A la caza del Poder Judicial

La movida del oficialismo contra las jubilaciones de privilegio pretende avanzar sobre el Poder Judicial, poniendo en riesgo el balance entre los poderes de la república.

Por Javier Boher
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Se ha removido el avispero con el proyecto para modificar las jubilaciones de jueces y diplomáticos. Como pocas veces pasa, todos los funcionarios de dichas áreas están desesperados por ver qué es lo que va a pasar con su futuro.

La movida reúne múltiples requisitos para posicionarse adecuadamente ante la opinión pública: avanza sobre aquello en lo que le habían marcado un error (dejar fuera a los funcionarios), avanza sobre el Poder Judicial (siempre el más desprestigiado) y demuestra iniciativa de emparejar a los privilegiados con los que no lo son (todos deberán ser solidarios, no sólo los perejiles del medio).

Sin embargo, esa medida puede tener unos efectos no enunciados mucho más perjudiciales que el eventual beneficio de igualar a los que habitualmente disfrutan de sus privilegios. Es como decir que a todos tus hijos les vas a dar la misma cantidad de plata para la merienda: igualar los ingresos del de 8 y el de 18 sólo puede significar que querés que el mayor salga a trabajar, aunque digas que no querés distinciones entre ellos.



Quien planteó esta visión de los riesgos de una reforma en dicho sentido fue Elisa Carrió, que a través de un comunicado de la Coalición Cívica denunció una maniobra para avanzar sobre el Poder Judicial, en lo que definió como “un golpe (…) para garantizar la impunidad”.

Allí se expresó sobre toda una maniobra dirigida por múltiples frentes hacia la desprestigiada corporación judicial: el discurso sobre los presos políticos, la victimización argumentando sobre el lawfare, el proyecto para eliminar la preventiva en casos de corrupción mencionados por los medios, el cambio de normas para la protección de testigos o el proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy.

Esa lista expresa que existe un verdadero estado de guerra contra uno de los tres poderes de la República, que aunque corrupto e ineficiente sigue siendo fundamental para evitar los excesos del gobierno o la impunidad de quienes los cometen.

El sistema de frenos y contrapesos, tal como fue pensado por Madison, Jay y Hamilton, existe para proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado. Aquellos desconfiaban de los líderes carismáticos o de los iluminados, porque esa clase de gente quiere súbditos, no ciudadanos de pleno derecho. Los constituyentes de 1853 tomaron nota de eso para fundar el orden liberal.

El Poder Judicial expresa un contrapeso que aporta moderación a la vorágine del Poder Ejecutivo. Mientras en el segundo puede haber dirigentes con ínfulas refundatorias, en el primero predominan personas mayores, con una larga carrera que los empuja de alguna manera hacia el conservadurismo. Moderan las políticas del Ejecutivo y evitan las transformaciones bruscas, minimizando los errores propios de la impulsividad.

No caben dudas de que el Poder Judicial es corrupto, ineficiente y acomodaticio, pero esos rasgos difícilmente cambien si alrededor de 150 jueces y una cantidad similar de funcionarios deciden jubilarse antes de que se modifique la ley y pierdan sus privilegios. La cultura institucional está muy arraigada, y las 300 o 400 personas que ocupen esos cargos ya han hecho parte de su carrera en las ciénagas de la justicia. No van a cambiar ahora.

Cambiar a esa cantidad de funcionarios judiciales, independientemente del signo político del gobierno de turno, es un riesgo alto e innecesario, que conlleva la posibilidad de torcer el funcionamiento del sistema político. Con el Senado bajo control de Cristina Kirchner, y el Consejo de la Magistratura con casi la mitad de sus miembros enrolados en el kirchnerismo, es difícil creer en la independencia de los candidatos que se propongan para ocupar las vacantes.

Aunque el Poder Judicial sea tan malo como es, lo cierto es que tiene una autonomía relativa que le permite controlar o conceder al Ejecutivo según sea el caso. Sólo concederle asegura un avasallamiento sobre los ciudadanos, como quedó claro con la delegación de facultades que el Legislativo hizo a poco de arrancar el nuevo gobierno y que abrió la puerta al ajuste actual. Cada poder por su cuenta es la única garantía de protección para los ciudadanos.

Se debe avanzar en una reforma jubilatoria integral, que contemple al Poder Judicial y al cuerpo diplomático, pero también al presidente y a los miembros de la Corte Suprema, eximidos en el proyecto oficial. Además se debería establecer un margen de tiempo lógico, para que evite la dimisión brusca y la reconfiguración masiva del Poder Judicial. Porque en esos cambios bruscos sólo ganan los que los proponen.