La deuda municipal, ¿coartada del impuestazo?

Si se trata de poner en caja a un municipio históricamente derrengado, pues que así sea dicho. Si se intenta juntar recursos para enfrentar una reingeniería profunda en sus servicios, entonces que se lo informe como es debido. El silencio, en este punto, no es una herramienta lícita, de las tantas a las que pueda echar mano un gobernante promedio.

Por Pablo Esteban Dávila

¿Es mucho o es poco? Según el intendente de la ciudad de Córdoba, la deuda del municipio asciende a casi 30 mil millones de pesos. Parece bastante. Conforme se lee en la solicitada publicada el domingo pasado, el monto equivale a miles de cuadras asfaltadas o a medio millar de nuevas escuelas. Y, aunque no se lo dice explícitamente, sugiere un severo desmanejo de parte de sus antecesores.

Sin embargo, la cifra no genera mayor escándalo en quienes están acostumbrados a disecar las cuentas públicas, de cualquier jurisdicción. Basta analizar los grandes números del caso. El presupuesto enviado por el exintendente Ramón Mestre a finales del año pasado superaba con alguna amplitud los 40 mil millones de pesos. Este cálculo fue posteriormente rectificado por la administración peronista que, incremento de impuestos mediante, lo llevó a cerca de los sesenta mil millones. Esto equivale a decir que la deuda descubierta por Llaryora equivale, grosso modo, al 50% del presupuesto anual.

La relación luce conservadora. La provincia debe aproximadamente un presupuesto completo, y la deuda de la Nación supera la mitad del PBI medido en dólares. Países desarrollados como los Estados Unidos, Italia o Alemania adeudan mucho más que un producto bruto completo, sin que tal cosa limite su crecimiento o mortifique a liderazgo político. Si este es el pretexto elegido por Llaryora para victimizarse, pues preciso es decir que se antoja insuficiente.



La macroeconomía enseña que el problema de la deuda pública no es tanto su monto absoluto sino la capacidad de repago de quien se endeuda. Cuando un prestamista, sea institucional o privado, compra un bono del tesoro de, por ejemplo, los Estados Unidos o de Alemania, descuenta que se le pagará el capital e intereses conforme lo pactado. ¿Qué importa lo que aquellos países deban a otros bonistas? Lo único relevante es que sus economías son dinámicas, productivas, y que sus PBI no dejan de crecer, aunque algunas veces lo hagan más rápido y otras tantas se ralenticen.

Esta es la gran diferencia con la Argentina. No obstante que el cotejo PBI / deuda externa no es particularmente elevado, el mundo descree de que el país pueda honrar compromisos futuros. El escepticismo se derrama, como una ley del gallinero financiera, a las provincias y a los municipios. Y cuando este condicionante se topa con una organización particularmente ineficiente y onerosa como lo es la Municipalidad de Córdoba, el cóctel se vuelve decididamente desagradable.

Por lo tanto, no es lo mismo batir el parche sobre la deuda heredada desde sus montos absolutos -los que, se reitera, no parecen abominables- que hacerlo desde las posibilidades de pagarla dadas las actuales circunstancias del Palacio 6 de Julio. Porque situarse en este último aspecto significa asumir que el actual intendente es otro de los que intentará ponerle el cascabel al gato a una organización que es un modelo de improductividad y estancamiento pese a múltiples esfuerzos realizados, de los que no sólo Llaryora es el titular.

Ya se ha dicho en anteriores entregas: entre el gasto en personal, el de la higiene urbana y el silencioso drenaje que impone el sistema de transporte urbano, la Ciudad no tiene margen para sutilezas. Esto es así desde hace veinte años y lo seguirá siendo hasta que alguien (ojalá que lo sea el actual intendente) decida pensar “fuera de la caja”, como se dice desde la estrategia creativa. Hasta que eso no suceda, las herencias seguirán siendo todo lo pesadas que sus receptores declaren que son.

Pero esto es sólo una cara de la moneda municipal. La otra, que atañe exclusivamente a Llaryora, es la demora en explicar las razones del fuerte aumento de impuestos con que debutó su gestión.

En este sentido, la aludida solicitada viene a racionalizar una decisión tomada ex ante y, aparentemente, sin todavía tener en claro el monto total de la deuda dado que, como se lee en la publicación, “no fue fácil acceder a la información real ya que todos los días nos encontrábamos con sorpresas lamentables”. Tal cosa equivale a decir que la inédita presión sobre los contribuyentes con la que debutó la administración peronista tuvo más que ver con una política previamente definida antes que con una situación descubierta in fraganti.

Podría debatirse si es ético que Llaryora tuviera en carpeta estos planes y no los hubiera explicitado durante la campaña electoral, pero tal cosa sería baladí. Las estrategias electorales no tienen que ver, necesariamente, con la sinceridad. El intendente tenía el derecho de callar (y lo ejerció plenamente) las cuestiones incómodas por lo menos hasta el 10 de diciembre pasado.

Pero lo que no puede ser soslayado es que haya esperado tanto tiempo es comunicar sus planes una vez asumido, y que lo haya hecho a través de una justificación que tiene más de coartada que de programa de gobierno como lo es el recurso a la deuda, un argumento tan argento como el dulce de leche. El presidente Alberto Fernández -que también ha hecho abuso del tema- por lo menos advirtió que sería este el objeto de sus desvelos desde antes recibir el bastón y la banda. No fue el caso del intendente, que ahora introduce el problema justo cuando arrecian las críticas por sus primeras medidas.

Este déficit remite al meollo de la cuestión: ¿Cuál es el propósito último de aumentos impositivos de semejante magnitud? El pueblo tiene derecho a saber de que se trata. Vivimos en el siglo XXI, con ilimitados recursos comunicacionales. Si se trata de poner en caja a un municipio históricamente derrengado, pues que así sea dicho. Si se intenta juntar recursos para enfrentar una reingeniería profunda en sus servicios, entonces que se lo informe como es debido. El silencio, en este punto, no es una herramienta lícita, de las tantas a las que pueda echar mano un gobernante promedio. Cuando se trata de los bolsillos de la gente, lo que menos se debe es una explicación. No en vano los parlamentos nacieron cuando los reyes se extralimitaron con las gabelas; las democracias exigen que se rindan cuentas de los que se hace (o lo que se piensa hacer) con los dineros de los ciudadanos.

Llaryora tiene una oportunidad histórica: llevar adelante las transformaciones a las que tiene derecho la ciudad. Cuenta con una batería de recursos para hacerlo. Sabe de gestión, el gobernador lo apoya incondicionalmente y los vecinos anhelan mejores servicios. Su principal cometido, de entre los centenares que seguramente lo abruman, es decir como hará para satisfacer estas expectativas. Para ello necesita comenzar a comunicar. No a través de solicitadas con tufillos justificantes, sino con sus palabras y con sus hechos. Parecería haber llegado el momento de comenzar a honrar esta tarea antes que otros, no necesariamente sus colaboradores o terceros bienintencionados, informen cuáles son sus verdaderas intenciones.