Vocales “intervendrán” Esop y Tamse por control preventivo

Designarán auditores contables para anticiparse a la rendición de cuentas y evitar que la falta de tiempo o los voluminosos expedientes dificulten el rol de los tribunos y empleados. Proponen un nuevo protocolo de trabajo basado en la digitalización y autorización de pagos sólo con visado del cuerpo.

Por Yanina Passero
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La agenda privada, pública y política sucumbió a las exigencias de la pandemia provocada por coronavirus. Durante la primera semana de aislamiento social obligatorio, el consenso político sobre la prioridad de la vida de los argentinos parecía no encontrar argumentos suficientes para socavarlo, incluso, entre aquellos de estricto orden económico. La convivencia forzada entre las medidas tomadas para evitar el caos sanitario con la inevitable profundización de la crisis crónica de la economía nacional, pusieron sobre el tapete las palabras control y ajuste del gasto.

Naturalmente, los conceptos no sólo serán manejados en las administraciones domésticas, en especial, en aquellos hogares que dependen de un ingreso informal diario. La norma aplicará con especial rigor en el Estado. A esta altura ya nadie puede entender sólo como un “gesto” de la política o una respuesta automática a los cacerolazos de sectores medios, la rebaja salarial que autorizaron – o lo harán pronto- los responsables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pare contribuir al plan de contención de la peste. Habla más de una necesidad y una preocupación profunda por la caída de la recaudación impositiva y el achique de la coparticipación, que de un acto de demagogia.

En un contexto crítico para las finanzas provinciales y municipales, nociones de austeridad y control cobran otra significación, aunque la historia enseña que llevarlas a la práctica son misiones imposibles. En los municipios la situación es aún más preocupante porque los alfiles del gobernador Juan Schiaretti ya admiten en privado que el soporte a los intendentes –como parte de un plan de contención política o bien, por las indiscutibles inclemencias de la crisis- sufrirá restricciones. Cabe esperar que el peronista Martín Llaryora también acuse el impacto en su gestión por las arcas flacas que vaticinan los expertos de la Provincia.



Es por eso que en el Palacio 6 de Julio crece el consenso sobre la importancia de cuidar cada peso, por cierto escaso. En concreto, una delegación “testimonial” hasta el momento está dispuesta a realizar su aporte con un nuevo protocolo de trabajo que, esperan, estrenar en el segundo semestre del año o cuando el coronavirus permita retomar la actividad normal. Se trata del Tribunal de Cuentas municipal que también se enfocará en una noción muy escuchada por estos días: la prevención.

En concreto, los vocales por el oficialismo proponen realizar un ajuste de procedimientos apoyado en un exhaustivo control de precios al momento de la rendición de cuentas, con el objetivo de anticiparse a futuros problemas. En resumidas cuentas, las autoridades del cuerpo quieren evitar ser “socios” del problema al aprobar a libro cerrado o con lecturas rápidas las ejecuciones administrativas y financieras del Presupuesto. La digitalización de los expedientes y las subastas electrónicas son otras herramientas que se sumarán a este “nuevo cambio de paradigma” –definen sus impulsores- que persigue un estándar de mayor transparencia y eficiencia.

El plan comenzará a aplicarse en los entes descentralizados del municipio como Esop, Tamse y Mercados a través de la designación de auditores contables, que colaborarán y supervisarán la legalidad y consistencia de los instrumentos que se enviarán al Tribunal de Cuentas como parte de la rendición de gastos.

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas habituales que justifican un nuevo esquema de procedimientos del Tribunal? Cierto es que todo cambio supone esfuerzos del personal y los funcionarios, pero también generará rispideces porque, anticiparon desde el organismo a Alfil, se adoptará como rutina no aprobar pagos sin el visado del cuerpo, como debería haber sido siempre.

Algunos atrasos son habituales, no por ello menos importantes. Los tribunos de cuentas por la mayoría y la oposición con mandato hasta diciembre del 2023 recién están controlando, por caso, contrataciones de personal que se hicieron durante la gestión del exintendente Daniel Giacomino. Pero también hay otros expedientes con cifras millonarias que no fueron tratados con el tiempo y rigurosidad que exigían por el monto implicado.

La Justicia tiene varios expedientes, razón que termina explicando por qué se pondrá énfasis en asistir a las autoridades del ESOP, en la etapa previa de la rendición de cuentas.

Con fecha del 5 de diciembre de 2019, es decir, dos días hábiles antes que terminara la administración mestrista, el ente a cargo de la limpieza y barrido manual de la ciudad, pidió la aprobación de una rendición de $ 1.621.811.733 por fondos recibidos en concepto de órdenes de pago anticipadas durante el ejercicio 2017 y 2018.

La documentación presentada por el entonces director del ESOP, Enrique Imberti, actualmente imputado en el marco de la causa que investiga a la Crese y al Surrbac, fue objetada por los vocales de ese momento. Como era de esperarse, la presentación fue cuestionada por los integrantes del pleno.

“Se hace saber que al momento de ingresar las presentes actuaciones el día 2/12/2019 (…) con tan solo cinco días hábiles para finalizar el mandato de Carlos Cajal y Gloria Irahola Poppe resulta un despropósito hacer un exhaustivo análisis jurídico, técnico y contable por resultar material y humanamente imposible, más aún cuando son de conocimiento público las gravísimas acusaciones y denuncias que se tramitan en Tribunales Federales y que involucran a la firma Crese y ESOP (…)”, el descargo de los vocales, donde resaltan las órdenes de pago que se hicieron al Surrbac y su mutual por $10.399 millones y $17.179 millones, respectivamente, y las designaciones de familiares de las entidades sospechadas e investigadas por asociación ilícita.

Una simple observación cuando está en juego el erario público ingresaría en el terreno de lo inaceptable por el cuerpo que ganó con la boleta de Llaryora. Designaciones de docentes que luego de dar clases se verifica que no cumplieron el apto médico o contrataciones a un mismo proveedor, como se desprende del expediente del ESOP citado, son varias de las irregularidades que quieren prevenir desde la actual conducción del Tribunal de Cuentas.