Un suicidio militante

Por Pablo Esteban Dávila

p3cordoba_paro201112_3_49942[dc]A[/dc]yer fue un día de furia contra la UTA. Los cordobeses, especialmente los de menos recursos, se quedaron sin colectivos por un nuevo paro de los choferes. Esta vez, la medida de fuerza vino con yapa. No sólo contó con la habitual unanimidad de los trabajadores sino que, además, se hizo ignorando una conciliación obligatoria dictada el martes por el Ministerio de Trabajo. Como si fuera poco, Alfredo “Cuchillo” Peñaloza hasta se dio el lujo de ignorar una intimación de la UTA nacional por la que se le requería “dar estricto cumplimiento” a la conciliación obligatoria y terminar con el paro.
Ante la irracionalidad gremial, las autoridades no se quedaron de brazos cruzados. Desde muy temprano, el viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, afirmaba que había iniciado las diligencias para declarar la ilegalidad del paro. Alrededor de las 11 de la mañana ya lo había hecho. El Intendente Ramón Mestre, habitualmente cauto, se despachó públicamente pidiendo a los choferes que “reflexionen y levanten” el paro, acusando a sus dirigentes de llevar al gremio a una “situación de irracionalidad y aislamiento”. La sintonía entre ambas jurisdicciones quedó nuevamente demostrada.
El declarar ilegal a paro fue una señal de gobierno provincial hacia la UTA Nacional. Dado que, a nivel local, el sindicato no tiene personería propia, la víctima formal de la medida es la conducción encabezada por su Secretario General, Roberto Fernández. Cualquier sindicalista sabe perfectamente que la ilegalidad es el camino más directo hacia la pérdida de la personería gremial, el bien más preciado de todo sindicato. El mensaje enviado por el viceministro Rodríguez fue bien recibido por Fernández, especialmente cuando ya era público y notorio que su exhortación del martes por la noche a Peñaloza había caído en saco roto.
La posibilidad de perder la personería por culpa de los díscolos cordobeses fue, por lo tanto, la gota que colmó el vaso. De inmediato, los teléfonos de Peñaloza comenzaron a tronar. Sólo insultos y amenazas se escucharon al otro lado de sus líneas, una presión que finalmente lo forzó a requerir a sus delegados que levantasen la huelga a partir de las dos de la tarde aunque, con una morosidad notable para los tiempos que corren, el servicio recién se restableció hacia la medianoche.
Las tensiones entre la UTA nacional y su filial local no son nuevas, pero ayer llegaron a un clímax indisimulable. Aquella se encuentra decididamente fastidiada de las pretensiones libertarias de su filial mediterránea, que se cree con derecho a ignorar las paritarias y exigir siempre mayores porcentuales que los logrados por sus colegas del resto del país. Históricamente, mientras las empresas y la municipalidad consentían tales pretensiones, la actitud de Buenos Aires era la de guardar un rencoroso silencio pero, con un problema legal de proporciones en ciernes, Fernández no dudó ayer en descargar su ira largamente contenida sobre el Secretario General local.
Amén de esto, Peñaloza reiteró, entre otros, un error clásico de su gremio. Ignoró nuevamente una conciliación obligatoria, reiniciando una protesta que estaba, técnicamente, en un compás de espera. No puede ignorarse que este instituto es, en el fondo, una creación voluntarista. No hay un poder fáctico, definitivo, que pueda garantizar su efectividad, más aún tratándose de un gremio poderoso. Sin embargo, en la generalidad de los casos, las conciliaciones suelen funcionar bastante bien, especialmente porque, en la cultura sindical argentina, es un rito de mediación que brinda la posibilidad de lograr un acuerdo razonable tras las inevitables escaramuzas que suponen las medidas de fuerza. Como buena creación del justicialismo clásico, esta instancia legitima la intervención “paternal” del Estado cuando las posiciones de trabajadores y patrones se encuentran en la vía muerta.
Un dirigente sindical de extracción peronista –y Peñaloza lo es– generalmente respeta el dictado de una Conciliación Obligatoria. Es una ficción útil para desmovilizar la tropa antes que sus demandas ingresen en un espiral del absurdo, como ocurre en todo conflicto. Pero los afiliados de la UTA hacen pito catalán a estas sutilezas. Para ellos, cualquier racionalidad es sinónimo de debilidad, un indicio de afeminamiento en el vigor de su protesta. Van por el todo porque siempre se han sentido con el macho de espadas en la baraja. Tradicionalmente, su desprecio por la ley no ha tenido mayores consecuencias, no obstante que, desde un punto de vista tendencial, tal presunción podría ingresar en el campo de los entredichos.
Cuando, a finales de los ´80, la UTA hacía un paro, sus efectos eran devastadores. Las escuelas suspendían las clases y las universidades se quedaban sin alumnos. A efectos prácticos, era como una especie de día feriado. Los patrones aceptaban los faltazos de los trabajadores varados en paradas sin esperanza y el gobierno relajaba sus de por sí laxos controles sobre el personal. Pero ahora es diferente. La gente protesta e insulta, pero igual concurre a sus trabajos. Los niños se las ingenian para ir a la escuela. Ni las empresas ni el gobierno toleran por estos tiempos la ausencia de sus empleados por el pretexto del colectivo ausente. La Ciudad ha creado anticuerpos cada vez más poderosos ante la prepotencia de un gremio cavernario.
Esto se traduce en aspectos más estructurales. En épocas de Ramón Bautista Mestre, el sistema de transporte urbano cortaba más de un millón de boletos diarios. Bajo la intendencia de su hijo, en cambio, sólo logra vender 600.000 por día, esto a pesar que la población ha crecido alrededor del 30% en los últimos 20 años. Es un hecho que la gente ha votado a través de sus elecciones cotidianas al trasladarse, y que lo ha hecho en contra de un sistema público que, en la práctica, se encuentra colonizado por choferes desquiciados, tan insensatos que hasta autorizan que el Intendente los toree – claro que a través de sus voceros – con amenazas de “descuentos, suspensiones o despidos” debido a sus inconductas. No es aventurado afirmar, por lo tanto y desde un punto de vista relativo, que la UTA de Peñaloza es decididamente más débil que la liderada por el recordado Miguel Díaz dos décadas atrás.
Nunca como en ninguna otra de sus infinitas medidas de fuerza se notó tanto la soledad de los choferes cordobeses. Despreciados por los usuarios, sancionados por las autoridades y amenazados por sus colegas nacionales, sólo el poder para inmovilizar la ciudad subsiste como su recurso indisputable. Pero dentro de poco tiempo, incluso este poder se habrá difuminado entre las diversas estrategias de movilidad que los ciudadanos parecen adoptar con mayor frecuencia ante un servicio cada vez peor. Sin dudas y al largo plazo, el actual comportamiento de la UTA será recordado como un masivo suicidio militante.