¿Le conviene a la provincia un nuevo Fondo Sojero?

En marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional decidió por decreto coparticipar a provincias y municipios el 30% de la recaudación de Derechos de Exportación (DEX) sobre productos del complejo sojero.

Por Juan Manuel Garzón*

En marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional decidió por decreto coparticipar a provincias y municipios el 30% de la recaudación de Derechos de Exportación (DEX) sobre productos del complejo sojero. En tiempos de conflicto con el sector agropecuario, se creó a tal efecto el denominado Fondo Federal Solidario (FFS)con una única condición (poco restrictiva en la práctica y además casi sin control) para las provincias, que los recursos recibidos por esta vía fuesen destinados a financiar obras de infraestructura en ámbitos rurales o urbanos y no a gastos corrientes.
El FFS estuvo vigente hasta agosto del 2018, cuando fue eliminado por otro decreto del poder ejecutivo. Durante todo este período se distribuyeron unos US$14.821 millones bajo el FFS, correspondiéndole a cada provincia una suma consecuente con su participación en el régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos. Por caso, Córdoba recibiría US$ 1.274 millones (8,6% del total), Buenos Aires US$ 3.150 millones (21,2%) y Santa Fe US$ 1.282 millones (8,6%).
En los últimos días trascendió un proyecto de ley de un grupo de diputados de la Nación que apunta a restablecer un Fondo de características similares a las del FFS, que comparte particularmente la idea de coparticipar Derechos de Exportación (en este caso, se propone distribuir a provincias el 20% de lo recaudado, aparentemente, en todas las operaciones de exportación, no sólo las del complejo sojero). Una curiosidad de este proyecto es que es apoyado por un legislador de Córdoba, más específicamente del norte de la provincia. Se destaca esto último debido a que existe en la provincia mucha resistencia a los Derechos de Exportación y por ende a todo programa que se sustente en los recursos que genera este impuesto.
La resistencia local a los Derechos de Exportación tiene que ver, entre otros motivos, con el hecho que Córdoba es una de las provincias más afectadas por la carga de este impuesto. Como es de público conocimiento, la provincia es una gran productora agropecuaria, que alterna la primera posición en el ranking nacional con Buenos Aires y los productos agropecuarios son justamente los más afectados por este impuesto. Debe recordarse que el grueso de las exportaciones argentinas son productos de base agropecuaria (cereales, oleaginosas, sus principales derivados industriales, carnes, lácteos, etc.) y que a su vez las mayores alícuotas de los DEX se aplican sobre estas operaciones (por ejemplo, actualmente rige una tasa del 30% sobre los envíos de soja y sólo del 5% en los de productos industriales).
Desde que los DEX fueron restablecidos allá por el 2002 el gobierno nacional ha recaudado por este impuesto aproximadamente US$ 132.000 millones. De acuerdo a estimaciones propias, unos US$ 27.000 millones habrían sido aportados por Córdoba (básicamente por sus productores agrícolas), es decir el 20% de la recaudación total. En el período en que estuvo vigente el FFS (2009/2018), la provincia habría cedido unos US$ 16.500 millones.
De las cifras presentadas puede deducirse que los DEX representan una carga tributaria de alta incidencia sobre la provincia y que el balance entre lo recibido por el FFS y lo aportado en concepto de DEX, mientras el primero estuvo vigente, fue claramente negativo: se recibieron US$ 1.274 millones, para un aporte de US$ 16.500 millones, poco menos de 1 dólar de cada 10.
Uno de los principales argumentos de quienes apoyan el regreso del Fondo Sojero expresado en términos coloquiales sería algo así como “más vale pájaro en mano que cien volando”; en los próximos años existe una probabilidad baja de eliminar o siquiera atenuar la carga que significan los DEX, por lo tanto, consideran que sería conveniente recibir al menos algo de estos fondos de manera automática y no dependiendo de envíos discrecionales de la Nación.
Quienes están en contra razonan a partir de sus convicciones éticas (lo que está bien vs lo que no), si el impuesto debe eliminarse por sus efectos nocivos en el desarrollo productivo de la provincia no es correcto entonces legitimarlo con un programa, y además con una mirada de más largo plazo, si el Fondo volviese a ser restablecido, y más aún con estatus de ley, la probabilidad de poder eliminar el impuesto en un futuro se reduciría casi a la nada, ya no sólo se enfrentará la resistencia de la Nación sino también la de la mayoría de las provincias argentinas (sus representantes en el Congreso) que son “no sojeras” y/o tendrán balance positivo entre lo que pueden aportar y recibir bajo un Fondo de estas características.

(*)Economista Jefe IERAL de Fundación Mediterránea.