Movypark, final cantado para una licitación mal diseñada

Por Pablo Esteban Dávila

En 2018, al menos 130 ciudades argentinas tenían diferentes sistemas de estacionamiento medido. Para aquel entonces, se podía estacionar con el celular en aproximadamente el 30% de ellas. Este porcentaje ha crecido significativamente en el año pasado.

Las razones que explican el auge del estacionamiento medido en base a tecnologías móviles son simples y contundentes: comodidad para el usuario, posibilidad de pagar el estacionamiento con tarjetas de crédito o cuentas bancarias, erradicación del dinero en efectivo, mejores posibilidades de control e información en tiempo real del sistema, tanto para los conductores como para las autoridades. 

La ciudad de Córdoba llegó tarde a esta ola que, en muchos aspectos, revolucionó la forma de estacionar en la vía pública y que ya estaba presente en numerosas localidades del país. Recién en mayo de 2017 el entonces intendente Ramón Mestre convocó a una licitación para concesionar este servicio luego de que los parquímetros instalados por Rubén Martín a mediados de los noventa languidecieran sin pena ni gloria bajo la gestión del municipio (Luis Juez estatizó su operación en 2004 tras la quiebra del anterior concesionario, CIUCOR).



Lamentablemente, el diseño de la licitación mestrista fue todo lo malo que pudo ser. Se requirió un canon mínimo del 60% de la recaudación y la Municipalidad se reservó para sí la función de control del estacionamiento. El concesionario debería pagar el sistema, los impuestos y sus RRHH con lo producido luego de pagar el canon, cruzando los dedos para que los inspectores municipales hicieran su trabajo.

A modo de digresión, señálese que la función de control en una operación de este tipo es absolutamente importante. Dado que estacionar con una aplicación no requiere de dinero en efectivo, ni papeles, ni negociaciones con un naranjita, es imprescindible que el usuario perciba que su interacción con el celular genera una serie de efectos con consecuencias tangibles. Uno de ellos, probablemente el más importante, es que si no se paga existe una multa o una penalización dineraria. La única posibilidad de que esta sensación exista es que el sistema tenga una política de control inconmovible y precisa.

Desechando experiencias previas experiencias en otras ciudades, en donde el control lo ejerce el concesionario, el Palacio 6 de julio lo reservó para sus inspectores, de reconocida improductividad. Esto significó que, en los hechos, aquel tendría que depender de un personal que ni manejaría ni supervisaría, con los riesgos del caso. Siempre debe recordarse que un sistema como este no tiene personal en la calle que asista al automovilista ni le cobre por estacionarse, por lo que es imprescindible que exista una rigurosa sensación de vigilancia en la vía pública. Si esta no existe, o si es lábil, su tecnología y modernidad se transforman en fetiches inútiles.

Este hecho, sumada a la pretensión (a nuestro juicio excesiva) del municipio por llevarse un canon tan significativo, determinó que los oferentes a una licitación tan relevante se redujeran a uno solo. En contraste, en ciudades tales como Bahía Blanca o Tucumán (casos recientes), fueron múltiples las empresas que compitieron para hacerse cargo de sus concesiones. En su momento, llamó la atención de que la segunda ciudad del país no lograra despertar interés alguno en la veintena de empresas y entidades que ofrecen este tipo de tecnologías.

Como se sabe, el ganador de la compulsa cordobesa resultó la empresa Movypark, cuyo contrato acaba de ser rescindido apenas dos años después de adjudicado y cuando faltaban todavía ocho por delante. Para los especialistas era un final cantado. Ninguna compañía viable habría aceptado las condiciones ofrecidas por el municipio simplemente porque hacían que la operación fuera riesgosa (por falta de controles adecuados) e insostenible financieramente. Movypark, no obstante estas prevenciones, participó y ganó. ¿Por qué se atrevió donde otras flaquearon? 

La respuesta es simple: porque su estructura de costos era diferente a la de sus competidores. Esto, por supuesto, no puede ser afirmado taxativamente, pero existe una pista insoslayable: el software de estacionamiento ofrecido.

Dado el escándalo generado por la “caída” de la aplicación, la opinión pública conoció un hecho que, cuanto menos, es sorprendente: que la empresa alquilaba (o subcontrataba) un sistema del Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI). Este centro depende de la Universidad Nacional de La Plata, lo que equivale a decir que el software ofrecido por Movypark fue, alguna vez, desarrollado con dineros públicos bajo el formato de horas cátedra o como quiera que se llame. Es obvio que un desarrollo universitario siempre será más económico que uno ejecutado por privados, especialmente por razones impositivas. En el ámbito público no hay impuestos ni preocupaciones financieras que atender.

Este tipo de negocios que llevan adelante algunas universidades (la de La Plata no es la única) motiva protestas recurrentes. La Cámara Argentina de las Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL) sostuvo, a comienzos de 2016, que se trataba de una competencia desleal, dado que aquellas se aprovechan del hecho de que, “en razón de su naturaleza jurídica, no pagan IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque e impuesto a las Ganancias, como está obligada a hacerlo cualquier empresa privada”, agregando también que “sus desarrollos se ven beneficiados por recibir de la universidad, a título gratuito, espacios, oficinas, comunicaciones, viáticos, energía, pasantías y regímenes laborales y administración”.

En estricta justicia, son motivos para el pataleo de cualquier empresa dedicada al rubro. Es un hecho que el CeSPI es contratado por numerosos municipios porque, al ser un ente público, no se requiere, forzosamente, convocar una licitación. Pero, cuando se trata de ciudades más grandes, como lo es Córdoba, la contratación directa no siempre cuaja por motivos legales y tributarios. Movypark utilizó, por lo tanto, una aplicación probada y más económica para bajar sus costos y poder soportar, de este modo, una operación que, como se ha dicho, tenía grandes contraindicaciones.

No es posible saber si el municipio conocía exactamente de esta doble cara de su concesionaria (como no existieron otros oferentes tampoco hubo competidores que la señalaran) pero lo cierto es que un operador de estacionamiento medido con un sistema informático que no le es propio es, cuanto menos, una desagradable sorpresa. ¿Fue Movypark un mero intermediario entre el CeSPI y el Municipio? ¿Conocían las autoridades que la empresa tenía un contrato de alquiler de software? ¿Aceptaron tal cosa? Si a esto se le suma que los controles de parte del municipio, tal y como se suponía, fueron deficientes y azarosos, el final no podía ser otro que el de este sainete.

Lo más lamentable del asunto es que, debido a estas inconsistencias, una metodología excelente de estacionamiento, que funciona en múltiples lugares, vuelve a ser puesta en discusión por los tradicionales promotores del caos en la vía pública. Nuevamente los naranjitas comienzan a batir el parche sobre que este tipo de tecnologías no funcionan y que la calle les pertenece por derecho consuetudinario. Esto, claramente, no es así, y el intendente Llaryora debe evitar cualquier tipo de tentación por regresar al pasado. Lo más importante de la fallida experiencia de Movypark es aprender la lección y no repetir los errores. La próxima licitación debe escuchar al mercado, conocer las opciones que se manejan en otras localidades y pensar en el largo plazo. Córdoba merece un sistema de estacionamiento moderno para que sus calles sean transitables. Y que, por lo menos, funcione como se espera que lo haga.