Guzmán empezó a mostrar las cartas ante los acreedores

El Ministro mantuvo la primera reunión en Nueva York. En la segunda quincena de marzo presentará la propuesta completa. El FMI ya dijo que la deuda argentina no es sustentable y en la Casa Rosada lo tomaron como una declaración a celebrar. El organismo pidió a los privados que hagan una contribución “apreciable”.

Aunque el Gobierno celebró que el personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó la Argentina haya declarado que la deuda pública es impagable, los analistas no hacen la misma lectura. Para la Casa Rosada el documento es un respaldo a las negociaciones que el ministro Martín Guzmán comenzó ayer con los bonistas en Nueva York. El organismo ya sostuvo que deberían hacer “una contribución apreciable”. Ese es el objetivo de Guzmán, convencerlos de que acepten la quita.
Guzmán seguramente planteó los lineamientos del plan que sustentará la oferta formal de la deuda, que se hará recién en la segunda semana de marzo, de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Economía. Hasta ahora lo difundido es la presentación en el Congreso del 12 d este mes, donde se aclaró que no recién en 2026 habría equilibrio fiscal, pero en el que el ministro considera “factible y realista, que implica un trabajo”, es alcanzarlo en 2023 y “converger unos años después a un superávit primario de entre 0,6% y 0,8% del PBI”.
Lo que planteó el FMI es que el superávit primario que se necesita para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere una operación de deuda definitiva que genere una contribución significativa de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda.”
¿Cuáles son los fundamentos y las implicancias de la afirmación del FMI? Para indagar en las respuestas sirven los datos publicados por el Ministerio de Economía sobre resultado fiscal de la Nación y las provincias en el largo plazo. Según esta fuente, se observa que: entre 1961 y el 2002 en todos los años hubo déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por el equivalente a 180% del PBI; entre el 2003 y el 2008 hubo superávit, totalizando en el acumulado el equivalente a 7% del PBI y desde el 2009 hasta el 2019 volvieron a ser todos años de rojo por otro 40% del PBI.
Un análisis de Idesa remarca en las cuatro últimas décadas del siglo pasado se acumularon déficits fiscales por el orden de dos veces el PBI. A comienzos del presente siglo, la contabilidad pública muestra un modesto superávit, que se esfumaría si se contabilizaran los juicios previsionales por no aplicación de la movilidad (parte de este gasto se hizo explícito luego con la reparación histórica). Además, se dio en el marco de una grosera licuación de gasto público producido por la mega-devaluación del 2002, precios internacionales históricamente elevados y cesación de pagos de la deuda pública. “Más sugerente aún es que, superada la crisis, rápidamente el déficit fiscal volvió a aparecer. Con el agravante que se acumuló otra década de desequilibrios fiscales por una magnitud equivalente a la mitad de la economía, pero con una presión tributaria récord”, agrega.
“Durante más de medio siglo, en el cual hubo gobiernos militares y democráticos de muy variada orientación, el factor común haya sido gastar por encima de los ingresos demuestra que el déficit fiscal es una ‘política de Estado’ -agrega el documento de la consultora-. En gran parte de la sociedad prevalece el consenso de que el Estado puede gastar más de lo que dispone y cualquier acción tendiente a equilibrar las cuentas públicas implica inaceptables costos sociales. Esto es lo que el personal del FMI –con una irónica dosis de eufemismo– denominó ‘la no factibilidad política’ de equilibrar al Estado”.
Para Idesa el sector público argentino está diseñado para gastar por encima de sus recursos, a modo de ejemplo menciona el sistema previsional:”Las normas prometen regímenes especiales que permiten adelantar el retiro con mayores beneficios, se regalan indiscriminadamente jubilaciones a través de moratorias, se masifica la duplicación de beneficios con la posibilidad de acumular jubilación y pensión y se elude adecuar las normas ante el envejecimiento poblacional. Como la situación es insostenible se apela a la inflación para que corrija las inconsistencias licuando los haberes”.