Provincia advierte a municipios que bloqueos son ilegales

Es porque muchos intendentes decidieron restringir los accesos a sus localidades mientras dure la cuarentena. En Tulumba, el municipio colocó vallas y terraplenes en los ingresos.

Por Yanina Soria

Por estas horas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires intenta revertir el accionar de varios intendentes que decidieron blindar sus localidades cerrando los accesos, incluso, con barreras físicas. Las imágenes de rutas provinciales y nacionales con barricadas hechas con montículos de tierra o con conos, se multiplicaron durante el fin de semana largo entre los municipios del Conurbano bonaerense.

Se trata de una realidad que desde el Centro Cívico miran con mucha atención y cierta preocupación por algunos casos similares que ya se registran en Córdoba; las autoridades provinciales buscan evitar un posible efecto contagio. No sólo porque medidas de tal magnitud generan una sicosis social incontrolable sino, y sobre todo, porque son inconstitucionales.

Desde el Ministerio de Gobierno que conduce Facundo Torres, se advirtió sobre tal ilegalidad al grupo ampliado de intendentes y jefes comunales de todos los partidos políticos que integran la Mesa Provincia-Municipios y que, ahora, se comunican por WhatsApp. Incluso, hubo hasta llamados de los propios funcionarios de esa cartera a algunas autoridades municipales en particular que intentaron bloquear de alguna manera los accesos a sus localidades y otros que estaban tomando decisiones similares.

Basta recordar lo que había decretado el intendente de La Cumbre ni bien comenzó a pandemia. Pablo Alicio había prohibido por decreto el ingreso al pueblo de toda persona no residente, hasta el 31 de marzo. Para ello, fijó controles en los distintos accesos y en la terminal de ómnibus. Luego, justamente a raíz de una comunicación que recibió del ministerio de Gobierno, decidió dar marcha atrás. Legalmente era insostenible ese decreto, le advirtieron desde el Panal.

Aun así, hay ciudades o localidades que mantienen bloqueados algunos de sus accesos dejando habilitado sólo uno donde se realizan controles estrictos.

Así lo resolvió, por ejemplo, Gustavo Brandán de Colonia Caroya quien, hace unos días, decretó la clausura de los accesos a la localidad por el camino de Los Molles y el puente de calle 68 con General Paz.

Mucho más extremo fue el intendente de Tulumba, Sebastián Peralta, quien cerró con vallas y terraplenes seis de los siete ingresos a la localidad del norte cordobés, dejando habilitado solo uno donde un puesto de autoridades sanitarias hace análisis a quienes quieran ingresar. “Fuimos construyendo vallas en el taller municipal y lo acompañamos con tierra con la ayuda del consorcio caminero para hacerlo más rápido y más efectivo. No pasa nadie”, dijo el jefe comunal en diálogo con el periodista Cristina Bazán de Más Radio, Jesús María.

Desde el Centro Cívico indicaron que también se reportan escenarios donde, por ejemplo, las autoridades comunales no permiten el paso de los camiones de carga, exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández.

Entre las variadas situaciones de restricciones que no son competencia de los entes municipales, se encuentran también aquellos que suspendieron los ingresos de colectivos interurbanos provenientes de otras jurisdicciones. Por ejemplo, Cruz del Eje.

Allí, Claudio Farías decidió ajustar aún más las medidas de prevención luego de que diera positivo un caso de coronavirus en la vecina localidad de San Marcos Sierras. Entre otras cosas, resolvió cortar el servicio de transporte que hace el trayecto Cruz del Eje-San Marcos Sierras y viceversa. “Hemos decidido tomar medidas que en concreto tienen que ver con cerrar prácticamente todos los ingresos a la ciudad. No va a entrar nadie que no sea de Cruz del Eje y tratemos de no salir, porque el que sale es muy probable que tampoco pueda volver a entrar”, dijo en conferencia de prensa esta semana.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que preocupan al ministerio de Gobierno de Córdoba por la ilegalidad que suponen. Desde allí les advierten a las autoridades municipales que no tienen potestad para cerrar caminos ni establecer fronteras internas, sí en cambio, realizar controles pertinentes sobre las rutas. También les recuerdan que nunca los decretos locales pueden estar por encima de lo ya establecido a nivel nacional. Desde la Provincia insisten en el trabajo articulado con las 427 jurisdicciones que componen el mapa cordobés