Daniele apela al respaldo de la Nación, ¿carta fuerte o plan “C”?

El Suoem, en retroceso, se revuelve y busca algún resquicio que le permita nivelar su situación frente al Palacio 6 de Julio. Su última iniciativa: buscar el respaldo del oficialismo nacional. Difícil. Quien se alce por el gremio deberá postergar sus pretensiones electorales en Córdoba.

Por Felipe Osman

En el marco del conflicto desatado entre el sindicato municipal y la actual gestión por la sanción de una ordenanza que reduce la jornada -y, proporcionalmente, el salario- de los empleados y permite al Ejecutivo “reestructurar” la planta municipal y “limitar” los interinatos vigentes, el Suoem sostuvo esta semana reuniones con referentes cordobeses del Frente de Todos para buscar, apalancándose en este espacio, un golpe de efecto que lo devuelva a la pelea.

Debe decirse, en primer lugar, que se trata de un plan subsidiario, al que el sindicato decide echar mano ante la imposibilidad de avanzar en un plan de lucha más ceñido a su actuar habitual. En rigor, todas las iniciativas que el sindicato ha lanzado lo son. En circunstancias ordinarias el Suoem no buscaría la solidaridad de otros sindicatos ni centraría su resistencia en el plano judicial, y menos aún se encomendaría al respaldo de un espacio político. Pero las circunstancias actuales distan de ser las ordinarias, y es por esto que el gremio ha debido renunciar a las grandes movilizaciones y la destrucción del erario público como mecanismo de presión, aventurándose en nuevas estrategias defensivas.

Ante la avanzada del PJ, la conducción del Suoem ha pedido intervención a los referentes locales del Frente de Todos y ha logrado un apoyo parcial de este espacio. Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba que consiguió su banca en las elecciones legislativas de 2017, presentó ante la Cámara Baja un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo Nacional interceda a favor de los empleados municipales por entender que la ordenanza sancionada por el municipio contradice lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20, que prohíbe suspensiones y despidos durante los 60 días de su vigencia.



La eficacia jurídica de esta iniciativa es más que dudosa. No sólo no está claro que la ordenanza contradiga al DNU en cuestión, ya que no dispone despidos ni suspensiones, y la presunta contradicción surgiría de una interpretación laxa del artículo 4to del decreto; sino que además quedaría por verse hasta qué punto la norma nacional no terminaría avasallando la autonomía municipal.

Pero dejando de lado lo estrictamente jurídico, cuál es la fuerza de la jugada en términos políticos. En primer lugar, la iniciativa fue firmada –en Córdoba- por Pablo Carro y Eduardo Fernández, y no así por la principal referente cordobesa del espacio, la diputada nacional Gabriela Estévez. Pero más allá de esto, vale preguntarse si el intermediario conseguido por el Suoem es un operador con buena llegada en Buenos Aires. No parecería ser el caso.

En primer lugar, Carro -a diferencia de Estévez- no tiene trato directo con las altas esferas del kirchnerismo. Pero más allá de esto, hay quienes apuntan que en Capital Federal el diputado quedó muy cuestionado por ser uno de los principales promotores de la candidatura de Franco Saillen a la Cámara Baja en las últimas elecciones. El entonces candidato quedó -en plena campaña- en el ojo de la tormenta por su imputación en la causa del Surrbac, que vino también acompañada de la detención a los líderes últimos del sindicato, Mauricio Saillen y Pascual Catrambone.

En segundo lugar, cabe preguntarse qué espacio político con pretensiones electorales en la provincia se arremangaría para interceder por el sindicato que más antipatía genera entre los cordobeses.

Seguramente el albertismo no tendría ningún interés en hacerlo. Con una imagen que alcanza niveles de aprobación insospechados por efecto de una gestión de la pandemia muy bien calificada por la opinión pública, Alberto Fernández se ve ante la posibilidad de romper el techo de cristal que en Córdoba le impone su sociedad con Cristina Kirchner. Con chances de saltar sobre la grieta en la provincia, ¿dejará esto de lado para apadrinar el reclamo del Suoem?

Parece poco probable. La única posibilidad sería que el kirchnerismo duro, referenciado únicamente en la vice presidenta, decidiera acudir en auxilio del sindicato. Hacerlo, se presume, no le depararía mayores consecuencias. Su suerte electoral en Córdoba parece estar signada. Y hay quienes entienden que, por otro lado, forzar un aval de Fernández hacia el sindicato le traería la “ventaja” de minar las expectativas electorales del presidente. El razonamiento sería el siguiente: “en tierras muy poco fértiles para el crecimiento del cristinismo, mejor que tampoco crezca el albertismo”. Esto permitiría al kirchnerismo mantener una relación de poder dominante frente a AF.

Sin carecer de lógica, el razonamiento luce débil por depender de demasiadas circunstancias. En primer lugar, que el kirchnerismo duro quiera favorecer al sindicato, que no parece tener un operador con buena llegada a Buenos Aires. En segundo término, que tenga la voluntad y la fuerza para exigir una intervención del Ejecutivo a favor del Suoem. Todo esto en un momento en el que las preocupaciones de la Casa Rosada pasan por lugares bien distintos: la deuda y la cuarentena; y en un escenario que seguramente demandará ajustes similares al decidido por el Concejo Deliberante Cordobés en muchas otras jurisdicciones. Demasiados condicionantes…