Llaryora achica un 11,5% gasto salarial en transporte

UTA también avaló el pago del 75% de los sueldos de forma no remunerativa y el 25 % restante con cargas del personal de Tamse. Fetap analiza replicar la propuesta de la empresa estatal. El paro en el transporte seguirá hasta que se cancele el 100% de la deuda salarial.

Por Yanina Passero
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transporte-UTAPor primera vez, el transporte urbano de pasajeros perdió la categoría de “esencial” que le asignó discursivamente cada intendente de turno. La disputa semántica del poder político con la UTA tomó forma de ley en 2017, cuando se jerarquizó el servicio y se limitó la protesta. La Legislatura reforzaba la embestida del radical Ramón Mestre contra los díscolos de UTA que encabezaban una protesta que duró nueve días.

El recurso legal, en esta oportunidad, dormirá el sueño de los justos por una razón estrictamente sanitaria y se entiende. El intendente Martín Llaryora ya dejó claro que desalentará el uso de los colectivos por considerarlos un verdadero foco de contagio del Covid-19. La definición anticipó que no se apelará a la esencialidad del transporte en este contexto extraordinario, pese a que ya se cuentan 18 días sin servicio en la ciudad.

Sin embargo, el peronista comenzó a moverse políticamente para obtener recursos extra para que los choferes puedan cobrar los sueldos adeudados desde abril y los meses que siguen, anticipándose a las gruesas modificaciones que se vienen para adaptar el servicio a la “nueva normalidad”. Con las dificultades que la empresa supone, proliferaron las reuniones durante todo el fin de semana para contener la protesta gremial pública prevista para hoy.

La titular de UTA, Carla Esteban, había anunciado una movilización masiva pese a las restricciones impuestas por el aislamiento social obligatorio, tras rechazar un acuerdo el pasado viernes que imponía un pago no remunerativo del 79 % a los trabajadores que se encuentren dispensados de asistencia y jornada reducida para aquellos que debieran cumplir servicios, cuyo pago sería de igual proporción a la categoría anterior. Otros de los ítems anticipaba que no habría desvinculaciones hasta el 31 de julio, fecha en la que caducaba la propuesta.

Decíamos, Llaryora apura un juego doble que consiste en presionar con otros pares a la Nación por una “distribución más equitativa” de los subsidios nacionales, mientras intenta reducir el “costo Córdoba” del transporte. Cabe recordar que el convenio de UTA tiene cláusulas ventajosas para los choferes como por ejemplo la jornada laboral de siete en lugar de ocho horas, el pago de antigüedad en el orden del 2 %, o la compensación por “tareas previas y posteriores”, por citar pocos ejemplos. El combo encarece la prestación y agota las partidas subsidiadas con mayor rapidez si se compara con cualquier plaza similar del territorio nacional.

Para modificar el convenio se requiere del consenso de las partes y UTA rechazó de plano cambios permanentes. Ciertamente, la deuda salarial que mantiene la Fetap con los choferes de Ersa y Coniferal, y el municipio con los de Tamse, es un problema que quema en los despachos del Palacio 6 de Julio porque el jueves pasado quedó en evidencia que los representantes sindicales no le temen a los desbordes, sanciones patronales o acciones penales.

Es por eso que desde el Palacio 6 de Julio avanzaron con medidas concretas para contener el gasto. En la noche de domingo, se firmó en las oficinas de Tamse, presididas por Marcelo Rodio, un acuerdo entre la empresa y la Asociación de Personal Jerárquico de Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba y Afines (A.Pe.Je.T.A.P.), uno de los dos sindicatos que nuclean a los empleados del sistema urbano, con el fin de resolver el conflicto gremial que suma hoy 19 días de paro.

“En particular, el trato consiste en lograr un ahorro considerable al reducirse temporalmente la presión impositiva de las cargas patronales, teniendo en cuenta la no concurrencia a los lugares de trabajo desde el inicio del aislamiento obligatorio. Además, este convenio no afectará el salario de bolsillo de los empleados y permitirá a la empresa completar el pago de los sueldos del mes de abril en dos cuotas, la primera el martes 26 de este mes”, explicaron en un comunicado que, como se preveía, la UTA rechazó.

La confirmación de que no llegarán partidas nacionales que apuren un salvataje y desactiven el paro, obligó a los integrantes de Hacemos por Córdoba a convocar nuevamente a la UTA a la mesa de negociación y hacer extensivo el “acuerdo Tamse”. Llaryora; el viceintendente, Daniel Passerini; la titular de la seccional local del sindicato, Esteban; Gustavo Mira, por Fetap y Rodio, por Tamse, deliberaron hasta pasadas las 22 horas del lunes. La cumbre terminó con un saldo positivo para las finanzas municipales: la empresa estatal de transporte logró el aval de la conducción para proceder a un reajuste que generará un ahorro mensual del 11,5 % promedio del gasto mensual de transportista pública.

En tanto, la cámara que representa a Ersa y Coniferal se llevó las pautas de la tratativa para analizarlas con sus abogados, aunque desde el municipio se mostraban optimistas y consideraban que suscribirían.

El acuerdo con Tamse

Fuentes municipales y sindicales informaron anoche las condiciones del pacto que no modifica el convenio colectivo de trabajo pero que redundará en ahorros. Desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre inclusive, las conductoras y empleados de Tamse percibirán el 75 % de sus haberes de manera no remunerativa, mientras que el 25 % restante se liquidará de manera habitual. En la práctica, esto no afectará el ingreso de bolsillo de los trabajadores, pero aligerará la carga patronal.

Otra de las condiciones políticas para cerrar el acuerdo incluyó la designación de Esteban como delegada obrera de Tamse y la liquidación de los haberes adeudados en la jornada de hoy. Por último, el intendente Llaryora abonará a todas las concesionarias del servicio $15 mil por empleado, en concepto de adelanto de subsidios nacionales.

Sigue el paro

La negociación entre el Ejecutivo, el presidente de Tamse y UTA llegaron a buen puerto y es probable que el beneficio directo impacte en la paz social. Funcionarios y sindicalistas coincidían en que la solución a la crisis del transporte, agravada por la pandemia, no se encontraba en esa mesa, sino que depende directamente de la Nación.

En otras palabras, esto implica malas noticias para los usuarios. “La medida de fuerza se levanta si pagan la deuda con los trabajadores”, concluyó Esteban al término de la reunión.