Narrativa “lawfare”: el trampolín para controlar todo

Los roles de la prensa libre y del Poder Judicial están en la mira del actual Gobierno. La última novedad: los testigos de causas por corrupción serán “protegidos” por funcionarios que sostienen públicamente que mienten.

Alejandro Vandenbroele afirmaba que su declaración como arrepentido en la causa Ciccone fue libre.

Esta semana, el Gobierno y sus representantes en el parlamento volvieron a apelar a la teoría del “lawfare” -a esta altura, parte de la nueva narrativa k- para avanzar sobre la prensa y la Justicia.
Cinco senadoras del Frente de Todos presentaron una iniciativa sin precedentes en el mundo, que se enmarca en el discurso negacionista del partido que integran con respecto a la existencia de hechos de corrupción durante las sucesivas presidencias del matrimonio Kirchner.
María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti prenden que el Judicial anule prisiones preventivas si los medios de comunicación difunden las acusaciones en contra de los encarcelados.
Las mujeres entienden que las investigaciones periodísticas sobre desfalcos a las arcas estatales deben atenuar la situación procesal de los involucrados, porque configuran “verdaderos linchamientos mediáticos” e inciden en la “percepción pública respecto del principio de inocencia” de los “afectados”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su absoluto rechazo al proyecto de ley y enfatizó: “Pretender que una investigación periodística sobre corrupción, una de las funciones de la prensa libre, constituya per se un atenuante en la situación procesal de un denunciado roza el disparate”.
Bajo esa premisa, el grupo resaltó algo obvio, a saber: que el articulado busca confundir intencionadamente los roles que periodismo y Justicia tienen en democracia.
Además, denunció que se direcciona a “deslegitimar y limitar” a la prensa y que “vulnera claramente la libertad de expresión y promueve la autocensura”.
Al día siguiente, Alberto Fernández tomó partido una vez más en una de las tantas internas que se ventilan en el oficialismo e insistió con las críticas a las “detenciones arbitrarias”.
Lo hizo con un video que difundió en su cuenta de Twitter, en el cual afirmó que “en los últimos años el lawfare se instaló en Argentina”.
En otro tramo, aseguró que desde diciembre sus funcionarios están “reconstruyendo el Estado de Derecho, con plena vigencia de todas las garantías para los ciudadanos”.
Mientras eso sucedía, Alejandro Vandenbroele afirmaba que su declaración como arrepentido en la causa Ciccone fue libre.
El ex titular de The Old Fund manifestó también que la filtración de su legajo como testigo protegido y, con ello, de la actividad laboral que desempeña, buscó favorecer a Amado Boudou y a otras personas.

África
“Nadie me pagó ni me ofreció dinero para declarar contra Boudou”, enfatizó el empresario. “El plan de quedarse con Ciccone fue del gobierno K; la idea era hasta fabricar dinero para países de África”, disparó.
“Yo puedo entender que desde un sector político digan que soy un arrepentido trucho, pero no puedo entender que ciertos sectores del Poder Judicial digan que soy un arrepentido trucho”, dijo. Concretamente, le apuntó al nuevo titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, el juez Alberto Lugones, quien habló de “testigos comprados” y arengó para que se revisen fallos condenatorios que citan sus declaraciones.
Vandenbroele declaró además que “el grupo de Boudou” le pagó “durante años para que se quedara tranquilo” y que decidió hablar el 2017 gracias al apoyo de su familia.
Vandenbroele levantó su perfil y se defendió de las acusaciones sin titubear. ¿La respuesta del Gobierno?: reducir la intensidad de la protección a los testigos. Todo, en nombre del lawfare.
Así, derogó el decreto de Mauricio Macri que jerarquizó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y le dio rango de agencia, adoptando un modelo similar al de la la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar).
En noviembre del año pasado, la anterior Administración le dio mayor autonomía al área -que dejó de depender de la cartera de Justicia y, consiguientemente, del Poder Ejecutivo- y conformó un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el Procurador General y el Secretario de Seguridad de la Nación.
El motivo central fue el temor que generó el resultado de las PASO entre los testigos protegidos en causas por corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas.
Ahora, vía DNU, el presidente fulminó el cambio y reinstauró la dependencia funcional del programa, que volvió la órbita del Ejecutivo.
El radical Luis Petri fustigó la medida con vehemencia. “Esta derogación tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción”, advirtió.
“Es un contrasentido que el encargado de brindar protección sea el mismo Poder denunciado”, enfatizó el diputado nacional.
En tanto, explicó que la falta de un sistema de protección específico genera dos problemas graves en los procesos por corrupción porque, por un lado, pone en peligro a quienes denuncian y, por otro, desalienta los testimonios incriminadores, generando un círculo de impunidad.
La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich estimó que el Gobierno busca “apretar a los testigos protegidos para que no hablen”.
“No es que sea incompatible que esté en el Ministerio de Justicia. Estuvo muchos años”, explicó, pero acotó que “los que están ahora en el Gobierno generan información para quebrar a los arrepentidos”.
“Vandenbroele salió a hablar porque dijeron que le compraron un hotel y tuvo que salir a explicar que los únicos que le pagaron fueron Boudou, Gildo Insfrán y Jorge Brito”, argumentó la dirigente del PRO.