La penúltima batalla

Por Gonzalo Neidal

p10-1El fallo de la jueza Servini de Cubría es un duro golpe para la ambición del gobierno de reformar la Justicia y concentrar más poder en la mano presidencial.
En los días previos a la decisión judicial, podía leerse en la prensa oficialista, el gobierno abrigaba esperanzas de un fallo favorable. Pero no fue así. La jueza declaró la inconstitucionalidad de varios artículos decisivos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, dejando la puerta abierta a que sea la Corte Suprema la que resuelva de modo definitivo sobre el tema. Hoy, todo hace pensar que la resolución final del máximo tribunal tampoco será favorable al gobierno.
La resignación ante la derrota, lo sabemos, no forma parte de los atributos de Cristina Kirchner. Esto supone que, muy probablemente, transitemos hacia un escenario de conflicto de poderes, de imprevisibles consecuencias políticas e institucionales.
La vigencia de las instituciones republicanas, con el equilibrio de poderes que supone, no parece contarse entre las preferencias del kirchnerismo. En su concepto, el único poder legítimo es el ejecutivo, el presidencial. Lo demás no cuenta. Ni siquiera la Constitución resulta atendible. Todo lo que pueda entorpecer o limitar la capacidad de decisión del gobierno carece de legitimidad: son maniobras oscuras pergeñadas por demoníacos poderes corporativos con la sola intención de frenar la revolución en marcha.
La función de los jueces es administrar justicia, sí, pero sólo en la frecuencia deseada por el poder ejecutivo. Cualquier desviación de ese camino es, cuanto menos, destituyente.
Para presentar como simpática y necesaria la reforma judicial, el gobierno abandonó su filosofía jurídica previa, de índole garantista y se volcó con argumentos demagógicos hacia puntos de vista de los que siempre abominó. En varios discursos la presidenta se quejó con énfasis de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”, sin cumplir penas ejemplares proporcionales a los delitos cometidos. Acusó reiteradamente a los jueces de ser blandos y, en el caso Marita Verón, se quejó del fallo del tribunal tucumano que dejó libres a los sospechosos.
Súbitamente, la presidenta se volvió partidaria de la “mano dura” aunque hasta ese momento ella y los intelectuales que la rodean se mostraron inclinados al concepto jurídico que emana de Eugenio Zaffaroni, adscrito a un fundamentalismo garantista que supone un trato complaciente hacia la delincuencia o, al menos, escasamente severo. Pero este demagógico cambio de enfoque no le sirvió demasiado al momento de cosechar simpatías entre la clase media, principal demandante de firmeza en la aplicación de las leyes penales.
De todos modos, la argumentación era puramente distractiva ya que buscaba colectar adhesiones para un objetivo que no se confesaba: la concentración de poder en la función presidencial.
Pero todo fracasó. A la veintena de fallos adversos en todo el país se suma ahora el de la jueza electoral. Todas las puertas se han cerrado. Queda sólo el camino de la Corte Suprema, de pronóstico también adverso.
En la teoría política de Ernesto Laclau, en este aspecto tomada de Carl Schmitt, se pone énfasis en la construcción de un enemigo. Hasta ahora el gobierno ha logrado, mal que mal, su objetivo. El campo (“la oligarquía”), la prensa (“el monopolio”), fueron sucesivamente objeto de la ira presidencial. Es el tiempo de la Justicia (“la corporación judicial”). Pero no le está yendo bien en esta batalla. La Justicia ha reaccionado en defensa de la Constitución y las instituciones. En sus batallas anteriores contó con el apoyo o la indiferencia de franjas de los partidos políticos. El rechazo a la Resolución 125 fue aprobado a gatas, con el voto agónico del vicepresidente. La Ley de Medios contó con el voto de diputados y senadores de varios partidos políticos no kirchneristas. Pero la reforma judicial ya no tiene esas adhesiones.
La presidenta quizá no esté percibiendo que su estrella está en baja, que su tiempo se está terminando, que su gobierno está llegando al final. Así lo señalan las encuestas pero también la percepción de cada uno de nosotros. Como fuere, no está en su temperamento renunciar al objetivo de continuidad. Al contrario: el kirchnerismo no concibe la política fuera del ejercicio del poder. No tiene un programa para transitar el llano. Todo hace pensar, en consecuencia, que la apuesta será redoblada. Buscará mil y una maneras de avanzar sobre lo que la Justicia le niega. ¿Que eso supone una quiebra de la ilegalidad? ¡Qué importancia puede tener! Al contrario: el gobierno piensa que estas dificultades, estos rechazos, añaden chorros de épica a su ardua lucha por la liberación.
En todo caso, si el humor popular hacia los caprichos presidenciales va menguando, la quiebra del orden constitucional puede presentarse como una salida a tono con el estilo presidencial de presentarse como víctima de las fuerzas del mal.
No es la primera vez que los Kirchner desoyen las resoluciones judiciales, aún del más alto tribunal. Ya lo hicieron con la orden de restituir al procurador de Santa Cruz, también con la resolución atinente a la retribución de los jubilados y con el fallo que los obliga a distribuir la pauta publicitaria oficial con mayor equidad. No, lo que resuelva la Justicia no tiene ninguna importancia, si eso los obliga a rectificar políticas.
Pero inmediatamente después de esta batalla contra la Justicia vendrá otra aún más importante: las elecciones.
Ahí sabremos cuántos argentinos están dispuestos a seguir a la presidenta en este camino que puede abrir las puertas a un tiempo de quiebra del orden constitucional y, quizá, de violencia.