Suba de retenciones: más complicaciones políticas que ingresos

El alza de tres puntos en el impuesto que anunciará, seguramente, Fernández en la apertura de sesiones del Congreso no aportará más que unos US$400 millones al Tesoro.

Los presidentes de las principales entidades gremiales del agro, Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) se reúnen con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Es un hecho que el próximo domingo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández anunciará una suba de tres puntos en las retenciones para los complejos de la soja, el maíz y el trigo. Un trabajo del Iaraf que dirige Nadín Argañaraz estima –en base a las exportaciones del último lustro y descontando el adelantamiento del pago de las declaraciones juradas de exportaciones en el último trimestre del 2019 y la recaudación por este impuesto en el arranque de 2020-, la media aportaría al Tesoro entre US$400 a US$500 millones extras.
La estimación, tomando unos U$S 450 millones equivale al 0,10% del PIB; como la suba de retenciones absorbe base imponible de Ganancias, teniendo en cuenta una alícuota efectiva promedio de este impuesto, el impacto fiscal neto se reduce a un aumento de recaudación de unos U$S 360 millones, equivalente a 0,08% del PIB. El incremento de los derechos de exportación resta a los ingresos por Ganancias, que va un 60% a Provincias y un 40% a Nación. Así, la administración central terminaría registrando un aumento potencial máximo de recursos del 0,09%.
El Iaraf advierte que a esta recaudación potencial habría que restar el costo de mecanismos de compensación que el Gobierno puede establecer de manera simultánea. A todas luces parece más el costo político de la instrumentación que el beneficio obtenido.
El frente fiscal –ya dijo el ministro Martín Guzmán que no habrá superávit hasta 2023- según el análisis de la consultora dependerá este año de dos factores claves: el congelamiento de tarifas, para el que se estima un costo anual equivalente al 0,3% del PIB hasta junio (habrá que ver hasta dónde es absorbido por las empresas de servicios públicos o el dinero sale del Tesoro) y el rumbo que tome el principal gasto nacional, que son las jubilaciones y pensiones.
Si se sostiene la política verificada hasta ahora de aumentos diferenciados, ese gasto será en el agregado un 0,03% del PIB superior al que se apreciaría en un escenario en el que sólo se mantuvieran los niveles reales de este gasto para todos.
“Ambas condiciones clave no están fijadas por el momento, y forman parte de los grados de libertad o discrecionalidad para la política del Ejecutivo”, indica el reporte y agrega que, sin embargo, se puede indicar que, si tanto el congelamiento de tarifas como la recomposición de beneficios sociales se terminaran financiando con partidas de Ingresos tributarios o recursos del fisco –opción que tiene alta probabilidad- el resultado primario 2020  sería de un déficit de 0,33% del PIB. Es decir, las políticas redistributivas entre sectores permitirían, en este escenario, arribar a un rojo primario levemente inferior al del 2019.
Las entidades agropecuarias ya advirtieron que la suba de retenciones tensará más las relaciones y, en algunos casos, dejará a productores sin rentabilidad. La Mesa de Enlace se reunió con el ministro Luis Basterra para tratar la suba mientras insisten en que “hay ansias de dialogar y no entrar en una situación conflictiva”. De todos modos, no hubo una respuesta que los satisfaga.
La decisión del Gobierno de suspender los registros de exportación complica más el contexto porque para el campo es una muestra de que no hay intenciones de dialogar sino que se avanza en en medidas que no tiene retroceso. “Reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero también advertimos que queremos ser respetados, no permitiremos ni engaños ni dilaciones. La presión fiscal es ya insostenible, lo saben quienes producen y quienes recaudan, por tanto, es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”, planteó, por ejemplo, CRA.
Más allá de la ratificación de la Mesa de Enlace de no querer empujar medidas drásticas los productores en las asambleas de base insisten en que hay que acelerar un paro de comercialización y avanzar en resoluciones más de fondo.