Desde 1988 se duplicó la presión impositiva y no bajó la pobreza

Hay varios factores que inciden, uno es que en la Argentina la tasa de evasión es muy alta. Esto implica que los contribuyentes que pagan los impuestos sufren una presión impositiva superior al promedio, para compensar el no pago de los contribuyentes que evaden o eluden los impuestos.

Cada vez que un Gobierno –cualquiera sea su color político e ideología dominante- decide aumentar impuestos, plantea que está obligado a hacerlo para luchar contra la pobreza. De hecho, el último paquete tributario incluye el concepto de “solidaridad”.  En Buenos Aires, las organizaciones piqueteras le reclamaron públicamente al gobernador Axel Kiciloff que su ley impositiva era moderada en el incremento de la presión impositiva a los sectores más acomodados.
La consultora Idesa sostiene que esa lógica se basa en que los ingresos que obtenga el Estado se redistribuirán mediante transferencias monetarias hacia los sectores vulnerables y/o a través de infraestructura social de acceso gratuito para que las familias pobres puedan educarse, conseguir buenos empleos y así progresar por sus propios medios.
¿Qué relación se observa en el tiempo entre presión impositiva y pobreza? Para indagar en la respuesta, se puede apelar a información referida a los últimos 30 años publicada por el Ministerio de Economía y el INDEC. Según estas fuentes se observa que en 1988 la pobreza afectaba a aproximadamente el 31% de la población y la presión impositiva nacional y provincial era de 15% del PBI.
En el 2000 la pobreza era del 29% de la población y la presión impositiva había subido al 21% del PBI y el año pasado, el 35% de la población no alcanzó a cubrir la canasta básica y la presión impositiva llegó al 29% del PBI.
“Estos datos muestran que, en los últimos 30 años, el vertiginoso aumento de la presión tributaria no logró evitar que el problema de la pobreza se agravara. Ya a finales de la década de los ochenta casi un tercio de la población estaba en situación de pobreza. Con vaivenes, la incidencia de la pobreza aumentó a pesar de que la apropiación de recursos por parte del Estado a través del sistema impositivo se duplicó”, indica el estudio.
Para Idesa el argumento para justificar aumentos de impuestos por razones distributivas puede ser válido cuando la presión tributaria es muy baja. Esto ocurre en muchos países, incluso latinoamericanos, pero no en la Argentina que tiene una presión tributaria superior a la de, por ejemplo, Corea, Suiza, Estados Unidos e Irlanda, y no lejos del promedio de los países avanzados (OECD). A esto hay que agregarle que en la Argentina la tasa de evasión es muy alta. Esto implica que los contribuyentes que pagan los impuestos sufren una presión impositiva superior al promedio, para compensar el no pago de los contribuyentes que evaden o eluden los impuestos.
“Si bien la pobreza tiene origen en una multiplicidad de causas, un determinante clave es el mal uso que se hace de los recursos públicos. El crecimiento del gasto en los tres niveles de gobierno fue tan vertiginoso como el de la presión tributaria. Sin embargo, la mayor parte de esos recursos, incluso los que conforman el gasto social, no beneficiaron a los más pobres. Un ejemplo en este sentido es la fuerte expansión del gasto previsional que beneficia mayormente a los sectores de ingresos medios y altos”, señala.
Agrega que, en contrapartida, la población en general –pero especialmente los más pobres– sufren las consecuencias del desaliento al empleo formal, a las inversiones y a las exportaciones que generan los impuestos altamente distorsivos con que se financia el Estado.
La conclusión es que “no se baja la pobreza aumentando impuestos sino ordenando el Estado. Un eje central es el ordenamiento impositivo para unificar tributos de los tres niveles de gobierno y así darle viabilidad al objetivo de bajar impuestos sin perder recaudación. El otro eje es el ordenamiento previsional para darle mayor equidad y sostenibilidad al mayor gasto público que son las jubilaciones. Finalmente, el ordenamiento funcional, apuntando a que los tres niveles de gobierno no se superpongan en las políticas públicas que ejecutan”.