Justicia: a falta de plan de reforma, épica del privilegio

Sin proyecto para modificar y, en su caso, mejorar el servicio, y con vagos argumentos para justificar el ajuste a la clase pasiva, el oficialismo instaló una nueva narrativa. En Córdoba, Senestrari ya la propala.

Por María del Pilar Viqueira

Cuando asumió, Alberto Fernández confirmó que durante su gestión impulsaría lo que podría definirse como una reforma indeterminada de la Justicia.
A dos meses de ese anuncio, el plan de su Administración sigue siendo desconocido y los únicos que ventilaron propuestas integran el núcleo duro del kirchnerismo.
La necesidad de modificar el funcionamiento del Judicial fue uno de los estandartes de la campaña del año pasado. En mayo, El Manifiesto Argentino, el grupo de intelectuales que encabeza Mempo Giardinelli, blanqueó la agenda: pidió la aniquilación del Judicial como poder del Estado y su reemplazo por un “servicio”. Es decir, reeditó la fallida “democratización de la Justicia”, pero con esteroides.
Poco después, el ex cortesano Eugenio Zaffaroni habló de la necesidad de suscribir otro “contrato social”.
Ya al mando del país, la coalición gobernante siguió presionando y ventiló una de sus tantas internas: presos políticos versus detenidos arbitrariamente. Todo eso, mechado con la narrativa “lawfare” como trampolín para controlar todo.
La semana pasada, cinco senadoras del Frente de Todos presentaron una iniciativa sin precedentes en el mundo, para que el Judicial anule preventivas si los medios difunden acusaciones, en el entendimiento de que informar implica linchar e incidir en la “percepción pública respecto del principio de inocencia”. En resumen, buscan que las investigaciones periodísticas sobre corrupción, una de las funciones de la prensa libre, constituyan atenuantes, confundiendo deliberadamente los roles que periodismo y Justicia tienen en democracia.
Horas después, Fernández insistió con las críticas a las “detenciones arbitrarias”. Lo hizo con un video que difundió en su cuenta de Twitter, en el cual afirmó que “en los últimos años el lawfare se instaló en Argentina” y que sus funcionarios están “reconstruyendo el Estado de Derecho”.
Mientras eso sucedía, Alejandro Vandenbroele sostuvo que su declaración como arrepentido en la causa Ciccone fue libre. “El plan de quedarse con Ciccone fue del gobierno K; la idea era hasta fabricar dinero para países de África”, disparó.
La respuesta del Gobierno fue reducir la intensidad de la protección a los colaboradores.
A falta de proyecto para modificar y, en su caso, mejorar el servicio de Justicia, y con vagos argumentos para justificar el ajuste a la clase pasiva, el oficialismo instaló la épica del privilegio con la iniciativa que busca modificar los regímenes jubilatorios especiales.
Hasta ayer, los vaticinios de algunos sectores sobre maniobras para acomodar a jueces adeptos parecían exagerados, pero tras la escandalosa sesión en Diputados en la cual el Frente de Todos sentó al embajador Daniel Scioli para llegar al quorum el panorama institucional se presenta complicado.
Sin escuchar a nadie, con la izquierda acompañando, el oficialismo le dio media sanción a la iniciativa. El espíritu de la Carta Magna -tener jueces bien remunerados para que no sean presionados- se evaporó y las instrucciones se acataron. Poco importó que el reglamento sea claro al decir que un legislador comisionado en cargo del Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas.
Horas antes de la sesión, hasta un vocal de Justicia Legítima cuestionó las intenciones del Gobierno. Aunque aclaró que el grupo, siempre obediente con el kirchnerismo, no pondrá obstáculos para que “los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia”, José Massoni reclamó que el proyecto se discutiera con todos los sectores involucrados y subrayó que no se trata de un régimen de privilegio.
En Córdoba, los federales están divididos. Alberto Lozada, fiscal general de la Cámara Federal, sostiene que se busca el “vaciamiento” y descartó que la iniciativa tenga finalidades económicas, señalando que las jubilaciones del Judicial llegan al 1 por ciento del presupuesto de Anses.
Por su parte, Enrique Senestrari apoyó la reforma. Incluso, dijo cuánto gana. El dócil miembro de Justicia Legítima ya comenzó a propalar la nueva narrativa y arengó a sus colegas a “no estar por fuera de las decisiones que se toman y afectan al resto del pueblo”.