Por Marcela Pistarini
[dc]C[/dc]on el proyecto “Modernización del sistema de compras y contrataciones”, que ingresó ayer en la Legislatura provincial, la Provincia se propone avanzar un casillero hacia la transparencia de las cuentas públicas, avanzada que comenzó apenas asumió el gobernador José Manuel De la Sota con la creación del Portal de Transparencia, en el que se publican una serie de datos sobre la gestión provincial.
La iniciativa tiene el sello del Ministerio de Administración y Gestión Pública, a cargo de Mónica Zomberg, quien ayer, acompañada por parte de su equipo, brindó los detalles del proyecto, el cual había sido anunciado por el gobernador en su discurso de apertura del periodo legislativo 2013.
La funcionaria presentó el proyecto como “un peldaño más en la mejora de la institucionalidad” del Estado, ya que asegura reglas de juego claras que permitirán “mejorar la eficiencia” de las compras y contrataciones del Estado y avanzar hacia una mayor transparencia, utilizando las herramientas que la tecnología ofrece.
En líneas generales, se trata de una ley marco, cuya reglamentación (que seguramente demorará un par de meses) arrojará mayores precisiones a las informadas ayer por Zomberg.
Por lo expuesto por la funcionaria, se podría decir que las novedades son tres. La primera que, a partir de la reglamentación de la ley, todas las compras y contrataciones del Estado serán publicadas en un Portal Web, que se creará para tal fin y en el que se proporcionará información (accesible para todos los ciudadanos) sobre qué, cómo, cuánto, cuándo y a quién le compró el Estado determinado producto o servicio. Este “blanqueo” de las compras del Estado estará acompañado por una mayor apertura a la hora de aceptar nuevos proveedores, quienes deberán inscribirse como proveedores del Estado vía web y se les exigirán requisitos de acuerdo al tipo de producto o servicio que provean (hoy, no hay diferencia entre lo que se les pide a las grandes empresas que, por ejemplo, participan en una licitación millonaria, con lo que se les exige a los pequeños comerciantes).
La segunda novedad es la creación de un Órgano Rector, que dependerá del Ministerio de Administración y Gestión Pública, y tendrá a su cargo la tarea de homogeneizar la normativa, que incluye un compendio único de normas (una ardua tarea, ya que existe un sinúmero de decretos y resoluciones que hay que unificar), así como también el diseño de procedimientos y circulares tendientes a lograr un sistema de compras y contrataciones más eficiente. Entre las tareas a cargo de este Órgano, que dependerá del propio Ministerio de Administración y Gestión Pública, también se encuentra la confección y administración de un catálogo de bienes y servicios (todo lo que demanda el Estado), que actualmente está compuesto por unos 15.000 ítems.
Subasta electrónica
La tercera novedad es la incorporación de la subasta electrónica como un nuevo instrumento de selección de proveedores. Se trata de un sistema probado con éxito en distintas partes del mundo y también en otras provincias del país. Permite la participación de un gran número de proveedores, por lo que amplía las posibilidades del Estado de elegir por la opción más conveniente. Se implementará en aquellas compras inferiores al 1,5 millón de pesos. Funciona de la siguiente manera: el Estado publica en la web el bien o producto a adquirir, se abre la subasta y los proveedores inscriptos (la inscripción es gratuita) hacen sus ofertas, permitiendo que quien así lo considere baje su precio si es que quiere mejorar la oferta de otro proveedor. Así, la subasta electrónica se suma a las demás herramientas de compra y contratación existentes, como la la contratación directa (para montos inferiores a los 50.000 pesos), compulsa abreviada (una especie de concurso de precios con al menos 3 oferentes) y la licitación pública.
Según explicó Zomberg, además del precio, la idea es también tener en cuenta otros aspectos a la hora de elegir el proveedor, tales como los vinculados con la sustentabilidad y la responsabilidad social.
El ámbito de aplicación será el de todas las dependencias del Estado, mientras que los organismos descentralizados podrán optar por adherir a la norma, cuando no tengan una reglamentación que la suplante.
El costado flaco de la iniciativa es que la misma excluye las contrataciones de personal y obra pública, las cuales seguirán regidas por la normativa vigente para tales casos.
