Se desbarrancó la recaudación nacional y crece el alerta de gobernadores

La recaudación de marzo confirma las proyecciones de cómo se desbarrancarán los ingresos del Estado –en todos sus niveles- por el freno a la actividad generado por la pandemia del Covid-19 y que hacen temer a los gobernadores que no podrán cumplir con los compromisos salariales de abril sin un auxilio especial de la Nación. Según datos de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP),en marzo se recaudaron $443.636,7 millones.

Aunque esos fondos registraron un avance del 35,3% respecto al mismo mes del año pasado, no lograron compensar la marcha de la inflación en torno al 50% anual. Es decir, quedaron a 15 puntos porcentuales de equiparar el salto de los precios medido por el Indec.

“Al condicionamiento que imponía sobre la recaudación el bajo dinamismo en el nivel de actividad arrastrado desde el año pasado se sumaron las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus”, señala la AFIP en un comunicado.

Los ingresos por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejemplo, sumaron $ 136.170 millones, con lo que registraron en marzo una variación del 25,6% frente al mismo mes de 2019, sensiblemente por debajo del avance que venía mostrando en los meses previos. “La recaudación de este impuesto se vio condicionada por los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio implementado para prevenir la propagación del Coronavirus”, afirman desde la agencia.



La AFIP indica que, a lo largo del primer trimestre, los ingresos tributarios ascendieron hasta $1,4 billones, con un incremento del 41,1%. Así, en ese lapso se computa una caída real de 6%, aún inferior a la del primer trimestre de 2019 (-8,4%) pero aun así entre las más bajas de los últimos 10 años según señala el Iaraf.

Lo importante de cara al actual mes es que va a caer el devengado de los impuestos sobre la actividad porque van a incidir las menores ventas de marzo (en abril se paga saldo IVA de marzo) y a esto se le va a sumar el no pago (aún del menor devengado) por falta de liquidez de los contribuyentes. Habrá que estar atento a cómo evoluciona la recaudación durante este mes, indica la consultora de Nadín Argañaraz.

“Dada la coyuntura actual, sería esperable pensar que la administración resigne las metas fiscales que se había planteado. Descartada la recaudación extra esperada por la Ley de Solidaridad debido a la caída de la actividad, se han anunciado algunas medidas para contener la crisis y cuidar los puestos de trabajo, aunque podrían restar aún medidas tributarias más fuertes”, agrega.

Provincias

La baja de la recaudación nacional, obviamente, condiciona las transferencias por coparticipación. El mes pasado, esos recursos sumaron $136.848 millones, con un crecimiento nominal del 30,4% y una baja real (descontada la inflación) de 11,3%. En la última reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) directamente se planteó que la distribución de este mes se reducirá 20% respecto a marzo.

En ese mismo encuentro la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, insistió que además de los $6000 millones de ATN que ya se anunciaron se distribuirán entre las provincias habrá un refuerzo más y volvió sobre los US$45 millones de créditos de organismos internacionales que están disponibles.

Para los ministros provinciales ese paquete es insuficiente y volvieron a alertar sobre las dificultades que se abren de cara al pago de compromisos de abril, cuando los ingresos sufrirán una reducción aun mayor porque la actividad cayó más por efecto de la cuarentena obligatoria. Por supuesto, no esperan que en mayo haya una recuperación. En el mejor escenario, recién se iniciaría a fines del primer semestre.

Desde el Ieral, su presidente Marcelo Capello, propuso que –ante las restricciones presupuestarias- durante dos o tres meses, los sueldos de funcionarios públicos, legisladores, jueces y empleados públicos en general cuyos ingresos superan un determinado monto (por ejemplo, dos salarios privado promedio, unos $100 mil) se paguen con títulos públicos en modalidades a resolver.

Esos títulos deberían vencer durante 2021 para los agentes de más altos ingresos, y entre 2021 y 2023 para los funcionarios, legisladores y jueces. “Así podría financiarse una porción del mayor gasto público disparado por la pandemia, morigerando la emisión de dinero. El mismo objetivo podría lograrse también reperfilando los vencimientos de deudas en pesos por algunos meses o el resto del año”, describe Capello.

En la agenda provincial el reperfilamiento de deuda pasó, provisoriamente, a segundo plano. La premisa es primero resolver la emergencia sanitaria y el pago de sueldos para no agregar presión social en un contexto que ya es de alta incertidumbre para la población.