Reaparición de Zaffaroni envalentonó al fiscal-puntero Senestrari

El agente que pidió que cayera el Gobierno de Macri no desaprovecha oportunidades para dar señales de su albertismo

Por María del Pilar Viqueira

La dramática situación sanitaria y económica que atraviesa el país no impide que Eugenio Zaffaroni siga haciendo mandados. Ya acudió en defensa de uno de los delincuentes de alta gama que operó durante el kirchnerismo: Amado Boudou.
Cabe recordar que hace un año el ex supremo fue admitido como “amigo del tribunal” en el proceso de apelación de las condenas dictadas en la causa Ciccone, que se tramitó ante la Cámara Federal de Casación Penal, sin éxito.

Recientemente, en cuanto se detectaron los primeros casos positivos de Covid-19 en el país, en el marco del temor por la posible propagación del virus en cárceles, Boudou tomó la delantera para intentar capitalizar la crisis y le pidió a la Corte Suprema que lo libere.

La Máxima Instancia se negó a tratar el reclamo del condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles y Zaffaroni ya emitió su propia sentencia. Le atribuyó el decisorio al presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y lo sindicó como “la voz de Clarín” que “le pega a Boudou por hacer desaparecer la jubilación privada”.



El gurú de Justicia Legítima y alcahuete consolidado de Cristina Fernández de Kirchner no desperdició la oportunidad para sumar puntos con Alberto Fernández, que a diferencia de varios mandatarios provinciales y comunales se resiste a recortar los suculentos ingresos de los funcionarios del PEN.

Zaffaroni defendió la integridad de los sueldos del sector y opinó que los pedidos para que la clase política contribuya económicamente son demagógicos. “Son cifras insignificantes”, disparó.

Paralelamente, respaldó la batería de medidas que dictó el presidente para contener la pandemia. “Es correcto lo que dice Alberto Fernández de que la economía se vuelve y de la muerte no”, manifestó el abolicionista.

En tanto, cuestionó los despidos y, una vez más, ejercitó su conocida doble vara, al estimar que todavía no hay una masa de poder político para avanzar con impuestos extraordinarios para los “sectores más privilegiados que “en momentos de crisis tienen que ceder algo”. Para Zaffaroni, claro está, hay ricos buenos (políticos) y ricos malos (empresarios).

Desde que asumió como juez en la CIDH Zaffaroni se entromete en asuntos de política interna.
Usina de Justicia, la ONG fundada por la filósofa Diana Cohen Agrest, lo cuestiona duramente. En un comunicado que emitió a principios de 2018, cuando el ex cortesano vaticinó que Mauricio Macri “no llegaba a 2019”, el grupo sacó la munición gruesa y remarcó que aunque se supone que la corte regional es integrada por juristas con “alta autoridad moral” y con “reconocida competencia en materia de derechos humanos”, ese no es el caso de Zaffaroni.
Así, recordó que actuó como juez penal nombrado por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró, y que jamás otorgó hábeas corpus que hubiesen permitido salvar vidas.
El fiscal Marcelo Romero hizo lo propio. En una carta abierta, criticó varios fallos de Zaffaroni y definió a sus teorías como “pseudo doctrinas berretas que han perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia”.
En tanto, el abogado de Andrés Rosle, especializado en Oxford y profesor de Filosofía del Derecho en la UBA, difundió en su blog un artículo en el cual manifestó que Zaffaroni es un “punitivista selectivo” que “cree en los derechos humanos, pero no de todos los seres humanos”.
En esa línea, denunció que aunque Zaffaroni dedicó gran parte de su obra a criticar el derecho penal del enemigo no tuvo empacho en utilizarlo en contra de encausados por delitos de lesa que intentaron estudiar en el programa UBA XXI. “Preparó un documento con el cual la UBA trató de justificar jurídicamente el rechazo al ingreso con argumentaciones que, en el mejor de los casos, eran políticas”, precisó también.

La reaparición de Zaffaroni envalentonó al fiscal federal cordobés Enrique Senestrari, tristemente célebre por su deslucido desempeño funcional y por sus imprudentes declaraciones de alto voltaje político y partidario .

Su falta de mesura y decoro son moneda corriente. Devoto militante de Fernández de Kirchner y feroz detractor de Macri, el integrante de Justicia Legítima se parece cada vez más a un puntero.

A fines de febrero, cuando a falta de plan de reforma de la Justicia el Gobierno nacional instaló la épica del privilegio con su iniciativa sobre jubilaciones, Senestrari dio sus primeros pasos como albertista.

Sin un proyecto para modificar y, en su caso, mejorar el servicio del Poder Judicial, y con vagos argumentos para justificar el ajuste a la clase pasiva, el oficialismo instaló una nueva narrativa y Senestrari la propaló. Apoyó la reforma e, incluso, se prestó al circo de mostrar su recibo de sueldo, arengando a sus colegas a “no estar por fuera de las decisiones que se toman y afectan al resto del pueblo”.

Ahora, el fiscal aprovechó los cacerolazos de ciudadanos que ruegan que la política aporte económicamente para paliar las consecuencias del día después de la cuarentena para enviar señales de lealtad al albertismo: lanzó una convocatoria en Facebook para “cacerolear todos los días a las 21.29” hasta que los empresarios que tienen cuentas off shore “traigan la plata al país”.

Un nuevo desatino en la carrera de un agente que debe varias explicaciones; entre otras, por audios con colaboradores en el marco del expediente “Osecac”.

En noviembre de 2019 se reactivó la pesquisa por la filtración de grabaciones en las cuales parece estar en ayunas sobre imputaciones y medios de prueba y se refiere despectivamente a un periodista especializado que escribió artículos críticos. “Que P. se la trague”, espeta Senestrari.