La Provincia se plegó al recorte salarial (efecto pandemia y G6)

Schiaretti lanzó un ajuste salarial para los empleados del Estado con sueldos más altos. Más allá de los números preocupantes de la recaudación y de la coparticipación y de la excepcionalidad del covid 19, el achique del sector público es una vieja demanda de los sectores medios con ropaje nuevo. Le seguiría la Legislatura. El TSJ dialoga con Magistrados.

Por Bettina Marengo

El gobernador Juan Schiaretti decidió avanzar con la rebaja salarial a los trabajadores de la administración pública, en el marco de una presión creciente por definiciones similares de otras provincias, y frente a las señales de alarma de los números de la recaudación propia y de la coparticipación federal de impuestos. “La prioridad de los fondos públicos será para infraestructura, equipamiento y atención sanitaria” en la lucha contra la pandemia del Coronavirus, explicó la Provincia en un comunicado de Prensa difundido ayer por la tarde.

Con pocas precisiones, desde el Panal se informó que en abril sufrirán recortes que podrían superar el 30 por ciento los salarios más altos de la administración pública, aunque no se estableció a partir de qué monto. Es decir que la reducción trascendería al personal de la planta política contemplado en la ley 8991 y afectaría transversalmente a los empleados estatales con sueldos más altos.

En cuanto a las áreas afectadas, quedaron exceptuadas Salud, Seguridad y “todo lo que hace a la atención de la pandemia”, descripción que puede abarcar a distintos sectores del estado. El comunicado oficial no mencionó al sector docente, pero en el gremio de la Uepc no descartan que el ajuste afecte a directivos con salarios altos.

Los detalles y los alcances del recorte se irán definiendo durante el mes de abril, comentaron desde el Panal al diario Alfil. Cabe destacar que hasta el mediodía no había certezas sobre la medida que luego se anunció. A su vez, se indicó que los salarios de marzo (que comienzan a pagarse en estos días) se liquidaron sin modificaciones.

En el gobierno provincial descuentan que la Legislatura imitará los pasos del Poder Ejecutivo y reducirá dietas y salarios altos.

En cuanto al Poder Judicial, fuentes tribunalicias indicaron a este diario que el Tribunal Superior de Justicia está dialogando con la Asociación de Magistrados sobre el tema. Igual que con el Poder Legislativo, la Justicia emite sus propias disposiciones sobre cuestiones salariales de su personal. El gremio de los Judiciales aseguró que los empleados ya sufrieron un recorte de facto por el no pago de acuerdos del año pasado y de retroactivos y deslizaron que resistirían una merma salarial.

Más allá de la economía paralizada por la cuarentena y de la recaudación fiscal con datos más que preocupantes, el recorte de los sueldos a los políticos y a los salarios del sector público es un viejo reclamo, con ropaje nuevo, de sectores de la clase media. En el marco de la coyuntura de la emergencia sanitaria, la demanda nació para Alberto Fernández y puede computarse como una reacción política opositora al robustecimiento transgrieta de la figura presidencial. De hecho, el lunes a la noche hubo en Buenos Aires y en otras ciudades del país un cacerolazo para pedir “que los políticos se bajen el sueldo” en el marco de la tensión entre el gobierno nacional y un sector empresarial al que apuntó por despedir a empleados en plena crisis del coronavirus.

Los gobernadores (y los intendentes también) se apuraron a tomar el tema, aunque en números el ahorro no modifique sustancialmente la economía de ninguna administración.

En el caso de Córdoba, el anuncio del Centro Cívico tomó forma luego de que varias provincias con gobernadores de distinto signo político firmaron bajas salariales para la planta política o anunciaran la creación de alguna forma de aporte solidario para ser derivado a la lucha contra la pandemia. Entre ellas, Mendoza, Jujuy, Salta y La Pampa. Según fuentes del Ministerio del Interior que hablaron con este diario, los mandatarios no consultaron el tema con la Casa Rosada. Casi en simultáneo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, informó sobre el proyecto de recortar 40 por ciento las dietas de los diputados para conformar un fondo de 200 millones destinado a afrontar los gastos del a pandemia.

Pero además, Schiaretti recibió “fuego amigo” de parte del G6, el grupo donde confluyen las seis cámaras y agrupaciones empresariales más grandes de Córdoba. La entidad es cercana al gobierno provincial, estuvo alineada a Mauricio Macri y es crítica a la administración nacional del Frente de Todos.

En un comunicado que tenía destino nacional pero que también impactó en El Panal, los empresarios reclamaron el recorte salarial del sector público como un gesto de “ejemplaridad” en la crisis.

En el reverdecimiento de la tensión entre Alberto Fernández y sectores del empresariado nacional, el G6 reprochó a la Casa Rosada por la derogación de la resolución 219/20 del Ministerio de Trabajo de la Nación, “medida que procuraba algún alivio y hubiera permitido a las empresas abonar sueldos y contener a sus planteles” y sostuvo que el estado “parece no comprender acabadamente la magnitud de la carga que soportan las empresas en este contexto”.

El texto finalizó con el pedido de ajuste en el sector público: “A todas estas dificultades se le suma la falta de ejemplaridad desde el sector público, de disponer la disminución de sus salarios para colaborar con su parte en afrontar esta crisis”, cerró el documento.

Desde la política, el reclamo también provino de los bloques de legisladores provinciales de Córdoba Cambia y de la UCR, que se unieron en un pedido conjunto. En un comunicado, solicitaron la rebaja del 30 por ciento de los salarios de los cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado y de los organismos descentralizados, por noventa días.