Jubilados: Justicia Legítima se alista para resistir amparos

No hay razones para pensar que los funcionarios que integran el colectivo afín al kirchnerismo modifiquen el guion de sus patrones ideológicos

Hace dos semanas, cuando el Gobierno aún no había blanqueado su ajuste puro y duro a la clase pasiva, el fiscal Gabriel de Vedia, integrante del colectivo afín al kirchnerismo Justicia Legítima, dictaminó el contra de la objeción de un jubilado a la ley 27541 (de “Solidaridad”).

Sin sorprender a nadie, el titular de la Fiscalía Nacional de la Seguridad Social Número 1 solicitó que se rechace el amparo que cuestionó la validez constitucional de la norma y, bajo esa premisa, pidió su suspensión.
Al accionar en contra de la Anses, el jubilado argumentó que la legislación vulnera sus derechos adquiridos y patrimoniales, pero De Vedia desestimó la configuración de los requisitos necesarios para la procedencia del amparo (arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y peligro de demora).
El agente designado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó resaltó que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultades hasta el 31 de diciembre para “fortalecer el carácter redistributivo y solidario” de los haberes que percibe el justiciable, con la finalidad de “mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben menores ingresos”.

De Vedia defendió la ley 27541 citando las razones de sus patrones ideológicos. Con ese cometido, alegó que la norma “atraviesa distintas realidades de la vida social y cotidiana de las personas que habitan nuestro país” y que responde “al intento de conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas, ya fueran económicas, sociales o de otra naturaleza”.
Hace unos días, en una entrevista, De Vedia dejó en claro que para él el ajuste no es tal.

“La sociedad en su conjunto tiene que entender que la seguridad social es la forma que tiene el Estado para redistribuir el ingreso y llegar a la justicia social”, expuso.
“No tenemos que tener una mirada individual liberal, sino una propia de los fiscales del pueblo”, acotó.



Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros dictámenes favorables para la caja de la administración de la actual vice, De Vedia se opuso a que la Justicia reajustara el haber de una jubilada de 78 años que estaba enferma y reclamó con fundamento en los precedentes «Badaro» y «Sánchez» .
El funcionario advirtió que si se admitieran pedidos de beneficiarios con “estados de salud disminuidos” se caería “en un riesgo cierto de provocar el desfinanciamiento del sistema”.
El juez de primera instancia había admitido la solicitud de la mujer, pero la Anses apeló y el fiscal fustigó a la demandante aduciendo que no estaba “marginada del sistema” porque ya tenía un beneficio y el punto de conflicto giraba en torno al monto de la prestación.
En diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, a De Vedia no le preocupaba la redistribución ni la justicia social. Mientras el por entonces oficialismo intentaba que saliera la reforma previsional y los actuales militantes del ajuste destruían las inmediaciones del Congreso Nacional, manifestó que la iniciativa lesionaba algunos aspectos de la Constitucional Nacional porque restringía derechos.
“Tengamos cuidado con los criterios economicistas”, dijo el fiscal de Justicia Legítima. “Los proyectos deben surgir de abajo hacia arriba. Los proyectos impuestos no son eficaces”, acotó el hombre que, según quien esté al mando, le recuerda a los ancianos su deber de colaborar con la subsistencia de otros.

El viernes pasado, con el patrocinio del director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, y otros abogados, siete mil jubilados presentaron un amparo colectivo.
La Anses adelantó que defenderá la legalidad de la ley de emergencia económica que le otorgó a Alberto Fernández facultades legislativas. Para eso, contará con Justicia Legítima.