Mientras la Justicia hiberna los problemas se acumulan

Las situaciones que se generan por la emergencia sanitaria incrementan los conflictos de intereses y la realidad impondrá un compromiso del Judicial

La Justicia está casi paralizada por la feria extraordinaria, pero en plena crisis por la pandemia de Covid-19 los conflictos se acumulan.

El listado de temas que el Judicial debería dirimir abarca casi todos los aspectos de la vida de las personas. Las situaciones procesales de los renuentes a acatar las nuevas reglas; las consecuencias de las medidas que tomaron los municipios que le cerraron rutas a los camiones que transportan granos y alimentos; los pedidos de internos para acceder a morigeraciones de encierro y los reclamos de los alojados en los sistemas penitenciarios federal y provinciales figuran en la nómina de planteos.

La solución no está a la vista, pero la realidad impondrá un compromiso: hay conflictos de intereses que deben que resolverse.

Una medida posible sería implementar un sistema similar al de los hospitales públicos, que garantice respuestas a los justiciables.



Cabe recordar que en 2017, cuando el por entonces ministro Germán Garavano anunció que se estudiarían cambios en la feria, la Fundación de Estudios Para la Justicia (Fundejus) apoyó la iniciativa y resaltó que el Judicial presta un servicio que no puede interrumpirse. Bajo esa premisa, equiparó su función a la de los hospitales.

Dramático

Por lo pronto, uno de los cuadros más dramáticos por la zozobra que genera la posible propagación del Covid-19 se vive en los penales del país.

Hay una avalancha de pedidos de soltura, bajo distintas modalidades; especialmente, de internos que por añosos o por padecer enfermedades integran en grupo de riesgo.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que registra un sobrepoblación de 10 por ciento, sigue recabando datos para los magistrados. Se estima que 1.000 presos integran el colectivo vulnerable. Muchos son condenados por delitos de lesa, ya que la mayoría tiene más de 65 años y patologías crónicas. También hay encausados en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad.
En los penales bonarenses hay unos 50 mil detenidos y casi 2.500 están enfermos.

Actualmente, casi la totalidad de la población aceptó la suspensión de visitas y de salidas transitorias y hasta ahora las autoridades contienen la situación.

Bouwer

En Córdoba, la limitación de contacto de los detenidos con el mundo exterior generó una protesta en Bouwer, pero el episodio se controló.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial detalló que el disturbio se debió a la disconformidad de unos pocos presos.

La cartera aseguró que se están acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que la Justicia ya cuenta con la la información sobre los internos que podrían estar en peligro de contagio.

Santa Fe

En Santa Fe el panorama es complejo. Cinco internos ya perdieron la vida en dos motines, en reclamo de mayores medidas preventivas en contra del coronavirus. El primer deceso se produjo el lunes, en el penal de Coronda. Los otros cuatro ayer, en Las Flores.

Las revueltas se dieron casi en simultáneo. El disparador fue el rumor de que había presos infectados.

El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, precisó que a los reclamos vinculados al coronavirus se sumaron pedidos de domiciliarias por la emergencia sanitaria, que rondan los 200. Según el funcionario, hay “mucha presión” dentro de los penales porque los presos razonan que si no hay camas para la población común, menos habrá para ellos.

Los dos edificios quedaron con graves daños materiales. En Las Flores, alrededor las instalaciones están prácticamente inutilizadas y el sistema eléctrico no funciona. El dilema es dónde trasladar a los presos.

Per saltum

La semana pasada, mediante un per saltum, el abogado Carlos José Díaz presento una acción de amparo ante la Corte Suprema, para que disponga la inmediata prisión domiciliaria de los internos de más de 65 años y de quienes sean vulnerables al contagio del Covid-19.
El reclamo incluye a las mujeres embarazadas y a las que tienen a sus hijos con ellas en los penales.
El letrado se basó en el decreto de necesidad y urgencia 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que declaró la emergencia sanitaria y sostuvo que a fin de evitar perjuicios irreparables se debe actuar con urgencia, “salvo que alguien esté dispuesto a garantizar” que no se desatará un infección masiva entre la población penitenciaria.
En tato, Díaz reclamó que se disponga la libertad de los detenidos sin sentencia firme.
La Justicia deberá contener las pretensiones, delimitando en qué casos proceden beneficios.
El Tribunal Oral Federal 4 ya dio señales sobre el criterio que se aplicará y rechazó liberar y otorgarle la domiciliaria a Lázaro Báez, de 64 años.
No obstante, ordenó que se le hagan estudios físicos y psiquiátricos para esclarecer si su estado amerita un “tratamiento especial extramuros” y si es un paciente vulnerable al virus.
El defensor del empresario alegó que es posible que se contagie y que se agrave su condición, ya que tiene enfermedades de base. Sin embargo, el tribunal entendió que no planteó ninguna situación novedosa que imponga evaluar su detención.
En esa línea, destacó que la única circunstancia nueva que citó es la emergencia sanitaria y aclaró que ello no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación.
El fiscal del caso, Abel Córdoba, también se había negado a la concesión del beneficio. Argumentó que el riesgo de contagio es “en abstracto” y destacó que hasta el momento no hay casos en las cárceles.
Antes, Amado Boudou, condenado por Ciccone, se convirtió en el primer preso por hechos de corrupción durante el kirchnerismo que reclamó ser liberado por la pandemia.