[dc]L[/dc]as acciones políticas tienen múltiples motivaciones. El acompañamiento gremial que recibió la UTA en su resistencia contra la privatización de Tamse, y que pretende llevar adelante el intendente Ramón Mestre, puede leerse en calve sindical, política, o, por qué no, en ambas. A las dos lecturas que se desprendieron desde estas páginas en los últimos días -la importancia del respaldo de los principales dirigentes sindicales, y la molestia que generó en la Municipalidad la presencia de dos legisladores de Unión por Córdoba en las escalinatas del Palacio 6 de Julio- se le podría agregar una más. Altas fuentes sindicales indicaron que uno de los detonantes del espaldarazo al gremio conducido por Alfredo “Cuchillo” Peñaloza, en algunos casos, fue impulsado por la “obligación” de protagonismo, necesaria para todo aquel que acredite representación del sector obrero. Una suerte de diputa de espacios que no pueden quedar vacantes.
En un principio, la acción solidaria estaba diagramada por el Sindicato de Luz y Fuerza y Judiciales. Luego se plegaron a la medida de fuerza los dirigentes de la CGT Regional Córdoba. Quizás un indicio puede ser -además de la información off the record- la comunicación de las notificaciones oficiales vía internet. Mientras que el gremio que conduce Gabriel Suárez manifestó su respaldo el sábado pasado, la confederación que conducen el ministro de Trabajo, Omar Dragún, y el titular del Sep, José “Pepe” Pihen, recién lo hizo en la misma jornada del paro de Uta.
Además de las motivaciones ideológicas (en contra de la privatización) y de las políticas que se pueden desprender del acompañamiento (la filiación delasotista de la central obrera y su incidencia en la relación Provincia-Municipalidad), la confederación que más gremios nuclea en Córdoba no podía estar ausente en el acto del lunes pasado, y dejar que los trabajadores de Epec usufructúen la acción de solidaridad.
Vale en recordar que, cuando la Municipalidad comenzó con el proceso privatizador de la Crese, se creó una multisectorial para contrarrestar la voluntad política del radicalismo y defender la continuidad de los servicios públicos en manos del Estado. En aquel colectivo de organizaciones estaban presentes Luz y Fuerza y Judiciales, que tuvieron un rol preponderante al presentar un amparo en la Justicia, para intentar bloquear el traspaso de la empresa de la recolección de residuos. Ni el Sep, ni la Uepc participaron de aquellas acciones.
Algunos dirigentes memoriosos recuerdan que en la normalización de la CGT Regional Córdoba, (mayo del 2011) la escisión del Suoem y Luz y Fuerza se produjo, entre otras cosas, porque el acta fundacional de la central obrera no incluía una clausula que explicite su oposición a cualquier proceso privatizador. Un dato que llama la atención; de hecho, tanto lucifuercistas como municipales integran la CGT Rodríguez Peña.
De todos modos, el respaldo de gran parte del arco sindical le da aire a Peñaloza para ponerse a la cabeza del conflicto. Aunque la situación en el frente interno de la UTA no sea alentadora, el acompañamiento de los principales referentes gremiales de la provincia multiplica el reclamo.
