Realpolitik progresista

Los socios minoritarios de Hacemos por Córdoba optaron por el pragmatismo, evitando ofuscar al socio mayoritario y desencantar a las bases.

Por Javier Boher

La política es una actividad humana básica, que la mayoría coincide en plantearla como dos posibilidades: la política puede ser entendida como profesión o como vocación.

En este último caso, la vocación política emerge todo el tiempo. Se puede ver en el que quiere organizar un asado con los amigos, el que intenta convencer a los vecinos para que todos pinten su casa o el que se quiere posicionar ante el jefe para lograr un ascenso. Todo eso tiene que ver con la política entendida en sentido amplio, como una actividad naturalmente humana.

La política como profesión, sin embargo, le agrega otra variable. Ya no se trata solamente de una actitud frente a la vida (como camino para resolver disputas o conflictos de interés), sino también de una actividad que puede valer el sustento. Ser un profesional de la política implica no tanto una maestría en su ejercicio sino más bien un ejercicio rentable.



Claramente que esa rentabilidad no es pura y exclusivamente en términos económicos individuales (aunque también lo sea). Si los partidos políticos aspiran a llevar su agenda al debate público y a impulsar a sus cuadros para ocupar el gobierno, es lógico esperar que -ante la posibilidad de premiar a la militancia con algún lugarcito en el Estado- los dirigentes se muevan para que la vocación política se pueda convertir también en una profesión.

La votación del miércoles en la legislatura dejó en evidencia que el pragmatismo es lo que manda cuando se trata de ser un profesional de la política. En definitiva, ¿cuántos futbolistas han vestido las camisetas de Balgrano y Talleres, o de River y Boca? Si se vive de lo que a uno le gusta -y sabe- hacer, no hay que ponerse muy exquisito con los colores que se visten.

La reforma previsional impulsada por el gobierno provincial dejó en evidencia la falta de contrapesos en nuestro sistema político. La abrumadora mayoría del oficialismo se puso en marcha y -con la disciplina partidaria que lo caracteriza por su verticalismo castrense originario- consiguió dos tercios del total de la cámara y tres cuartas partes de los votos de los presentes.

Ante esa realidad, los socios minoritarios de esa alianza que se plasmó en la provincia cuando la tercera vía lavagnista era un sueño húmedo nacional en los inicios de 2019 quedaron condicionados por el marco. Los socios progresistas de Hacemos por Córdoba debieron acomodarse a la incomodidad de ir en alianza con un poder que lleva dos décadas de hegemonía en la docta.

Los tres oficialistas que optaron por la abstención fueron Juan Carlos Castro (del partido FE, de extracción sindical), Matías Chamorro (del Partido Socialista) y Doris Mansilla (de GEN). Castro publicó en redes su fundamentación sobre su actitud, bastante loable. Chamorro y Mansilla tenían (a la hora de redactar esta nota) los comunicados que sus partidos a nivel nacional emitieron para cuestionar el congelamiento de jubilaciones dispuesto por el kirchnerismo (que le aumenta a los jubilados la mitad de lo que dice el texto de la ley). Sugestivo (y culposo) silencio.

El socialismo democrático, la socialdemocracia, el progresismo o cualquiera de tales denominaciones, demuestra que le falta coraje para ser de izquierda clasista y le sobra civilización para ser peronista. Pese a esa tibieza originaria, a ninguno le tembló el pulso para ejercer un pragmatismo que les permita a todos mantener en pie su alianza.

El proyecto ya estaba aprobado antes de abrir la sesión. ¿Ganaban algo los progresistas por oponerse a la voluntad del socio mayoritario? En definitiva, es la voluntad de este último lo que mantiene a los militantes viviendo de la política como una profesión. ¿Podían aprobarlo abiertamente? Tampoco, porque “las bases” (si es que le quedan) iban a reclamar la traición a las banderas de lucha por los derechos de los menos favorecidos.

Así, más allá de whipalas, banderas del orgullo gay, fotos de perfil con gorra verde oliva con estrella roja guevarista o abrazos con referentes populares, los progresistas del socialismo y el GEN demostraron que -aunque les encanta señalar con la misma superioridad moral que caracteriza a las izquierdas- en última instancia también sucumben a los designios del mercado de la política, que paga las lealtades con cargos en la nómina del Estado.

No hay dudas de que el conflicto de la Caja de Jubilaciones debía resolverse si se pretende que Córdoba sea sustentable en el largo plazo. Sin embargo, es al menos levemente risible que los que se golpean el pecho defendiendo a “les abueles” elijan callar por la conveniencia de pagar políticamente a los militantes por su compromiso permanente.

Vivir la política como profesión implica vivir de la política más allá de la fe que se profesa. No tiene absolutamente nada de malo que la vocación política marque el rumbo de la práctica política. Está claro que los que sobreviven y pueden hacer de esta última un medio de vida ad eternum son los que saben acomodarse con el viento, forzando un poco las banderas que se dice defender.

En definitiva, los que no ceden ante esas tentaciones están condenados a desaparecer progresivamente del mapa, ejerciendo su vocación política en entornos alejados del poder real. Los que se dedican a la política como profesión no entienden de esas cosas.