El Tribunal Superior de Justicia falló en la disputa por la Presidencia del Concejo Deliberante que enfrenta a oficialismo y oposición. Hizo lugar al reclamo de los segundos y el cuerpo deberá definir sus autoridades nuevamente, ahora ante la presencia de un veedor judicial.
Provincial 07 de mayo de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
El conflicto que paralizó al Concejo Deliberante de La Calera estaría próximo a llegar a su fin. O, al menos, su faz jurídica. El TSJ notificó ayer a los interesados directos una resolución que zanja la controversia ordenando la realización de una nueva sesión en la cual deberán definirse las autoridades del cuerpo, tras la accidentada sesión del 23 de febrero.
En aquella ocasión, el oficialismo había llevado a consideración del recinto la “ratificación o rectificación” de las autoridades designadas en la sesión preparatoria del 12 de diciembre del año pasado y la oposición, en una jugada coordinada Analía Marcos (UCR), se unió para respaldar a la edil (hasta entonces) oficialista en su aspiración de hacerse con la Presidencia del Concejo, desplazando a Sofía Fernández, la elegida por el intendente Fernando Rambaldi para presidir el cuerpo.
El oficialismo desconoció la elección de Marcos, alegó que la sesión ya había quedado levantada por Fernández Montero al momento de la votación y se defendió denunciando una zancadilla por parte de los opositores, que percutieron sobre la interna del bloque Juntos por La Calera respaldando las pretensiones de Marcos. Además, se exculpó invocando un “error material involuntario” en el acta que propuso “ratificar o rectificar” las autoridades del recinto. Según entienden los oficialistas, no era necesario llevar el asunto consideración, ya que la vigencia de la elección de Fernández Montero en diciembre era suficiente para presidir el recinto por todo el período legislativo 2024.
En cualquier caso, los opositores decidieron judicializar el asunto llevándolo ante el TSJ, que tiene competencia originaria para entender en los conflictos internos municipales por disposición de la Ley Orgánica Municipal.
El fiscal emitió dictamen entendiendo que el reclamo era admisible y recomendando avanzar en una medida cautelar que paralizara la situación. Ergo, avalando la posición de la oposición. Y en ese estado del expediente, el oficialismo desembarcó reclamando al TSJ que no vulnerara la autonomía municipal y achacándole haber violado el procedimiento establecido por la ley (8.102, art. 128) al correr traslado a la Fiscalía antes de haber oído a la contraparte.
Esa audiencia se celebró el pasado jueves. Ambas partes plasmaron su posición, no arribaron a un acuerdo, y el TSJ resolvió ayer.
El máximo tribunal dispuso que el Concejo Deliberante debe convocar a una nueva sesión para definir sus autoridades, y que tal sesión deberá celebrarse ante un veedor del tribunal. Además, insta a Fernández Montero y a Marcos a “abstenerse de modificar la situación fáctica y jurídica que origina la presentación (…) como así también suspender toda medida relacionada con el ejercicio de las funciones que se arrogan”.
La sesión deberá ser convocada en los próximos cinco días hábiles y será presidida por Fernández Montero, por ser quien detentaba la Presidencia del Boque hasta antes de la sesión del 23 de febrero “a los fines de la elección y/o ratificación de su Presidente y demás autoridades del cuerpo”.
Con el fallo del TSJ, la oposición, liderada por Gastón Morán y Facundo Rufeil, ve reforzada su posición, y la gestión de Rambaldi suma un traspié. Hasta donde pudo saber Alfil, la cohesión entre los concejales de la oposición y Marcos sigue vigente, con lo cual el oficialismo podría quedarse sin la Presidencia del Concejo, al menos, por todo el 2024.
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