El reclamo de los intendentes en la pandemia: todo va para Capital

Dicen que no les alcanzan los fondos para afrontar la logística y los gastos de la atención domiciliaria de los enfermos y sospechosos de contagio de coronavirus. En la última reunión del COE se habló del uso del barbijo obligatorio y del eventual cierre de ingresos a Córdoba.

Por Bettina Marengo

Como las provincias con el gobierno nacional, al que reclaman que pone el grueso de la atención sobre la zona AMBA (área metropolitana Buenos Aires), donde residen 18 millones de personas, los intendentes del interior cordobés emiten reproches al Centro Cívico porque consideran que la mayor parte de los esfuerzos y recursos para la lucha contra el coronavirus se destinan a la ciudad Capital. Los reclamantes son también municipios del Gran Córdoba, pese a que para la pandemia la Provincia organizó el área metropolitana con todos adentro.

El fin de semana pasado se realizó una reunión del COE Córdoba, uno de los ocho Centros de Operaciones de Emergencia creados para descentralizar el combate a la infección por el Covid-19, donde también habrían participado referentes de otros de los centros operativos. En los COE participan funcionarios, intendentes, especialistas médicos, organizaciones sociales, etc.

Entre otros temas, se conversó sobre la posibilidad de ordenar el uso obligatorio del barbijo para salir al exterior, como dispuso el gobernador de Jujuy Gerardo Morales para esa provincia, y del eventual cierre del ingreso a Córdoba desde el norte del país, a la altura de Jesús María, para mitigar los efectos de la migración interna, en caso de que la circulación comunitaria se agudice.



Con respecto al uso extendido del barbijo (inicialmente se informó que solo era útil para evitar que las personas contagiadas transmitan el virus, pero ahora los sanitarista evalúan que podría servir a los no enfermos como barrera a la transmisión), se sigue evaluando la posibilidad. Algunos creen que si se produce una apertura parcial de la cuarentena, será inevitable. Ayer, al cierre de esta nota, el presidente del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, el radical Orlando Arduh, pidió al COE que se establezca el barbijo obligatorio, aunque sin las penalizaciones económicas que impuso Morales para quienes no lo usen.

La reunión no tranquilizó a los jefes comunales, muchos de los cuales sintieron que se volvieron a sus pueblos con las manos vacías. La principal preocupación de los municipios es la atención domiciliaria de los pacientes con coronavirus, que son el 80% de los infectados, y de aquellos que tienen que hacer aislamiento extremo por haber tenido contacto con un enfermo o con alguien proveniente del exterior.

La problemática de la internación, el tratamiento hospitalario, los respiradores y todo lo vinculado a la asistencia del enfermo ingresado corresponde a la Provincia. Pero la atención domiciliaria recae en los intendentes. Esta tarea implica todo un operativo con uso de recursos humanos y de logística que los jefes comunales tienen que llevar a cabo con sus propios fondos, en momentos donde no hay caja diaria de pago de impuestos y la coparticipación de impuestos ha caído fuertemente. En ese sentido, los referentes municipales que hablaron con Alfil dijeron que la suspensión del pago de las deudas con la Provincia por cuatro meses anunciada el viernes por el gobernador Juan Schiaretti no cambia la situación. Preocupados por la demanda sanitaria y los pocos ingresos, algunos ya piensan en pedir ayuda directamente a la Nación.

“Todos los esfuerzos están puestos en la Capital, donde obviamente hay más población y más contagios, pero a nosotros nos dejan que nos arreglemos como podamos”, se quejó un intendente, y menciono que “hasta los voluntarios” que el Centro Cívico reclutó como infantería de la pandemia están destinados a la ciudad de Córdoba.

Lo mismo opinaron en relación al sistema de atención rápida que la provincia conformó con vehículos y choferes del Ejército para el traslado de pacientes a internación domiciliaria, con soporte de voluntarios. Son alrededor de veinte vehículos que, según las fuentes que hablaron con este medio,  se destinan prioritariamente a Capital.

Enojados

El malestar de los intendentes tiene como trasfondo el temor que tienen casi todos de no poder pagar sueldos a fin de mes. Los recortes salariales a la planta política que muchos anunciaron es un gesto simbólico al vecino más que un ahorro real. En ese marco, los enojos entre pares arrecian. Un intendente se quejó porque en la ciudad más cercana a la suya no se cumple la cuarentena y sus vecinos viajan y gastan en la otra localidad. “Yo cierro todo a las 13 horas, a partir de esa hora no se mueve nada en mi pueblo, pero se van al lado y se quedan allá a consumir y contagiarse, donde el intendente no hace respetar la cuarentena”, se quejó uno. Casos como esos abundan, y en general las miradas apuntan a la Policia Caminera que no controla las rutas.