Cárceles: éxito de operativo “DDHH para los nuestros”

La influencia de Zaffaroni y de otros operadores del Gobierno dio frutos. Boudou se sumó a D’Elía en la fila de privilegiados que sin integrar el grupo de riesgo accedió al beneficio de la domiciliaria.

Por María del Pilar Viqueira

Al parecer, los presos kirchneristas son más vulnerables a contraer coronavirus.
El mismo tribunal que el 27 de marzo le negó la domiciliaria a Amado Boudou, condenado por el caso “Ciccone”, al estimar que no integra el colectivo propenso a contagiarse en la cárcel, cambió de opinión y le concedió el beneficio.
Poco importó que el Servicio Penitenciario Federal no lo incluyera en el listado de internos que integran el grupo de riesgo que los magistrados tienen a la vista para resolver los pedidos de morigeración de encierros.
A última hora de lunes, integrado solo por Daniel Obligado, actuando como juez de Ejecución Penal, el Tribunal Oral Federal 4 -que llevó adelante el juicio por “Cicone”- mandó al ex vice, de 57 años, a su casa.
“El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid-19 trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales”, escribió el magistrado que hace 10 días, junto a sus pares, aclaró que la pandemia no era motivo para disponer salidas automáticas de prisión.
Obligado, a quien algunos medios nacionales le enrostran haberse reunido con Aníbal Fernández antes de dictar su fallo, tomó en cuenta que Boudou tiene dos hijos y que su pareja es el único sostén emocional de los infantes, un argumento que podría usarse en la mayoría de los planteos de otros hombres privados de su libertad.
También hizo hincapié en la “falta de firmeza” de lo que definió como “la pretendida condena” que se le impuso a Boudou, otra circunstancia que involucra a miles de internos.
La alarma por la propagación del coronavirus en el país potenció la crisis del sistema penitenciario y Boudou capitalizó la situación. Fue el primer preso por hechos de corrupción durante el kirchnerismo que reclamó salir de la cárcel, el 17 de marzo. La Corte, primero, y el Tribunal Oral Federal 4, después, le negaron la domiciliaria. Sin embargo, algo cambió y hace unas horas su reclamo fue admitido por el sentenciante que lo responsabilizó por la comisión de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Se sumó a Luis D’Elía en la nómina de acreedores de privilegios. El penado por la toma de la comisaría 24 en La Boca se irá a su vivienda luego de que le den el alta del sanatorio Anchorena, en donde fue internado el fin de semana por orden del Tribunal Oral Federal 6, por un cuadro febril y, según su abogado, “síntomas del coronavirus”.

Temor
No hay positivos en los establecimientos penitenciarios federales, pero el piquetero, que antes no logró convencer a los jueces de que su salud pende de un hilo, apostó al efecto temor por su cuadro actual.
Ambos decisorios se dictaron luego de que el ex supremo y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni pusiera en marcha el operativo “DDHH para los nuestros”.
La semana pasada, como en otras oportunidades, acudió en defensa de Boudou, uno de los tantos delincuentes de alta gama que operó durante el kirchnerismo.
Zaffaroni emitió su propio fallo sobre la negativa de la Máxima Instancia a tratar la solicitud de su protegido y se la atribuyó a su presidente, Carlos Rosenkrantz, a quien acusó de ser “la voz de Clarín” que “le pega a Boudou por hacer desaparecer la jubilación privada”.
El gurú de Justicia Legítima y alcahuete consolidado de Cristina Fernández de Kirchner no desperdició la oportunidad para sumar músculo a la causa “presos políticos” y espetó otra de sus tantas disparatadas interpretaciones de la realidad.
El ex juez penal nombrado por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró, y que no otorgó ningún hábeas corpus, desplegó su influencia y logró una prerrogativa para Boudou, que ya empezó a hacer proselitismo. “Voy a seguir en contacto de las organizaciones y los familiares y las familiaras de los que están detenidos porque esta lucha tiene que continuar”, lanzó poco después de ponerse la tobillera electrónica. Además, sostuvo que “la actuación de Alberto Fernández frente al coronavirus es descollante”.
Mario Negri fue uno de los referentes de la oposición que fustigó la sentencia del juez Obligado. “El servicio de Justicia está suspendido por la pandemia. Sn embargo vemos que funciona para dictar prisiones domiciliarias como la que se le concedió a Boudou. La pregunta que nos hacemos los argentinos es si la Justicia también funciona para avanzar en las causas de corrupción”, escribió el cordobés en su cuenta de la red social Twitter.

Doble vara
Argentina tiene superpoblación carcelaria y, extra muros, de pensadores, magistrados, políticos, periodistas y otros actores del sistema que hacen de la doble vara un estandarte.
En el plano del discurso, la Justicia en la ejecución de penas privativas de la libertad es para todos, pero siempre que no sean condenados por ciertas causas y tengan prioridad en la fila “sale” los dirigentes, socios o reivindicados de sus patrones ideológicos. Que haya ancianos de más de 80 años y pacientes críticos esperando en los penales los tiene sin cuidado.
En tiempos de Covid-19 su hipocresía se torna más evidente y el espectáculo que montan es moralmente devastador.
La algarabía de la militancia kirchnerista por la excarcelación de Boudou la pintó de cuerpo entero.
Celebró su soltura como si fuera la de Nelson Mandela, mientras miles más añosos y vulnerables que él siguen encarcelados y deben conformarse con las medidas que se vienen dictando para atenuar su zozobra.
Festejó la decisión como un triunfo de la razón y de los DDHH, como una suerte de ayuda a la patria, no sin persistir en sus pedidos de atención para el colectivo “presos”, convenientemente distante pero útil para llenar sus credenciales de corrección política.