Llaryora anticipa jubilaciones para ahorrar 4,5% en salarios

Son 1.120 empleados municipales los que podrían acogerse al beneficio. El ahorro estimado será de $76 millones mensuales.

Por Yanina Passero
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Horas antes de su segundo discurso oficial a los concejales y vecinos de la ciudad, el intendente Martín Llaryora decidió mostrarse atento al control del gasto municipal con la instrumentación del marco legal para que los municipales que cumplan con los requisitos puedan acogerse al régimen de pasividad anticipada voluntaria. La decisión tiene más de astucia y cintura política que impacto concreto.

El referente peronista concentró las críticas durante los meses de verano al verificarse subas impositivas por encima del tope fijado en el código tributario. Lo cierto es que este domingo, en el marco del acto de apertura de sesiones ordinarias, repetirá el concepto “austeridad” como hiciera el 10 de diciembre cuando anunció el recorte de la planta política en un 25% por ciento al que le siguió el congelamiento de salarios de las autoridades municipales, funcionarios, ediles y jueces de faltas por 180 días.

Como ya había anticipado en la Ley de Emergencia aprobada por el Concejo Deliberante, ayer entró en vigencia la restitución del artículo 29 de la ley 8.836 de Modernización del Estado que dispone el régimen de pasividad anticipada voluntaria. La información fue confirmada por la secretaria general del municipio, Verónica Bruera, quien especificó que podrán adherir todos los agentes que cumplan con los requisitos hasta el 31 de marzo. El plazo perentorio para iniciar el trámite será de un mes.



Según cálculos oficiales, están en condiciones de acceder a su jubilación anticipada un total de 1.120 agentes del régimen general. Están excluidos de la disposición el personal de salud y educación municipal.

Suponiendo que todos los empleados aceptaran dejar sus funciones en el municipio para recibir entre el 60 y el 70 por ciento de su salario, según los años adeudados para el retiro conforme al marco general de pasividades, las arcas públicas tendrán un ahorro mensual de 76 millones de pesos aproximadamente. Cabe recordar que esos no serán los porcentajes de bolsillo que recibirá el trabajador porque aún hay que aplicarle los descuentos que exige la ley.

Representaría, por lo tanto, una disminución del gasto en personal del 4,5 por ciento, conforme a las cifras apuntadas por la funcionaria de una de las carteras más sensibles del Palacio 6 de Julio. La última liquidación de haberes representó un desembolso de 1.500 millones de pesos.

Decíamos, la medida se aprecia de bajo impacto para un municipio que destina más de seis pesos de cada 10 que recauda para sostener a sus empleados. Pero desde el Ejecutivo destacan que son medidas concretas, como las ya anunciadas, que tienden a reducir el gasto y que se complementan con una batería de controles que esperan instrumentar durante los próximos cuatro años.

El buen gesto político llega en un momento particularmente sensible para la administración municipal de Hacemos por Córdoba. Naturalmente, la reactualización impositiva puso el foco en las erogaciones e instaló la incógnita sobre el destino de los fondos. Cierto es que los voceros de Llaryora han insistido con que los recursos de los vecinos no serán destinados con exclusividad a los representados por el Suoem sino que habrá retornos en mejoras que beneficien a amplios sectores.

Consultada al respecto, Bruera reconoció que la rehabilitación de las jubilaciones anticipadas y voluntarias no será acompañada por instrumentos que limiten, como por ejemplo, la contratación de nuevo personal. Sin embargo, ratificó la voluntad política de utilizar con eficiencia los recursos públicos y gestionar con responsabilidad la planta de personal.

Por otra parte, resaltó que la medida no impactará en los ingresos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba porque la Municipalidad seguirá cubriendo el 100% de los aportes favorecidos por la nueva disposición.

La letra chica del régimen se conocerá en los próximos días con la resolución complementaria que dispondrá la aprobación de los procedimientos internos, los términos de los retiros, entre otras disposiciones.

El último intendente en habilitar la jubilación anticipada fue Daniel Giacomino, muy criticada en su momento por la pérdida de cuadros técnicos. Llaryora tomó precauciones sobre este punto porque, en definitiva, será el Ejecutivo quien tendrá la palabra final sobra el futuro del empleado que quiere cobrar una parte del salario a cambio de no prestar servicios.

Antes, Germán Kammerath había dispuesto el retiro voluntario clásico a cambio de una indemnización acordada por las partes.  La desvinculación del agente del Estado era total.

La postura del Suoem

El gremio dirigido por Beatriz Biolatto aseguró desconocer los términos específicos de la nueva disposición porque recibieron la información a través de los medios, aunque sabían que la decisión sería inminente al ser incluida en la ley de emergencia. Por otro lado, descartaron acciones o medidas al respecto porque afirman que es una decisión personal de los trabajadores.