La mejor iniciativa, con los peores modales

Vale decir que la Caja sirve a los empleados públicos y que, como tal, debería financiarse exclusivamente por sus aportes. Es central comprender este concepto.

Por Pablo Esteban Dávila

Cuando se habla de la Caja de Jubilaciones de Córdoba debe andarse con cuidado. Técnicamente no es “de Córdoba”, esto es, de toda la provincia como unidad político – territorial, sino del Estado provincial. Como tal, es una organización que sirve a los empleados estatales (de todos los poderes y en sus diferentes niveles) y a los de EPEC.

Debe tenerse en cuenta, además, que la Caja debería pagar jubilaciones acordes con los fondos que le ingresan de parte de los empleados activos, de allí su autarquía. Se supone que esto es lo que sucede con un sistema “de reparto”, en contraposición con el funcionamiento de uno de capitalización y ahorro individual, como lo era el de las fenecidas AFJP.

Vale decir que la Caja sirve a los empleados públicos y que, como tal, debería financiarse exclusivamente por sus aportes. Es central comprender este concepto.



¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Muy simple: lo que le ingresa por este concepto no cubre el monto de los beneficios que paga. Esta cuenta del almacenero determina que, todos los años, sin excepciones, el gobernador y su ministro de finanzas deban mendigar ante la Nación para que la ANSES gire los billetes necesarios para cubrir el déficit. Si no lo logran -cosa que a menudo ocurre- deben financiarlo echando manos a rentas generales, es decir, a los impuestos que pagan todos los contribuyentes, hayan o no aportado a la Caja.

Esto, por supuesto, no es justo. Los que no trabajan en el Estado no tienen por qué pagar los platos rotos de quienes sí lo hacen. El asunto se vuelve todavía más ingrato al comprobar que, en promedio, las jubilaciones provinciales triplican a las que perciben los cordobeses que contribuyen al sistema nacional. En buen castizo, esto significa que los contribuyentes, muchos de los cuales cobrarán magros beneficios al momento de su retiro, deben aportar todo el tiempo para que los jubilados de la provincia gocen de ingresos mucho más elevados de los que reciben sus homólogos del sector privado.

Hay ejemplos enervantes. Por caso, que los magistrados se jubilen a los 60 años y no a los 65, como si impartir justicia en tribunales fuese una actividad de riesgo. O que haya pasivos que cobren mucho más que el gobernador, o que otros cobren una jubilación importante y una pensión no menos sustantiva por su cónyuge fallecido, también pasivo de la provincia. O que el cálculo de los haberes jubilatorios se calcule sobre los últimos cuatro años en lugar de los diez que se establece en la Nación, o que los beneficios se actualicen automáticamente con los incrementos salariales de los activos, cuando en el ANSES lo hacen por un decreto discrecional del presidente.

Es un hecho que la Caja socializa sus pérdidas pero es muy privada para asignar sus recursos. No hace falta ser muy agudo para concluir que se trata de un esquema profundamente inequitativo, que en otras latitudes merecería el repudio popular. No obstante, en un país como la Argentina, que suele confundir el interés del Estado (y el de sus integrantes) con el interés de la sociedad en general, el debate de fondo se había postergado indefinidamente. Los parches que se intentaron a la ley de jubilaciones en la última década, pese a las enconadas resistencias de los empleados públicos, no alcanzaron a hacer de la Caja una organización sustentable.

La crisis derivada del Covid-19 generó una ventana de oportunidad para que el gobernador Juan Schiaretti metiera el bisturí hasta el hueso. Una economía devastada, recaudación en caída libre e indicadores de pobreza que asustan fueron los argumentos implícitos para enviar una ley como la aprobada ayer por la Unicameral. El aislamiento social, preventivo y obligatorio colaboró, asimismo, para que las protestas tuvieran un carácter eminentemente mediático, sin el nivel de conflictos de experiencias anteriores.

Sin embargo, la equidad inherente a la reforma impulsada por el Centro Cívico quedó eclipsada por el método elegido para imponerla. Entre la presentación del proyecto de ley y su aprobación transcurrieron apenas diez horas. Es obvio que no puede haber un debate serio en semejante interregno. Ni oficialistas ni opositores conocían, al menos con el imprescindible nivel de detalle, el texto de lo que estaban votando. Hasta al más comprensivo analista se le hace difícil aceptar esta metodología.

La República se basa en valores que se expresan a través de formas, de modales institucionales. En este sistema, las formas son la sustancia. Cuando a duras penas se las respetan (el trámite que siguió la legislatura en su sesión virtual fue, en definitiva, penosamente legal), se pone en riesgo el carácter republicano de un gobierno.

Los malos modales observados opacaron la impostergable iniciativa impulsada por el gobernador. La entidad del asunto, no solamente para los empleados estatales (implicados directos de la trama), sino también para la sociedad en general, merecía un debate puro y duro, sin concesiones. Pero se eligió la vía más rápida, al igual que lo hizo José Manuel de la Sota en 2012, cuando él mismo se apersonó en la Legislatura y requirió el tratamiento sobre tablas del diferimiento en el pago de los incrementos jubilatorios.

Seguramente primó el cálculo táctico de que, si se abría un discusión profunda sobre el asunto, los estatales generarían un campo de batalla en toda la ciudad, igual que lo iniciaron en 2008. Los estrategas del Panal prefirieron ponerse colorados una vez antes de exponerse a trifulcas, vandalismo o negociaciones indeseadas. Una lástima.

Ahora bien, tampoco debe soslayarse que en Córdoba es siempre difícil hablar clara y civilizadamente. Los problemas de la Caja vienen de larga data y nunca nadie se había atrevido a ponerle el cascabel al gato, simplemente porque las presiones y amenazas de los empleados públicos (que rara vez son sancionados por sus desmanes) eran lo suficientemente brutales como para inhibir cualquier cambio, incluso los más racionales. Y, para empeorar las cosas, el apoyo de la sociedad, siempre más nominal que real, tendía a evaporarse tan pronto comenzaban las pedradas o el olor a neumáticos quemados.

Con estos antecedentes en cuenta, el camino escogido por el gobierno parece una avivada insoslayable, necesaria, pero que no lo exculpa a pesar de la estricta justicia de la reforma impulsada. La democracia no puede ser una partida de truco, a riesgo de perder lo único que la hace mejor al resto de los gobiernos conocidos, que no es otra cosa que el respecto a las reglas de juego.