La semana de la Justicia

Por Pablo Esteban Dávila

lorenzetti equilibrista[dc]L[/dc]a evocación a “las semanas” tiene, en materia histórica, connotaciones muy fuertes. Según la Biblia, Dios creó al mundo en una de ellas (incluyendo un día de descanso), los Aliados bombardearon las industrias nazis en la denominada “gran semana” de principios de 1944, John Reed se refirió a los “Diez días que estremecieron al mundo” en relación a la revolución bolchevique (un plazo mayor a los 7 días, pero no tanto como para ser quincena), Hipólito Yrigoyen tuvo su “semana trágica” en 1919 y el primer gobierno argentino surgió tras la “semana de mayo” de 1810.
Las semanas conllevan, por lo tanto, la inevitable tentación de rotular los grandes acontecimientos y para simplificar las narraciones épicas. Sirven para encasillar hechos que, unidos por una trama en común, se comprimen temporalmente como preámbulo a consecuencias de alcances perdurables. La que hoy se inicia, por consiguiente, puede que califique como una de aquellas que serán recordadas en los próximos años.
El protagonista, como siempre, será el gobierno nacional, en tanto que el asunto que se encuentra próximo a desencadenar el tipo de secuelas que pueden reclamar para sí la descripción de “semana” es la llamada “democratización de la justicia”. Esta iniciativa, como se sabe, comprende un conjunto de leyes con el propósito final de alinear la corporación judicial que, conforme al pensamiento de Cristina Fernández, se obstina en poner palos en la rueda a su “modelo de acumulación de matriz diversificada e inclusión social” y sus reformas asociadas. Las dos leyes más polémicas de aquel combo –de las otras no se acuerda nadie– consisten en limitar las medidas cautelares cuando se acciona contra el Estado y en elegir, mediante votación popular, a los consejeros que integrarán de aquí en más el Consejo de la Magistratura. Estos consejeros, a diferencia de los diputados o senadores que deberán elegirse en octubre, deben ser votados en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) mediante una boleta especial que se sumará a las papeletas con que los partidos políticos están obligados a dirimir sus candidatos para las generales.
Tan pronto como cuando fueron enunciadas, la limitación de la cautelares y la elección popular de los consejeros merecieron feroces críticas por parte de la oposición y sectores vinculados a la justicia. Era un hecho que, tan pronto fueran promulgadas, ambas leyes sufrirían impugnaciones desde todos lados, cosa que efectivamente ocurrió. En los últimos diez días, casi una veintena de jueces han concedido medidas cautelares ante las que, entienden, podrían ser graves violaciones a la Constitución Nacional. De entre todas ellas sobresale el talante adoptado por la Jueza María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia en lo electoral.
El pasado martes, la jueza recibió la primera presentación contra la reforma e inmediatamente le dio traslado al Gobierno para que se expida en un plazo de cinco días. Este plazo vence hoy, y todo indica que se pronunciará sobre el fondo de la cuestión a más tardar mañana o el miércoles. Su resolución es importante por dos razones. La primera, porque la decisión que adopte será relevante para saber si las PASO deberán incluir la elección de los consejeros impugnados; la segunda, porque el gobierno nacional necesita un fallo en primera instancia para recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia mediante un per saltum. Mientras que la oposición cifra razonables expectativas en lo que finalmente resuelva Servini de Cubría, en la Casa Rosada el tema sólo interesa a efectos de forzar a la Corte a expedirse lo antes posible sobre el asunto.
Ricardo Lorenzetti, el prudente presidente del alto tribunal, ya ha dicho que el cuerpo se “expedirá inmediatamente” sobre este asunto, “en cuanto llegue una causa a estudio”. Todo el país aguarda tal momento. Aunque las opiniones más calificadas coinciden en afirmar que ambas leyes constituyen una verdadera calamidad jurídica, la Corte Suprema es la instancia más política del Poder Judicial, en donde no siempre la interpretación de las leyes se resume en la literalidad de su contenido.
¿Cómo podrían votar sus miembros? Esta es la gran cuestión. Sólo Eugenio Zaffaroni parece estar próximo al gobierno, aunque esto no signifique, por oposición, que el resto de los supremos se encuentren decididamente en su contra. Justo es decir que, en esta materia, la Corte aún no tuvo su bautismo de fuego. El resonado asunto de la Ley de Medios, que prometía el desguace del Grupo Clarín y que podría haber dado indicios ciertos sobre cuál es la real composición de fuerzas dentro del organismo, todavía no ha merecido una sentencia definitiva por parte del Tribunal. Otros asuntos de grave incumbencia institucional, como lo son las demandas cordobesas por los fondos de la Caja de Jubilaciones y la retención del 15% sobre la coparticipación federal de impuestos para financiar un déficit de la ANSES que ya no existe, esperan aún el veredicto final. Muchos han dado por sentado el enfrentamiento de la Corte con el gobierno pero –y salvo escaramuzas– este no se ha producido, al menos si por tal cosa se entiende algún fallo adverso sobre cualquiera de las decenas de decisiones presidenciales que se encuentran en los tribunales.
Es extraño que un gobierno que se manifiesta hastiado de que los jueces limiten la voluntad popular termine judicializando todas sus decisiones, aguardando ansiosamente que la cabeza de un poder del que desconfía y al que desprecia públicamente le otorgue el necesario visto bueno para continuar adelante con sus políticas. Esta contradicción es fruto de su propia praxis del poder. Al pretender “ir por todo” en cada una de sus decisiones, es inevitable que se avasallen derechos por doquier, con el inexorable recurso a la justicia de todos aquellos que se sienten damnificados por esta clase de abusos. El resultado es la parálisis, algo impensable para un oficialismo que cuenta con la mayoría en ambas cámaras del Congreso y que, en los últimos 10 años, ha nombrado a casi el 50% de los actuales jueces federales.
La dependencia de la presidente de las decisiones judiciales es obra de su exclusiva impericia. Hasta 2011 eran poco los magistrados que se atrevían a poner coto a las extravagancias del kirchnerismo. Ni siquiera la artera estatización de los fondos de las AFJP mereció serios reproches por parte de algún Juez. Es un hecho que, en los últimos diez años y en sus pleitos contra el gobierno, los inversionistas en general encontraron mayor receptividad para con sus reclamos en los tribunales internacionales que en los estrados argentinos, algo que fue interpretado como una prueba concluyente de la vocación oficialista de buena parte de quienes deben impartir justicia. Sin embargo, y dado que todo lo que se produce desde la Casa Rosada resulta en indisimulables excesos, Cristina Fernández supo granjearse la enemistad de la mayor parte de los jueces y camaristas. Ataques arbitrarios contra sus decisiones, descalificaciones personales y amenazas de una virtual intervención contra el Poder Judicial hicieron las veces de un revulsivo de aquellos que, hasta hace apenas dos años atrás, se asemejaban a mansos corderos frente a un lobo sin límites.
Sin embargo, y a modo de cruel paradoja, ahora el kirchnerismo depende de ellos. Con la lucha contra Clarín momentáneamente en el freezer, su nueva batalla es por la elección popular de los consejeros, una lid de final incierto. Porque, aun si lograse el plácet de la Corte para incluirlos dentro de las PASO, tampoco está claro que sus candidatos puedan vencer. La oposición ha aprendido después de tantas derrotas y las conversaciones para presentar una lista en conjunto en todos los distritos se encuentran muy avanzadas. Es un hecho que el Frente para la Victoria no obtendrá más del 35% de los votos, con lo que sus representantes al nuevo Consejo de la Magistratura quedarían en minoría ante los opositores. Es decir que, aún destrabando a su favor la controversia jurídica en la que se ha metido, la presidente podría lograr el efecto contrario a lo que busca, esto es, que la oposición designe y remueva a los jueces, algo semejante a una pesadilla que podría condicionar claramente a su gobierno en los dos años que le quedan de mandato.
Si Servini de Cubría cumple con su palabra, esta será una semana clave, de aquellas que pasan a la historia. ¿Cómo habremos de llamarla? ¿La del principio del fin de la hegemonía K? ¿La de la Jueza Federal? Se reciben apuestas entre aquellos con vocación de historiadores.