaciar los corralones municipales e incentivar que los infractores retiren rápido sus vehículos cuando son removidos de la vía pública. Sin embargo, ha sido cuestión de polémica por cuestiones legales (ver opinión edil Oscar Vera Barros).
De acuerdo a fuentes de la Municipalidad, habría en los corralones más de 1200 motocicletas y 120 autos en condiciones de ser utilizados y la importante cantidad de 25.000 vehículos que no soportan funcionamiento.
Por un lado, la norma aprobada establece la posibilidad de que el municipio se sirva de esos autos, hasta tanto los titulares no los reclamen y salden sus deudas.
Concretamente, el mecanismo establece que para que la comuna haga usufructo de tales bienes, debe haber una notificación previa a los titulares, a partir de un tiempo prolongado de su ingreso a los mismos y hasta tanto se concluya el procedimiento de disposición definitiva, siempre que los dueños no comparezcan al Juzgado de Faltas ni manifiesten en forma expresa la voluntad de cumplimentar sus obligaciones y retirar los vehículos.
Por otro lado, la flamante ordenanza permite rematar administrativamente automotores, motocicletas y otros móviles depositados en los 6 predios de los que dispone la ciudad luego de transcurridos 45 días de estadía.
“Administrativamente” implica en la práctica que el Estado municipal podrá cobrarse deudas generadas por infracciones de tránsito, incumplimiento de pago de tributos que gravan al vehículo o por el cargo producto de su permanencia en corralones.
Actualmente, la comuna sólo puede cobrar a los titulares de este tipo de bienes vía judicial, es decir, con remates autorizados por dictámenes de la Justicia, con todo lo que temporalmente eso implica.
Según se estableció, las subastas deberán ser efectuadas con la intermediación de uno o varios Martilleros Públicos con Matrícula Profesional vigente en la Provincia de Córdoba y tendrán expresamente prohibida su adquisición los funcionarios públicos y empleados de la Municipalidad de Córdoba, sus cónyuges y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad.
Cavallo había expresado en oportunidad de la presentación del proyecto al Concejo Deliberante que “la idea no es quitarle los autos a la gente, ni que la Municipalidad se los apropie”. “Por eso incluimos la posibilidad de que si el titular no tiene puede pagar en el momento, sea una opción hacer una garantía prenda y evitarle los costos que tiene la permanencia del vehículo en los corralones. El objetivo primordial de la futura ordenanza es descomprimir los predios por cuestiones ecológicas y para evitar robos”, subrayó.
Calculo de ingresos
De acuerdo a una estimación ofrecida por la secretaría de Transporte de la Municipalidad, los ingresos por la subaste de vehículos de todo tipo (utilizables y chatarra) asciende a unos 3 o 4 millones de pesos.
La información indica que en el depósito número 6 (camino a Interfábricas), por ejemplo, existen unos 20 mil autos y 10 mil motos inutilizables.
